TRABAJO SOCIAL EN CUENCA

Acoso a los que luchan por los derechos sociales y al sistema público de servicios sociales

2012-01-16T10:23:00.001+01:00

LA ASOCIACIÓN ESTATAL DE DIRECTORAS Y GERENTES DE SERVICIOS SOCIALES INDIGNADA POR EL DESPIDO LABORAL DE SU PRESIDENTE, D. JOSÉ MANUEL RAMÍREZ NAVARRO

La Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales quiere hacer pública su indignación por el despido (amortización del puesto –el único entre más de tres mil) de José Manuel Ramírez Navarro, presidente de esta Asociación y laboral fijo del Ayuntamiento de Marbella con más de 18 años de antigüedad…

Este hecho podría ser visto como conflicto entre trabajador y empresario sujeto a dicho ámbito, si no fuera porque existen fundadas razones que nos llevan a pensar que se ha podido tratar de una persecución sistemática y programada vinculada, en todo o en parte, a las actividades y opiniones de la propia Asociación, cuyo portavoz es el Sr Ramírez.

La apresurada modificación del catálogo de puestos de trabajo del Organismo Autónomo Local Marbella Solidaria, que extingue el puesto de Director Técnico ocupado por José Manuel Ramírez Navarro, se ha de calificar como una arbitraria y torticera maniobra para proceder a un despido cuyas verdaderas motivaciones no parecen ser de índole laboral. Así:

• No puede aducirse un reajuste de plantilla, ya que es el único trabajador fijo que ha sido despedido en el Organismo Autónomo Local y en el propio Ayuntamiento de Marbella. El resto de trabajadores han sido incorporados y reubicados en la estructura municipal.

• Se trata del trabajador con más antigüedad de la plantilla, más de 18 años, e impulsor del propio Organismo Autónomo Local.

• No puede tratarse de motivos económicos o de ahorro, pues la incorporación del resto de trabajadores a la estructura municipal ha llevado aparejada la reclasificación de varios de ellos (seis jefaturas de unidad) con el consiguiente incremento salarial.

• Resulta imposible poner en duda la cualificación profesional de D. José Manuel Ramírez, siendo un profesional del Trabajo Social y de la Gerencia de Servicios Sociales con prestigio de alcance nacional. En 18 años de trabajo no ha tenido ninguna baja laboral, ni amonestación alguna. En todas y cada una de las fiscalizaciones realizadas al Ayuntamiento de Marbella (posiblemente el más investigado de España), por el Tribunal de Cuentas Español, se ha acreditado la transparencia y limpieza en la gestión realizada en el Organismo Autónomo cuya dirección técnica asumía.

• Esos 18 años al servicio del Ayuntamiento de Marbella avalan esta capacidad y buen hacer profesional, creando, organizando y dirigiendo la mejor red municipal de centros y servicios de atención a drogodependientes de Andalucía (ahora desmantelada), habiendo conseguido siempre la unanimidad del Pleno Municipal, en todas y cada una de las decisiones adoptadas para dicho Organismo.

D. José Manuel Ramírez lleva sufriendo más de tres años aislamiento y hostigamiento por parte de los responsables municipales, destinado a dependencias sin las más elementales condiciones, separado del resto de la plantilla, sin ser convocado a reunión alguna y privado de todo cometido acorde a su puesto de Director Técnico. Inmerso en varios procesos judiciales, recientemente la Inspección de Trabajo, ha sancionado al Ayuntamiento de Marbella por “falta MUY GRAVE por los actos del empresario que fueren contrarios a (…) la consideración debida a la dignidad de los trabajadores”.

El mismísimo Defensor del Pueblo Andaluz consideró que la actuación municipal: “merece el reproche moral abierto y sin ambages de esta Institución… y recomendar el cese de los comportamientos hostiles hacia esa persona, y ello a pesar de tratarse de un empleado público sin tacha alguna en su carrera administrativa, y si en cambio una acreditada y reconocida valía profesional en la temática de servicios sociales y dependencia circunstancias que le hacen acreedor del máximo respeto y consideración”; efectuando la siguiente recomendación a la Alcaldía del Ayuntamiento de Marbella: “Que con carácter inmediato se cursen las órdenes precisas en orden a preservar el derecho a la dignidad y la integridad moral del empleado público…”

Lejos de atender la recomendación del Defensor del Pueblo Andaluz, el Ayuntamiento siguió manteniendo y agravando su situación, dando lugar a que la salud física y psíquica de esta persona se haya ido resintiendo.

