domingo, 26 de febrero de 2017

XVII Dictamen del Observatorio de la Dependencia. Castilla-La Mancha "aprobada (casi notable)" con un 6.8"

El 10 de febrero de 2017 se hizo público el XVII Dictamen del Observatorio de la Dependencia, una vez transcurridos 10 años de implantación del Sistema para la Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia. El documento, de 51 páginas, analiza la situación actual  de esta ley y su aplicación y proporciona datos de gran interés. A continuación presentamos algunas de las EVIDENCIAS que recoge el informe.

Cada día fallecen 90 dependientes sin recibir prestaciones o servicios a los que tienen derecho.

1.213.873 personas tienen reconocida su situación de dependencia (2,6% de la población). De ellas 865.564 están siendo atendidas en el Sistema, mientras que 348.309 (29%) están en lista de espera.


El gráfico anterior muestra cómo la lista inicial de “limbo” de la Dependencia pasó de 157.000 personas a principios de 2015 a los actuales 348.000.

La distribución actual de las personas dependientes por grados es la siguiente: 1.213.873 personas dependientes que precisan de la atención de otras personas o ayudas importantes para realizar actividades básicas de la vida diaria (ABVD), o de otros apoyos para su autonomía personal…

La Administración General del Estado solo aporta el 18% del gasto público del Sistema, y las CCAA el 82% restante. Muy lejos de la pretendida aportación al 50%. El recorte acumulado del Gobierno de España desde 2012 asciende a 3.672,2 millones de euros que han dejado de recibir las Comunidades.

En 2016, la ratio de empleos directos por millón de gasto público es de 35, y la tasa de retorno es del 39,5%. Si se atendiera ya a las 350.000 personas en espera –simplemente cumpliendo con la Ley- se generarían más de 90.000 empleos directos.

2016 confirma una recuperación del Sistema de Atención a la Dependencia que se inició en 2015, al calor de la sensibilidad de los nuevos Gobiernos Autonómicos y por la incorporación de los Dependientes Moderados (julio de 2015). Pero a pesar del incremento en 69.455 beneficiarios del Sistema en 2016 (+8,7%), a este ritmo se tardaría 5 años solo para atender a la actual lista de espera. Más de 150.000 personas han fallecido en los últimos 5 años sin recibir las prestaciones o servicios que les habían sido reconocidos.

Resulta especialmente preocupante que más de una tercera parte de las personas desatendidas (35%), son dependientes con Grado II o III (Dependientes Severos y Grandes Dependientes); en total 122.000 personas.


De todas las personas con dependencia reconocida, dos tercios son mujeres y un tercio son hombres. Más del 70% de los dependientes reconocidos tiene más de 65 años y los mayores de 80 superan ampliamente el 50%.

El gasto público se distribuye incumpliendo lo previsto en la Ley (50%) debido al modelo de financiación y a las reducidas cuantías del Nivel Mínimo. La Administración General del Estado aporta el 21% del gasto público y las comunidades autónomas el 79% restante. El recorte acumulado de la AGE en dependencia, tras el RD-ley 20/2012, asciende a 3.672,2 millones de euros considerando la supresión del nivel acordado, la reducción del nivel mínimo y la supresión de las cotizaciones de cuidadoras familiares.

El Sistema de Atención a la Dependencia muestra una sorprendente capacidad para la generación de empleo y para la obtención de retornos por cotizaciones e impuestos directos. En 2016, la ratio de empleos directos por millón de gasto público es de 35, y la tasa de retorno es del 39,5%.


Una vez transcurridos 10 años de implantación del Sistema para la Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia, estamos en un momento crucial en el que es absolutamente inaplazable abordar algunos cambios sustanciales que permitan cumplir con la Ley –aunque esto pueda sonar escandaloso- atendiendo a cuantas personas dependientes hay reconocidas y posicionar al país en un mejor punto de partida para afrontar los desafíos sociales, sanitarios y demográficos que tiene por delante. Para ello es imprescindible dotar al sistema de la necesaria suficiencia financiera.

Se mantienen las gravísimas desigualdades entre territorios tanto en cobertura como en modelos de gestión. Es previsible que haya algunas Comunidades Autónomas que no puedan recorrer el camino que les queda sin un cambio drástico de modelo de atenciones y una inyección financiera específica. Nueve Comunidades suspenden en la Escala de Valoración del Observatorio.

COMUNIDADES AUTÓNOMAS

Aplicación de la Escala.  Solo dos comunidades obtienen el notable: Castilla y León y La Rioja; recuperan el aprobado Galicia, Murcia y Extremadura y consiguen valoraciones positivas en algunos indicadores de manera significativa Baleares y la Comunidad Valenciana.

El resultado de la aplicación de la Escala de Valoración a fecha de principios de 2017:

  • 2 Comunidades destacan con calificaciones notablesCastilla y León (8,9) y La Rioja (7,9)


  • 7 Comunidades entre el aprobado y el notableAndalucía (6,8) Castilla-La Mancha (6,8) Madrid (6,1) Galicia (6,1) Murcia (6,1), País Vasco (5,4) y Extremadura (5)
  • 9 Comunidades que suspendenAsturias (4,6), Cataluña (3,9), Baleares (3,6), Cantabria (3,6), Comunidad Valenciana  Valencia (3,2), Navarra (2,9), Aragón (2.5) y Canarias (1,8).  
  • En Ceuta y Melilla, gestionadas directamente por el IMSERSO, el resultado es también un suspenso (4,3).

CASTILLA LA MANCHA







































PACTO POR LA DEPENDENCIA
El 14 de diciembre de 2016, coincidiendo con el décimo aniversario de la Ley, los representantes de la mayoría grupos del arco parlamentario del Congreso de los Diputados (con la sola excepción del PP y del PNV) suscribieron un pacto por la reversión, para los PGE de 2017, de los recortes producidos y con el compromiso explícito de acabar con las listas de espera en un máximo de dos años. También se pactó estudiar el futuro de la financiación del sistema para ver su integración en el ámbito de la LOFCA.

Los partidos políticos firmantes, en coherencia con sus compromisos con el electorado, en el décimo aniversario de la Ley 39/2006 de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, se comprometen a:

  1. Revertir en los Presupuestos de 2017 los recortes producidos por los RD-Ley 20/2012:
  2. Impulsar un pacto entre la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas
  3. Iniciar negociaciones en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, para establecer un modelo estable de financiación del Sistema
  4. Cualquier medida que suponga una modificación de la Ley 39/2006, se llevará a cabo mediante su tramitación y debate en el Parlamento
  5. Velar por la transparencia del Sistema de Información de la Dependencia


CLICK AQUÍ PARA VER EL DICTAMEN COMPLETO (IZQUIERDA), EL DICTAMEN POR CC.AA (CENTRO) O LA APLICACIÓN DE LA ESCALA DE VALORACIÓN EN EL TERRITORIO (DERECHA)
                
Aplicación de la escala de valoración en el territorio
Dictamen completo
Todas las CCAA

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