El 10 de febrero de 2017 se hizo público el XVII Dictamen del Observatorio de la Dependencia, una vez transcurridos 10 años de implantación del Sistema para la Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia. El documento, de 51 páginas, analiza la situación actual de esta ley y su aplicación y proporciona datos de gran interés. A continuación presentamos algunas de las EVIDENCIAS que recoge el informe.
Cada día fallecen 90 dependientes sin recibir prestaciones o servicios a los que tienen derecho.
1.213.873
personas tienen reconocida su situación de dependencia (2,6% de la población).
De ellas 865.564 están siendo atendidas en el Sistema, mientras que 348.309
(29%) están en lista de espera.
El gráfico
anterior muestra cómo la lista inicial de “limbo” de la Dependencia pasó de
157.000 personas a principios de 2015 a los actuales 348.000.
La
distribución actual de las personas dependientes por grados es la siguiente:
1.213.873 personas dependientes que precisan de la atención de otras personas
o ayudas importantes para realizar actividades básicas de la vida diaria (ABVD),
o de otros apoyos para su autonomía personal…
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La
Administración General del Estado solo aporta el 18% del gasto público del
Sistema, y las CCAA el 82% restante. Muy lejos de la pretendida aportación al
50%. El recorte acumulado del Gobierno de España desde 2012 asciende a 3.672,2
millones de euros que han dejado de recibir las Comunidades.
En 2016, la ratio de empleos directos por millón de gasto público es de 35, y la tasa de retorno es del 39,5%. Si se atendiera ya a las 350.000 personas en espera –simplemente cumpliendo con la Ley- se generarían más de 90.000 empleos directos.
2016 confirma una recuperación del
Sistema de Atención a la Dependencia que se inició en 2015, al calor de la
sensibilidad de los nuevos Gobiernos Autonómicos y por la incorporación de los
Dependientes Moderados (julio de 2015). Pero a pesar del incremento en 69.455
beneficiarios del Sistema en 2016 (+8,7%), a este ritmo se tardaría 5 años solo para atender a la
actual lista de espera. Más de 150.000 personas han fallecido en los últimos 5
años sin recibir las prestaciones o servicios que les habían sido reconocidos.
Resulta especialmente preocupante
que más de una tercera parte de las personas desatendidas (35%), son
dependientes con Grado II o III (Dependientes Severos y Grandes Dependientes);
en total 122.000 personas.
De todas las personas con
dependencia reconocida, dos tercios son mujeres y un tercio son hombres. Más
del 70% de los dependientes reconocidos tiene más de 65 años y los mayores de
80 superan ampliamente el 50%.
El gasto
público se distribuye incumpliendo lo previsto en la Ley (50%) debido
al modelo de financiación y a las reducidas cuantías del Nivel Mínimo. La
Administración General del Estado aporta el 21% del gasto público y las comunidades
autónomas el 79% restante. El recorte
acumulado de la AGE en dependencia, tras el RD-ley 20/2012, asciende a 3.672,2 millones de euros considerando
la supresión del nivel acordado, la reducción del nivel mínimo y la supresión
de las cotizaciones de cuidadoras familiares.
El Sistema de Atención a la
Dependencia muestra una sorprendente capacidad para la generación de empleo y
para la obtención de retornos por cotizaciones e impuestos directos. En 2016, la ratio de empleos directos por
millón de gasto público es de 35, y la tasa de retorno es del 39,5%.
Una vez transcurridos 10 años de
implantación del Sistema para la Promoción de la Autonomía Personal y Atención
a las personas en situación de Dependencia, estamos en un momento crucial en el
que es absolutamente inaplazable abordar algunos cambios sustanciales que
permitan cumplir con la Ley –aunque esto pueda sonar escandaloso- atendiendo a
cuantas personas dependientes hay reconocidas y posicionar al país en un mejor
punto de partida para afrontar los desafíos sociales, sanitarios y demográficos
que tiene por delante. Para ello es imprescindible dotar al sistema de la
necesaria suficiencia financiera.
Se mantienen las gravísimas
desigualdades entre territorios tanto en cobertura como en modelos de gestión.
Es previsible que haya algunas Comunidades Autónomas que no puedan recorrer el
camino que les queda sin un cambio drástico de modelo de atenciones y una
inyección financiera específica. Nueve
Comunidades suspenden en la Escala de Valoración del Observatorio.
COMUNIDADES AUTÓNOMAS
Aplicación
de la Escala. Solo dos comunidades obtienen el notable: Castilla y León y
La Rioja; recuperan el aprobado Galicia, Murcia y Extremadura y consiguen
valoraciones positivas en algunos indicadores de manera significativa Baleares
y la Comunidad Valenciana.
El resultado de la aplicación de la
Escala de Valoración a fecha de principios de 2017:
- 2 Comunidades destacan con calificaciones notables: Castilla y León (8,9) y La Rioja (7,9)
- 7 Comunidades entre el aprobado y el notable: Andalucía (6,8) Castilla-La Mancha (6,8) Madrid (6,1) Galicia (6,1) Murcia (6,1), País Vasco (5,4) y Extremadura (5)
- 9 Comunidades que suspenden: Asturias (4,6), Cataluña (3,9), Baleares (3,6), Cantabria (3,6), Comunidad Valenciana Valencia (3,2), Navarra (2,9), Aragón (2.5) y Canarias (1,8).
- En Ceuta y Melilla, gestionadas directamente por el IMSERSO, el resultado es también un suspenso (4,3).
CASTILLA LA MANCHA
PACTO POR LA DEPENDENCIA
El 14 de diciembre de 2016,
coincidiendo con el décimo aniversario de la Ley, los representantes de la
mayoría grupos del arco parlamentario del Congreso de los Diputados (con la
sola excepción del PP y del PNV) suscribieron un pacto por la reversión, para
los PGE de 2017, de los recortes producidos y con el compromiso explícito de
acabar con las listas de espera en un máximo de dos años. También se pactó
estudiar el futuro de la financiación del sistema para ver su integración en el
ámbito de la LOFCA.
Los partidos políticos firmantes, en coherencia con sus compromisos con el
electorado, en el décimo aniversario de la Ley 39/2006 de Promoción de la
Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, se
comprometen a:
- Revertir en los Presupuestos de 2017 los recortes producidos por los RD-Ley 20/2012:
- Impulsar un pacto entre la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas
- Iniciar negociaciones en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, para establecer un modelo estable de financiación del Sistema
- Cualquier medida que suponga una modificación de la Ley 39/2006, se llevará a cabo mediante su tramitación y debate en el Parlamento
- Velar por la transparencia del Sistema de Información de la Dependencia
CLICK AQUÍ PARA VER EL DICTAMEN COMPLETO (IZQUIERDA), EL DICTAMEN POR CC.AA (CENTRO) O LA APLICACIÓN DE LA ESCALA DE VALORACIÓN EN EL TERRITORIO (DERECHA)
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| Aplicación de la escala de valoración en el territorio |
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| Dictamen completo |
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| Todas las CCAA |
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