Finalmente, en una actuación que solo puede calificarse de cruel ensañamiento, un mes antes del despido, se le denegó la compatibilidad para poder optar a plaza de profesor asociado de Universidad de Málaga, algo realmente excepcional en la Administración.

Solo queda pensar que todo este hostigamiento ha de estar relacionado con la comprometida y reconocida labor en defensa de los derechos de las personas y del sistema público de servicios sociales y con las denuncias de incumplimiento de algunas administraciones que como presidente y portavoz de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, fuera del ámbito laboral, lleva a cabo el Sr. Ramírez. En más de una ocasión nuestros análisis, comprometidos con la verdad, en concreto sobre la marcha de la Ley de Dependencia, nos han supuesto recibir veladas amenazas por parte responsables políticos de diferente signo, alguna de estas “recomendaciones” se produjo casualmente inmediatamente antes del inicio del hostigamiento al Sr. Ramírez por parte del Ayuntamiento al que servía como empleado público.

Creemos firmemente que, en un Estado de Derecho, actuaciones como la descrita no quedarán impunes y serán finalmente los tribunales de los órdenes laboral, contencioso-administrativo y, si hubiera indicios suficientes, de lo penal, los que actúen en amparo del derecho a la dignidad personal y laboral del Sr. Ramírez. Confiamos en la justicia.

Hasta entonces:

• creemos que ha llegado el momento de denunciar públicamente una situación ante la que expresamos nuestra más enérgica repulsa;

• exigimos al Ayuntamiento de Marbella y, en especial, a su alcaldesa, Dña. María Ángeles Muñoz, que rectifique este inadmisible ataque a los derechos de un servidor público, y proceda a su readmisión;

Finalmente expresamos todo nuestro cariño, afecto y admiración por D. José Manuel Ramírez Navarro y hacemos extensivo nuestro apoyo a su familia, sufridora directa de nuestro compromiso con la verdad y la justicia social.

Para más información a través de e-mail: directoressociales@hotmail.com a:

Gustavo García Herrero, María Jesús Brezmes y/o Luis Barriga.

Proyectos de inserción laboral para personas en riesgo de exclusión

2012-01-11T10:25:00.000+01:00

27/12/2011

El Área de Intervención Social del Ayuntamiento de Cuenca informaba el 27/1272011, sobre la finalización dee los proyectos “Formación en habilidades sociolaborales” y “Orientación y seguimiento de la empleabilidad”, enmarcados dentro del II Plan Local de Integración Social.

Estos proyectos van dirigidos a personas en situación de exclusión social, con edades comprendidas entre los 16 y 60 años, con dificultades para acceder al mercado laboral. El objetivo es la adquisición de habilidades sociales y hábitos prelaborales para afrontar su inclusión y permanencia en el mercado laboral, de manera adaptada a las exigencias que la sociedad demanda.

Al acto de clausura, que tuvo lugar en la sede del AIS, acudieron las personas que han participado en las distintas acciones desarrolladas durante este año 2011, como los alumnos del “Vivero Participativo” que gestiona la Asociación de Inserción La Calle, el proyecto de habilidades socio-laborales “Crecer”, el programa “RopaCor” de Cáritas Diocesana de Cuenca y el proyecto de orientación y seguimiento de la empleabilidad “ConMetas” de la Fundación del Secretariado Gitano. Todos ellos recibieron un certificado y un diploma acreditativo de la actividad desarrollada durante el año 2011.

También asistieron la concejala de Servicios Sociales, Igualdad y Cooperación, Ana de la Hoz, la directora del Área de Intervención Social, Begoña del Pozo, el presidente de la Asociación Inserción La Calle, Ignacio Benito, el director de Cáritas Diocesana, Silvestre Valero, y la coordinadora provincial de Fundación Secretariado Gitano, Mª Luisa Martín Pérez.

También intervinieron algunos de los participantes de los proyectos, que contaron su experiencia y en qué medida los proyectos les han ayudado a alcanzar objetivos en el plano personal y en el laboral.

COLOR-CALOR-LORCA

2011-12-30T11:24:00.001+01:00

Vídeo para acompañar las felicitaciones fin de año 2011 promovido por los alumnos de Trabajo Social, Psicología y Enfermería de la Universidad de Murcia realizado conjuntamente con el Colegio Público Alfonso X el Sabio de Lorca: La recuperación de Lorca tras el terremoto depende de todos.

