Publicado por Luis Barriga en El País del 16/04/201
Dicen que no hay peor mentira que una verdad a medias. Es muy de agradecer que el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad aporte algunos datos de gestión de los cuatro años transcurridos de Ley de Dependencia, pero no es menos cierto que en su mayor parte se trata de datos que ya eran más o menos conocidos. Ninguna novedad. En palabras de la secretaria general de Política Social, Isabel Martínez, "a esta Ley se le está exigiendo más que a ninguna otra". Es posible. Puede que sea una osadía pedirle a los gobernantes que las leyes sean cumplidas y que la gestión sea transparente, ¡a quién se le ocurre!
En todo este asunto sigue habiendo una obstinada opacidad de algunos datos clave que darían dimensión a los problemas que hemos de abordar con urgencia en materia de dependencia.
Un ejemplo de zona oscura: se presta ayuda a domicilio a unas cien mil personas dependientes (la mitad de ellas andaluzas, por cierto). ¿Podría alguien aclararnos con qué intensidad horaria por territorios? Si los datos de intensidad, conocidos pero deliberadamente ocultados, mostrasen que los grandes dependientes con ayuda a domicilio reciben de media menos de 50 horas mensuales de atención (menos de dos horas/día de lunes a viernes), se haría patente que el sistema se quita del medio a estas personas con unas atenciones low cost claramente insuficientes dada la gravedad de estos casos. Claro está que dependiendo de la comunidad autónoma en que se resida, la atención será más o menos intensa. Publiquen esas diferencias territoriales y sabremos hacia dónde hemos de ir y, en algún caso, a quién no votar nunca más. Ya sabemos que Madrid, Valencia y Canarias suelen ocupar los últimos puestos en muchos indicadores, pero ofrezcan datos más afinados de un sistema que pagamos todos y todas para saber qué responsabilidades exigir y a quién.
Era un dato conocido que la Administración del Estado lleva aportados más de 5.000 millones de euros desde 2007 en este asunto de la dependencia y que ha superado las previsiones iniciales. El verdadero arcano es conocer cuánto aporta cada comunidad autónoma al invento. La compleja creatividad contable de los entes autonómicos permite una jugada muy interesante: computar como gasto en dependencia el que ya se venía realizando en materia de servicios sociales a las personas dependientes. Trampa. Distíngase entre gasto ex novo y gasto que ya venía siendo asumido. Cotéjese el gasto ex novo (de haberlo) con los recortes que se están perpetrando en otros servicios sociales vitales y el descubrimiento podría ser que algunos -como venimos denunciando- podrían incluso haber hecho caja por la vía de la nueva aportación estatal a la dependencia, además de haber conseguido un ruidoso argumento para el recorte de los servicios sociales básicos, cuyas trágicas consecuencias ya asoman.
Estamos a tiempo de rectificar muchas cosas. Se han incumplido los plazos de evaluación que marca la ley misma y mucho nos tememos que la verdadera transparencia habría pasado por informar de antemano qué, quién y cómo se va a evaluar esta política. Así, cuando esté realizada nos evitaremos el sonrojo de ver cómo se nos hurtan los datos que no sean presentables. Ojalá evaluemos pronto y bien.
PD: A riesgo de ser demagógico: ¿saben cuánto nos costaron las prestaciones por desempleo solo de los últimos 60 días?, pues el equivalente a la aportación estatal a la atención a la dependencia desde su entrada en vigor, hace más de cuatro años. Si es verdad que la atención a la dependencia ha generado 120.000 empleos funcionando a medio gas... no creo que haya que ser Nobel de economía para atar cabos y vislumbrar el camino.
Dicen que no hay peor mentira que una verdad a medias. Es muy de agradecer que el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad aporte algunos datos de gestión de los cuatro años transcurridos de Ley de Dependencia, pero no es menos cierto que en su mayor parte se trata de datos que ya eran más o menos conocidos. Ninguna novedad. En palabras de la secretaria general de Política Social, Isabel Martínez, "a esta Ley se le está exigiendo más que a ninguna otra". Es posible. Puede que sea una osadía pedirle a los gobernantes que las leyes sean cumplidas y que la gestión sea transparente, ¡a quién se le ocurre!
En todo este asunto sigue habiendo una obstinada opacidad de algunos datos clave que darían dimensión a los problemas que hemos de abordar con urgencia en materia de dependencia.
Un ejemplo de zona oscura: se presta ayuda a domicilio a unas cien mil personas dependientes (la mitad de ellas andaluzas, por cierto). ¿Podría alguien aclararnos con qué intensidad horaria por territorios? Si los datos de intensidad, conocidos pero deliberadamente ocultados, mostrasen que los grandes dependientes con ayuda a domicilio reciben de media menos de 50 horas mensuales de atención (menos de dos horas/día de lunes a viernes), se haría patente que el sistema se quita del medio a estas personas con unas atenciones low cost claramente insuficientes dada la gravedad de estos casos. Claro está que dependiendo de la comunidad autónoma en que se resida, la atención será más o menos intensa. Publiquen esas diferencias territoriales y sabremos hacia dónde hemos de ir y, en algún caso, a quién no votar nunca más. Ya sabemos que Madrid, Valencia y Canarias suelen ocupar los últimos puestos en muchos indicadores, pero ofrezcan datos más afinados de un sistema que pagamos todos y todas para saber qué responsabilidades exigir y a quién.
