La Facultad de Trabajo Social del Campus de Cuenca1 ha manifiestado su preocupación con la política que el Gobierno regional está llevando a cabo en materia de Servicios Sociales, y temen que las medidas del Ejecutivo “se concreten en recortes de presupuestos, desmantelamiento de servicios de atención básica y especializada, despido de profesionales de la intervención social e imposición de tasas a los ciudadanos dependientes que, en el ejercicio de sus derechos, pretenden revisar su situación”.
Según ha informado la UCLM en nota de prensa, todas estas actuaciones están “impuestas para rescatar a los bancos causantes de las crisis y son injustas”, y además “amenazan la equidad y cohesión de la sociedad, generando procesos de pobreza, exclusión y violencia”.
La Junta de Facultad desea hacer público su rechazo a las medidas que se están adoptando en materia de Servicios Sociales, porque “atentan a la calidad de la protección, vulneran la dignidad de los ciudadanos, infunden miedo al ejercicio de los derechos, no contribuyen al desarrollo humano y a la existencia de una ciudadanía activa y no garantizan los derechos humanos”.
ACUERDO ADOPTADO POR LA JUNTA DE FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL DE CUENCA, EN SESIÓN CELEBRADA EL 26 DE OCTUBRE DE 2012, SOBRE LAS POLÍTICAS DEL GOBIERNO DE CASTILLA-LA MANCHA EN MATERIA DE SERVICIOS SOCIALES.
Trabajo social es una titulación orientada a la formación de profesionales capacitados para participar en la formulación y evaluación de políticas y servicios, contribuir a la ciudadanía activa y a la garantía de los derechos humanos.
Desde este marco de referencia, la Junta de Facultad de Trabajo Social, en sesión celebrada el día 26 de octubre de 2012, después de evaluar las políticas que se están poniendo en práctica en materia de Servicios sociales en Castilla-La Mancha, acuerda manifestar lo siguiente:
Las medidas llevadas a cabo por el Gobierno de Castilla-La Mancha en Servicios Sociales, durante estos últimos meses, se concretan en recortes de presupuestos, desmantelamiento de servicios, despido de profesionales de la intervención social y, por último, se pretende la imposición de tasas a ciudadanos en situación de dependencia que, en el ejercicio de sus derechos, pretenden revisar su situación. Todas estas actuaciones (impuestas para rescatar a los bancos causantes de la crisis) ocasionan pobreza, amenazan la equidad y no respetan los derechos humanos.
Por todo lo cual, la Junta de Facultad reclama al Gobierno regional que adopte medidas eficaces para que no siga creciendo la pobreza infantil en Castilla-La Mancha. De otra parte, desea hacer público su rechazo a las medidas que el Gobierno regional está adoptando en materia de Servicios Sociales porque atentan a la calidad de la protección, vulneran la dignidad de los ciudadanos, infunden miedo al ejercicio de los derechos, no contribuyen a la existencia de una ciudadanía activa y tampoco garantizan los derechos humanos.
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