El alcalde de Manzanares (Ciudad Real) recurrirá a voluntarios para mantener los servicios sociales sino llega la aprotación regional

2011-12-23T10:41:00.003+01:00

El alcalde recurrirá a voluntarios para mantener servicios sociales si no llega aportación regional. Baraja que los trabajadores que perdieran el empleo colaboren hasta lograr otro trabajo

Publicado por La Tribuna de Ciudad Real el 20/12/2011

El alcalde de Manzanares, Antonio López de la Manzanara, aseguró ayer que si el Ayuntamiento no recibe el dinero que adeuda la Junta por los servicios sociales que presta, recurrirá al voluntariado como fórmula para seguir ofreciendo los programas a la población. Durante un encuentro con los periodistas, el primer edil (PP) explicó que no quiere llegar al caso de tener que cerrar servicios como el centro de la mujer, algo que ya han anunciado municipios como Valdepeñas y La Solana. Así, si no llega el dinero de la Junta, el Ayuntamiento de Manzanares recurrirá al voluntariado como fórmula para sacar adelante estos servicios.

De esta forma, el Consistorio podría hacerse cargo del mantenimiento de los edificios y los trabajadores que se queden sin empleo podrían colaborar de forma voluntaria hasta que encuentren un empleo. «Ahí es donde vamos a ver, de verdad, si la sociedad civil apuesta por ayudar, ahora es cuando hay que demostrar a los ciudadanos que somos capaces de ayudarnos unos a otros porque aunque desgraciadamente tenemos a muchas personas inactivas no significa que todos estén en casa, parados», subrayó López de la Manzanara. El primer edil insistió en que su equipo de Gobierno entiende que los servicios sociales son necesarios «y por eso vamos a hacer todo lo que podamos para mantenerlos».

Publicado por ELPLURAL.COM

"Pero él gana 46.500 euros…

Fuentes de los trabajadores sociales consultadas por ELPLURAL.COM, que próximamente serán despedidos por el Ayuntamiento de Manzanares, piden al alcalde que se “aplique la misma receta y renuncie a su sueldo de 47.000 euros, ya que con lo que dan de sí sus empresas de seguros, y demás, podría vivir perfectamente”. Retribución, por cierto, superior a la nómina de los regidores de Huesca, Zamora o Palencia. Manzanares tiene una población inferior a los 20.000 habitantes.

…Y entre los suyos más de 210.000 euros

Aún es más, las mismas fuentes, indignadas por las declaraciones del regidor de Manzanares, reconocían que el primer teniente de alcalde gana “todos los años 45.000 euros; el portavoz, otros 40.000; la concejala de personal, 36.000; la de Cultura, 12.000, y otra asesora o persona de confianza, 30.000”, añaden, “¿Por qué no renuncian a su sueldo, o se lo rebajan a la mitad? Con eso podríamos mantener el servicio”.

Nota de prensa emitida por el Consejo General de Trabajo Social el 21/12/2011

EL VOLUNTARIADO NO PUEDE SUPLIR LAS FUNCIONES DEL PERSONAL PROFESIONAL REMUNERADO EN LOS SERVICIOS SOCIALES DE LOS MUNICIPIOS ESPAÑOLES.

Cada vez es mayor la preocupación generalizada del futuro de los Servicios Sociales y de los trabajadores y las trabajadoras que participan en ellos; sobre todo ante las medidas y acciones que se están llevando a cabo en algunos municipios espñoles. Algunos ejemplos son la intención del Gobierno de La Rioja de modificar la Ley de Servicios Sociales eliminando la obligatoriedad para las administraciones locales de contratar a un trabajador social por cada 4.000 habitantes o las declaraciones desafortunadas realizadas en el día de ayer por el Alcalde de la localidad ciudadrealeña de Manzanares, D. Antonio López de la Manzanara, donde se plantea mantener los servicios sociales con profesionales voluntarios/as y desempleados/as para seguir ofreciendo estos programas a la población.
Ante estas medidas adoptadas, la acción que propone el Consejo General del Trabajo Social, en estos tiempos de cambio, es, precisamente, que ante una situación de crisis y de recortes sociales, como la que se vive actualmente en los municipios españoles, se apueste por incrementar, de un modo racional, las políticas sociales y de empleo encaminadas hacia la cohesión e inclusión social, la inserción laboral y un compromiso por el Sistema de Servicios Sociales.

