El Informe Olivenza 2010 es un extenso documento, elaborado por el Observatorio Estatal de la Discapacidad, en el que se examina detenidamente la situación de las personas con discapacidad en España. El período de referencia del informe es el bienio 2008-2009, aunque también se incluyen, cuando ha sido posible, datos referidos a 2010, pues se ha querido actualizar al máximo la información incorporando las novedades que se han ido produciendo mientras se estaba elaborando el informe.
Este informe se estructura en cuatro capítulos monográficos, en los que se abordan a fondo cuatro aspectos clave de la realidad del sector de la discapacidad:
El primero capítulo recoge las estimaciones cuantitativas y el perfil sociodemográfico de las personas con discapacidad en España según la Encuesta de Discapacidad, Autonomía personal y situaciones de Dependencia (EDAD 2008). El capítulo comienza con una breve introducción, en la que se referencian las operaciones estadísticas que, en relación con la discapacidad, se han realizado en nuestro país, además de dar noticia de los estudios e informes que se han publicado basándose en esas fuentes. Un segundo apartado presenta el marco conceptual y metodológico de la encuesta. A continuación se recogen los principales resultados, referidos tanto a personas con discapacidad residentes en hogares familiares como a personas con discapacidad residentes en centros. Por último se incluye un índice de tablas y gráficos que facilita la consulta de los datos presentados.
En el segundo capítulo se aborda un análisis sobre la aplicación en España de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. En ese análisis se dedica especial atención a la regulación de los derechos de la personalidad jurídica y de la capacidad jurídica y de obrar de las personas con discapacidad, en relación con el modelo de asistencia o apoyos en la toma de decisiones que propugna el artículo 12 de la Convención.
El tercer capítulo versa sobre los retos y oportunidades en materia de empleo de las personas con discapacidad. Se analiza la Estrategia global de acción para el empleo de personas con discapacidad 2008-2012, que refleja el compromiso compartido de mejorar la calidad en el empleo y dignificar las condiciones de trabajo de las personas con discapacidad, y los avances que se han producido como resultado de su aplicación. Entre estos avances destacan la aprobación de un plan extraordinario de mantenimiento y fomento del empleo de los trabajadores con discapacidad que se instrumenta a través de una serie de subvenciones y ayudas, el incremento de la cuota de reserva en el acceso al empleo público, la aprobación de modificaciones impositivas que benefician a las personas con discapacidad tanto en los impuestos directos como en los indirectos, la introducción de cláusulas sociales en la contratación pública, la regulación de la jubilación anticipada para personas con discapacidad con determinadas patologías, y el mantenimiento y refuerzo de los incentivos a la estabilidad en la contratación de las personas con discapacidad en la reforma laboral llevada a cabo en 2010.
El cuarto capítulo aborda el desarrollo y aplicación de la Ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia. Las diferentes valoraciones que, en los tres primeros años de implantación de la LAPAD, han realizado expertos, agencias públicas y organizaciones sociales han destacado como principal virtud de dicha ley el avance significativo que supone en la protección social española el consolidar derechos subjetivos y universalizar la cobertura, dando respuesta a las necesidades de atención que tienen las personas que requieren apoyos para desarrollar las actividades esenciales de la vida diaria, alcanzar una mayor autonomía personal y poder ejercer plenamente sus derechos. Es la primera vez que desde el ámbito de los servicios sociales se garantiza un derecho de la misma forma en que se garantizan los servicios educativos, las prestaciones sanitarias, y las pensiones en nuestro país: los requisitos están definidos, los servicios y prestaciones a los que se tiene derecho están determinados, y existe un procedimiento formalizado de valoración y reconocimiento del derecho que termina en una resolución susceptible de ser recurrida. Sin embargo también se han señalado una serie de problemas de aplicación práctica que han surgido en el desarrollo de la LAPAD y en relación con los cuales se han formulado propuestas y recomendaciones para su adecuado desarrollo y efectiva aplicación. En este capítulo se reflejan esos análisis y propuestas, junto con los datos de implantación del SAAD, los acuerdos alcanzados por el Consejo Territorial del SAAD, órgano rector del sistema e instrumento que coordina las relaciones entre la Administración y las comunidades autónomas, así como la evolución de la normativa estatal y autonómica en este ámbito.
En la sección final del informe se recoge una crónica informativa de la discapacidad en los años 2008, 2009 y 2010, y una selección de indicadores sobre prevención de deficiencias, educación especial y alumnos con necesidades educativas especiales en enseñanzas no universitarias, prestaciones económicas para personas con discapacidad, Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia y accesibilidad al transporte público y a los contenidos audiovisuales de la televisión en España.
Para acceder y descargar los contenidos del informe:
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