Nota de prensa de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales (Málaga, 3 de abril de 2012).
Con casi la mitad de la población española en riesgo de exclusión (inclusión precaria), una tasa de pobreza del 21,8%, una de cada 3 familias con dificultades para llegar a fin de mes (30,6%) y un 3,22% de los hogares españoles sin ningún ingreso, el brutal recorte de los presupuestos dedicados a la protección social más básica (Prestaciones Básicas de Servicios Sociales y Dependencia), además de mostrar una profunda insensibilidad ante la dramática situación de cientos de miles de personas y familias, pone en riesgo la cohesión social y, con ella, la capacidad de nuestra sociedad para salir de la crisis y generar riqueza y bienestar.
LOS DATOS: Presupuestos Generales del Estado 2012
Recorte por programas en Servicios Sociales
En total el recorte es de 394.440.000 €, un 16%% menos que en el 2011
El malabarismo contable de reducir menos porcentaje en los créditos ampliables de la dependencia encubre un recorte generalizado del 28% en el Plan Nacional Sobre Drogas, un 39% en los Servicios Sociales a personas mayores un 19% en discapacidad, un 21% de actuaciones en Violencia de género, un 42% en atención a la infancia y a las familias, un 20% en Igualdad…
En los presupuestos para el año 2011 el peso de la dependencia en el total de los presupuestos para servicios sociales representaba un 59,6. En las cuentas de este año la atención a la dependencia representa un 66,4% y eso habiendo experimentando un recorte. Esto supone que el desmantelamiento de todo eso los servicios sociales y servicios a los sectores con tal de salvar la cara y que el recorte en dependencia no sea muy fuerte, que lo es.
Supresión del nivel acordado en el Sistema de Atención a la Dependencia:
Los Presupuestos Generales del Estado para 2012 prevén suprimir la partida dedicada a la financiación del nivel acordado establecido en el art. 10 de la Ley 39/2006. Se trata de 283 millones de euros que se distribuían entre las CCAA con criterios consensuados de reparto y que tenían por objeto fundamental financiar infraestructuras, servicios y sistemas para la atención a las personas dependientes en el ámbito autonómico.
Fuentes ministeriales han matizado que esta aportación se incorpora al Nivel Mínimo garantizado de financiación. No es más que un malabarismo contable, ya que el nivel mínimo se compone con créditos ampliables en función de los dependientes reconocidos en cada territorio, por lo que el resultado final ineludible es la reducción neta de 283 millones para la atención a la dependencia (equivalente al 15% de la aportación estatal a esta política de gasto si descontamos las aportaciones a la Seguridad Social). Este recorte tiene tres efectos concatenados:
1.- Incremento directo del déficit autonómico en 283 millones de euros.
2.- Se acentúan aún más las dificultades para que las CCAA atiendan a las 300.000 personas con derecho reconocido y a las que se mantiene en una irritante espera (más que “limbo” es directamente engaño).
3.- Prácticamente se imposibilitará la atención a nuevos casos con derecho reconocido que se produzcan en adelante, consagrando así el grave retroceso del sistema.
Una cifra así, destinada a los servicios, no solo equivale a atender a 35.000 personas, sino que su recorte supone dejar de crear 8.000 puestos de trabajo en el sector de los cuidados y una reducción de ingresos por retornos al Estado de unos 113 millones de euros.
Plan concertado de Prestaciones Básicas para los Servicios Sociales de las Corporaciones Locales. 49.913.840 €. Esta cifra supone un recorte de 36.795.066 del 43% en la aplicación presupuestaria 26.16.231F. 453 00 de 2011, que era de 86.633.150,00 €
Y ello en una gravísima situación de crisis que ha producido un aumento del 39% de usuarios de servicios sociales. Lo que va a suponer esta reducción de la partida destinada al Plan Concertado en este año 2012, viene expresado con absoluta nitidez en los propios objetivos e indicadores de seguimiento del presupuesto; así, en la página 144 del Presupuesto por programas y memoria de objetivos. Tomo XIII (Sección 26), de dice literalmente que esta reducción va a suponer lo siguiente:
Cierre de 582 centros de servicios sociales y el despido de 12.265 trabajadores
La reducción de usuarios directos de 3.244.336 (de 6.724.016 se presupuesta la atención a 3.479.678)
La reducción de usuarios del servicio de Ayuda a domicilio a la mitad, de atender a 817.554 a 423.084.