Existe habitualmente una dualidad entre el trabajo voluntario (según la Plataforma Social del Voluntariado “dedicación de tiempo, sin remuneraciÄn, con fines solidarios, colaborando, promoviendo o participando en iniciativas de diverso tipo aportando un beneficio a la sociedad” como complemento a la actuación profesional) y el trabajo remunerado. Debe aclarase que el voluntariado no es obra de mano barata y no puede suplir las funciones profesionales ni al personal profesional remunerado, ni comprenderse como una vía de acceso al mercado laboral. El voluntariado debe ser valorado como una experiencia, un valor añadido a la integración social y laboral, que amplia el contacto y la cercanía con el entorno social.

La presencia de los profesionales del Trabajo social es primordial e insustituible en el futuro de los Servicios Sociales; por ello debemos conseguir que las fuerzas políticas, a nivel estatal, autonómico y local se comprometan, sin que esto suponga un recorte en el catálogo de prestaciones mínimas o en su financiación, aumentando las garantías y responsabilidades públicas de las administraciones, ante los derechos de la ciudadan‚a y las condiciones laborales de los/as profesionales que participan del Sistema Público de Servicios Sociales.

Por ello animamos a una mayor concienciación de los gobernantes de la Administración Central, Autonómica y Local sin reducir todo ello a recortes en los Servicios Sociales, sino en revertirlo en una mejora y/o reestructuración en la financiación entre todas las Administraciones, y en un refuerzo y racionalización de la gestión general de los Servicios Sociales.

ESTANCAMIENTO Y PARALIZACIÓN DEL SISTEMA DE LA DEPENDENCIA

2011-12-19T10:29:00.000+01:00

La Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales se ha reunido durante el fin de semana del 17 y 18 de diciembre de 2011 para presentar el VIII Dictamen del Observatorio de la Dependencia, en el que se constata el ESTANCAMIENTO Y PARALIZACIÓN DEL SISTEMA DE LA DEPENDENCIA.

País Vasco y Castilla y León obtienen la máxima calificación (10) mientras que Asturias, C. Valenciana y Canarias suspenden y continúan privando a sus ciudadanos de los derechos de esta Ley.

La tasa de reposición negativa, la cronificación del limbo de la dependencia, y el recorte de mil millones de euros en este año ha dejado sin atención a 130.000 beneficiarios y 30.000 empleos además del sobredimensionamiento de la prestación económica para cuidados en el entorno familiar y cuidadores no profesionales, son las principales dificultades de implantación del Sistema de Atención a la Dependencia

La aplicación de la Escala evidencia el este VIII Dictamen algunos cambios en el ranking de CCAA. Así al finalizar el año 2011, País Vasco y Castilla y León obtienen la máxima puntuación (10) y CCAA que destacaban en cuanto a la aplicación de la Ley de la Dependencia: Castilla-La Mancha y Aragón retroceden y su tendencia es negativa. Se mantiene la nota en La Rioja (9) y Andalucía que sube (8)

Por el contrario, se mantiene invariable el empecinamiento de 6 CCAA en no aplicar las prestaciones y servicios que esta Ley contempla, poniendo a sus ciudadanos y ciudadanas en una situación de desprotección frente al resto en una materia de protección social tan básica. Estas Comunidades son Canarias (0,5 puntos), C. Valenciana ( 2 puntos), Asturias, Baleares y Madrid, además de Ceuta y Melilla (territorios IMSERSO) suspenden en la aplicación de la escala.

En el resto destaca el descenso de alguna Comunidad, como es el caso de Navarra y Cataluña que tras venir ocupando los primeros lugares del ranking, cae por segunda vez consecutiva a una discreta puntuación de 6 puntos, o Asturias, que vuelve a bajar en este VII Dictamen suspendiendo por segunda vez en la aplicación de esta escala (2,5 puntos). Por el contrario las Comunidades de Extremadura y Murcia, (ambas con 5,5 puntos) mantienen el aprobado, reconociendo el esfuerzo de mejora que esta valoración evidencia, por parte de ambas Comunidades.

Respecto a la situación global del Sistema, al finalizar el quinto año de aplicación de la Ley de la Dependencia, el Observatorio constata 4 aspectos especialmente preocupantes, porque son ya crónicos en su funcionamiento:

La tasa de reposición negativa, y el retroceso en algunas CC.AA en cuanto a número de beneficiarios así como la media de personas atendidas mensualmente en el año 2011 (6.649) que es tres veces menor que en el año anterior (17.106), junto a la tendencia de la aplicación de recursos de bajo coste (especialmente el 54% de prestaciones económicas de cuidadores familiares) han producido un recorte en este año de mil millones de euros que ha supuesto no atender a 130.000 personas y no crear 30.000 puestos de trabajo nuevos.