Era un dato conocido que la Administración del Estado lleva aportados más de 5.000 millones de euros desde 2007 en este asunto de la dependencia y que ha superado las previsiones iniciales. El verdadero arcano es conocer cuánto aporta cada comunidad autónoma al invento. La compleja creatividad contable de los entes autonómicos permite una jugada muy interesante: computar como gasto en dependencia el que ya se venía realizando en materia de servicios sociales a las personas dependientes. Trampa. Distíngase entre gasto ex novo y gasto que ya venía siendo asumido. Cotéjese el gasto ex novo (de haberlo) con los recortes que se están perpetrando en otros servicios sociales vitales y el descubrimiento podría ser que algunos -como venimos denunciando- podrían incluso haber hecho caja por la vía de la nueva aportación estatal a la dependencia, además de haber conseguido un ruidoso argumento para el recorte de los servicios sociales básicos, cuyas trágicas consecuencias ya asoman.
Estamos a tiempo de rectificar muchas cosas. Se han incumplido los plazos de evaluación que marca la ley misma y mucho nos tememos que la verdadera transparencia habría pasado por informar de antemano qué, quién y cómo se va a evaluar esta política. Así, cuando esté realizada nos evitaremos el sonrojo de ver cómo se nos hurtan los datos que no sean presentables. Ojalá evaluemos pronto y bien.
PD: A riesgo de ser demagógico: ¿saben cuánto nos costaron las prestaciones por desempleo solo de los últimos 60 días?, pues el equivalente a la aportación estatal a la atención a la dependencia desde su entrada en vigor, hace más de cuatro años. Si es verdad que la atención a la dependencia ha generado 120.000 empleos funcionando a medio gas... no creo que haya que ser Nobel de economía para atar cabos y vislumbrar el camino.
Los dependientes más graves están atendidos en casa
El sistema cubre ya a cuatro de cada cinco usuarios con gran dependencia
Publicado por CARMEN MORÁN, en El País del 16/04/2011
Las personas con el grado de dependencia más alto están atendidas en casa en su mayoría. Ocurre en los dos niveles de la gran dependencia. En el nivel 1, el 48,8%, y en el nivel 2, el 45,12% están asistidos en casa. Normalmente, esto se debe a la preferencia del ciudadano, que opta por que un familiar le cuide en su domicilio. Pero esta deriva contraviene la propia ley, que preveía un uso excepcional de la prestación económica en pro de los servicios, que además de ofrecer un cuidado profesional generan empleo.
Las razones culturales y la escasez de recursos pueden estar también detrás de estas cifras, que ayer presentó la secretaria general de Política Social, Isabel Martínez Lozano. Y una prueba de ello son los datos que arroja el mundo rural: solo un 12% de la población española vive en pueblos de menos de 5.000 habitantes, sin embargo, ahí residen el 28,5% de las personas dependientes. "El mundo rural tiene una población muy envejecida, pero también es cierto que los servicios sociales municipales tienen en esas zonas un gran desarrollo y cercanía al ciudadano, lo que indicaría un mejor acceso al sistema de la dependencia", señaló el presidente de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de los Servicios Sociales, José Manuel Ramírez.
Muchos familiares atienden a sus mayores como el mejor experto, y no siempre los empleados de los geriátricos tienen la formación adecuada. Preocupa, sin embargo, el casi 20% de grandes dependientes cuya prestación es la ayuda a domicilio. ¿Cuántos de ellos están solos en casa? No se sabe. ¿Cuántas horas de ayuda a domicilio semanales reciben? Se sabrá cuando las Administraciones quieran hacerlo público, pero en algunas son bien escasas estas horas de apoyo y a veces ni siquiera sirven para ayudar al dependiente, sino para limpiar la cocina.
A pesar de todo, la ley camina, aunque de forma desigual. Ya hay 720.000 personas con cobertura y cuatro de cada cinco reconocidas como grandes dependientes reciben una prestación.
El Gobierno ha destinado en estos cuatros años de vigencia de la ley 5.390 millones de euros. Para tener una idea exacta de la correcta financiación de esta ley habría que contar con los datos de las comunidades autónomas, pero, tras cuatro años, no se dispone de ellos todavía. La ley exige que ambas Administraciones, central y autónomas, aporten la misma cantidad. "Hemos pedido los datos a las comunidades. Cuando alguna dice que aporta más de lo que le corresponde, les digo que me lo demuestren", señaló Martínez Lozano. "Es hora de que se vayan animando y presenten sus datos, los ciudadanos tienen derecho a conocerlos", reclamó ayer José Manuel Ramírez.
En todo caso, haciendo unas sencillas operaciones con las cifras facilitadas por el Gobierno, se observa cómo las comunidades que peor han desarrollado la ley han dejado de percibir un dinero que les correspondería si hubieran atendido un porcentaje de personas en relación con su población similar a otras comunidades. Madrid pierde 290 millones, Valencia, 233, Canarias, 116 y Baleares, 33. Son las que están a la cola en personas atendidas respecto a su población (una forma de medir con la que Madrid no está de acuerdo). En el lado opuesto están La Rioja, Cantabria y Andalucía.
La mayoría de los beneficiarios de la dependencia son mujeres (porque viven más años) y un 56% del total es usuario por su discapacidad física mientras que el resto lo es por problemas intelectuales o mentales (la estadística no lo distingue).
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