La reducción a casi la mitad de usuarios/as de prevención e inserción, de 1.411.190 a 730.291
La reducción de alojamiento alternativo de 160.449 a 83.032 usuarios/as
La reducción de en la generación de empleo de los usuarios/as de 18.914 a 9.788.
La frialdad con la que se anuncian estas consecuencia en los Presupuestos Generales del Estado para 2012, contrasta con la cruda realidad de las personas y familias en España:
DATOS DE LA CRISIS SOBRE LAS PERSONAS Y FAMILIAS
Los datos son extremadamente alarmantes: El número de personas en situación de desempleo supera los cinco millones de personas con una tasa de paro del 22,85%. La tasa de riesgo de pobreza, que era en 2009 del 23,4%, se ha elevado, según datos provisionales de 2011, al 26,7% (más de tres puntos en dos años). A ello podemos añadir que casi una de cada 3 familias españolas (30,6%) tienen dificultades para llegar a fin de mes, y en un 3,22% de los hogares no entra, a fecha de hoy, ningún ingreso.
Según los análisis de la Fundación FOESSA4, la exclusión social severa y moderada (un concepto mucho más amplio y complejo que el de pobreza) se cernía sobre el 16,3% de la muestra analizada de 2007, mientras que la misma muestra, en 2009, alcanzaría al 18,6%. Pero el dato más preocupante es que el porcentaje de personas no excluidas, pero en una situación de integración precaria, pasó del 34,9% de 2007 al 46,3% de 2009, mientras que los plenamente integrados pasaron del 48,9% al 35,2% en el mismo intervalo de tiempo. La extrapolación de la muestra FOESSA a la población española significaría que cientos de miles de familias estarían en el borde del precipicio de la exclusión debido, fundamentalmente, a la falta de ingresos relacionada con el desempleo.
Es fácil imaginar como nos sentimos los profesionales de los servicios sociales, auténticos sensores y actores de la administración y de las entidades sociales en esta realidad, cuando se nos anuncia una merma tan brutal de nuestros ya menguados recursos, con los que apenas podemos paliar las consecuencias más extremas de estas situaciones causadas por la crisis.
No podemos evitar sentirnos profundamente afectados y obligados a hacer todo cuanto esté en nuestra mano para evitar esta incalificable injusticia. Porque somos nosotros quienes tendremos que explicar lo inexplicable a los cientos de miles, a los millones de personas que acuden a nosotros, llenos de angustia, como un último recurso que, cada vez menos, podemos ofrecerles.
¿Cómo explicarles que el Estado se olvida de ellos en una situación como la que están sufriendo? ¿Cómo explicarles que esto ocurre mientras a diario pueden leer en la prensa los millonarios sueldos y comisiones de directivos de sectores que tanta responsabilidad han tenido y siguen teniendo en la crisis que causa todo este sufrimiento? ¿Cómo explicarles que mientras ellos viven su drama, sin ayuda del Estado, aumenta el consumo de bienes de lujo?
La consecuencia de esta situación de desbordamiento de las necesidades más básicas de cientos de miles, de millones de personas y familias, y la drástica reducción de las ayudas que pueden esperar por parte de las administraciones públicas, sólo puede desembocar en una grave conflicto que supondrá la quiebra de la cohesión social que tanto ha costado construir en nuestro país,y una seria regresión social de la que costará décadas recuperarse.
No podemos ni queremos tener que explicar lo inexplicable; no queremos ni podemos consentir que los recortes se ceben, con mayor virulencia, en quienes pero lo están pasando con la crisis, en las personas y familias más perjudicadas. Por eso, desde la Asociación Estatal de Directoras yGerentes de Servicios Sociales hacemos un dramático llamamiento al Gobierno del Partido Popular, con la legitimidad y la fuerza que nos da la voz de los cientos y miles de personas angustiadas que recibimos a diario, para que recapacite y de marcha atrás a estos recortes a los servicios sociales, aprovechando el trámite parlamentario; es mucho más que una cuestión política: ES UNA EXIGENCIA HUMANA.
Y si eso no se produce, denunciaremos el carácter injusto, regresivo e inhumano de este gobierno, y consideraremos cómplices a los partidos políticos y a las organizaciones sociales, incluida la iglesia católica, con una presencia tan importante en este sector y tan sensible a otras decisiones políticas, si no denuncian y se oponen a estos recortes con todas sus fuerzas.
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