Con los datos oficiales a finales de 2011, 312.000 personas (1 de cada 3) se encuentran en lo que denominamos limbo de la dependencia. Estas personas tienen reconocido un grado y nivel que les da derecho a recibir las prestaciones y servicios del Sistema, pero aun no se les ha aprobado el PIA que les permite recibir de manera efectiva estos servicios o prestaciones. Algo muy preocupante cuanto que muchas de estas personas, por su edad o circunstancias, tienen una esperanza de vida que hará irrecuperable el tiempo en el que está retrasándose la percepción del servicio o prestación al que tienen derecho.

Familia, Menores y Derechos Humanos: Semana de los Derechos Humanos en la Facultad de Trabajo Social de Cuenca

2011-12-07T14:32:00.001+01:00

El 10 de diciembre es el Día de los Derechos Humanos, y como tal, celebramos la festividad de la Facultad de Trabajo Social de Cuenca con una serie de actividades programadas en la “SEMANA DE DERECHOS HUMANOS Y TRABAJO SOCIAL”, que este año se va a celebrar entre los días 12 a 16 de diciembre, entorno a los “DERECHOS DE LA FAMILIA Y DE LOS MENORES”.

PROGRAMA

12 de diciembre de 2011

11.30 h. Inauguración de la Semana de Derechos Humanos. Salón de actos del Edificio Melchor Cano. Planta 0.

D. José Ignacio Albentosa. Vicerrector del Campus de Cuenca y Extensión Universitaria.
Dña. Elisa Larrañaga. Decana de la Facultad de Trabajo Social

Dña. Silvia Valmaña. Directora Gral. Familia, Menores, Promoción Social y Voluntariado. Consejería de Salud y Asuntos Sociales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

Dña. Margarita Pardo. Profesora del Departamento de Derecho del Trabajo y Trabajo Social de la UCLM.

D. Javier Miranzo. Profesor del Departamento de Derecho del Trabajo y Trabajo Social de la UCLM.

CONFERENCIA INAUGURAL. Algunas reflexiones sobre la intervención social con menores. Dña. Silvia Valmaña.

13 de diciembre de 2011

11.30 h. CONFERENCIA: La pensión de viudedad ante los nuevos retos del Derecho de Familia.
Dña. Elena Desdentado. Profesora Titular de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social de la UCLM.
LUGAR. Aula 0.3. Planta 0.

14 de diciembre de 2011

12.00 h. CINE-FORUM. “Ya no más”. Violencia en las relaciones de pareja.Trabajo Social III – Asociación Paz con Dignidad C-LM

16.15 h. CINE-FORUM. “El milagro de Ana Sullivan”. A propósito de Mary Richmond y el casework.
Fundamentos de Psicología – Introducción al Trabajo Social
LUGAR. Salón de Actos Fermín Caballero. Planta 0

15 de diciembre de 2011

17.00 h. Presentación del Informe especial sobre la Ley del Menor en Castilla-La Mancha.

PRESENTACIÓN: D. José Manuel Martínez Cenzano. Defensor del Pueblo de Castilla-La Mancha.
METODOLOGÍA Y RESULTADOS: Equipo de Investigación.
LUGAR. Aula 0.3. Planta 0.

16 de diciembre de 2011

10.00 h. Actividades lúdicas con alumnos y alumnas de 6º del CIP Fuente del Oro de Cuenca.
Equipo de Voluntarios de la Facultad de Trabajo Social para actividades con niños.

LUGAR. Salón de Actos Fermín Caballero (recepción). Planta 0.

Leymah Gbowee "La guerrera de la paz", trabajadora social liberiana es Premio Nobel de la Paz 2011

2011-12-03T21:38:00.000+01:00

Activista por la paz y responsable del movimiento que trajo el fin de la segunda guerra civil en Liberia en 2003, lideró la elección de Ellen Johnson como presidenta de su país y junto a ella y la yemení Tawakkul Karman obtuvo en 2011 el Premio Nobel de la Paz.

Leymah Roberta Gbowee (nacida en 1972) es una activista africana por la paz, responsable del movimiento que trajo el fin de la segunda guerra civil en Liberia en 2003. Lideró la elección de Ellen Johnson como presidenta de su país, convirtiéndola en la primera mujer africana en ser elegida democráticamente y junto a ella y la yemení Tawakkul Karman obtuvo en 2011 el Premio Nobel de la Paz por su lucha no violenta por los derechos de la mujer a participar en la construcción de la paz.

Leymah Gbowee nació en Liberia, en la zona central. A los 17 se mudó a Monrovia, cuando estalló la primera guerra civil del país. Entrenada para ayudar a las personas a superar el trauma que supone una guerra, trabajó durante la guerra civil con los niños soldado del ejército de Charles Taylor. Madre de seis hijos y rodeada de imágenes de guerra, se dio cuenta de que si algo debía cambiar en la sociedad, debería ser llevado a cabo por las madres.

En 2002, Leymah Gbowee era una trabajadora social que organizó la Acción Masiva por la Paz de las Mujeres de Liberia. El movimiento por la paz empezó de forma local con mujeres que rezaban y cantaban en el mercado de pescado. Organizó a las mujeres cristianas y musulmanas de Monrovia para rezar por la paz y llevar a cabo protestas pacíficas por la no violencia.

Miles de mujeres unieron sus esfuerzos y llevaron a cabo protestas entre las que se encontraba una huelga de sexo y la amenaza de una maldición. Forzaron una reunión con el presidente Charles Taylor y consiguieron de él la promesa de asistir al diálogo de paz en Ghana para negociar con los rebeldes de Liberianos Unidos por la Reconciliación y la Democracia.

Luego Gbowee lideró una delegación de mujeres de Liberia que se dirigieron a Ghana para seguir presionando durante el proceso de paz. Celebraron una protesta silenciosa en el exterior del Palacio Presidencial en Accra, pidiendo un acuerdo para los diálogos de paz.

Leymah Gbowee y Comfort Freeman, presidentes de dos iglesias luteranas diferentes, organizaron la Red de Mujeres para la Construcción de la Paz (WIPNET por sus siglas en inglés) y dirigieron una declaración de intenciones al Presidente: "En el pasado nosotras éramos silenciosas, pero después de haber sido asesinadas, violadas, deshumanizadas, e infectadas por enfermedades, y viendo a nuestros niños y nuestras familias destruidas, la guerra nos han enseñado que el futuro yace en decir ¡NO a la violencia y SÍ a la paz! No pararemos hasta que la paz prevalezca."

Su movimiento trajo el fin de la Segunda Guerra Civil de Liberia en 2003 y lideró la elección de Ellen Johnson como presidenta, siendo entonces Liberia la primera nación africana en tener a una mujer en este cargo.

Vestidas con camisetas blancas para simbolizar la paz, y contadas por miles, las mujeres se convirtieron en una fuerza política contra la violencia y el gobierno y han liderado con éxito la petición de paz en otros estados africanos.

Leyman Gbowee es el personaje principal del documental rodado en 2008 'Ruégale al diablo que regrese al infierno'. La película ha sido usada como un instrumento de propagación en zonas de postconflicto como Sudán y Zimbabue, movilizando a mujeres africanas para solicitar la paz y la seguridad.

Leymah Gbowee es la directora ejecutiva de la Red de Mujeres por la Paz y la Seguridad basada en Accra, Ghana y trabaja para construir relaciones en la región de África occidental en apoyo de la capacidad de la mujer para prevenir, apartar y terminar conflictos. Es socia fundadora y coordinadora del Programa de Mujeres por la Construcción de la Paz.

LA GUERRERA DE LA PAZ

Cuando pequeña, la llamaban "red" (roja) por su tez clara, relató ella en un libro autobiográfico "Mighty Be Our Powers: How Sisterhood, Prayer, and Sex Changed a Nation at War" ("Que nuestro poder sea fuerte: cómo la comunidad de mujeres, la oración y el sexo cambiaron una nación en guerra".

Desde que se hizo conocer en el movimiento pacifista, esta cuarentona de fuerte corpulencia, originaria de la etnia Kpellé, se ganó otro apodo en la escena internacional: "la guerrera de la paz".

Contra los demonios de la guerra, Leymah Roberta Gbowee opuso la oración. Y es así cómo llamó a las mujeres a orar por la paz, sin distinción de religión y a menudo vestidas de blanco.

El movimiento fue creciendo durante el conflicto, hasta culminar en una huelga del sexo, obligando al régimen de Charles Taylor a asociarlas a las conversaciones de paz.

Leymah Gbowee "es más que valiente. Desafió la 'tempestad' Charles Taylor y lo obligó a la paz cuando la mayoría de nosotros, los hombres, huimos para salvar nuestra vida", dijo Nathan Jacobs, funcionario de 45 años.

En diciembre de 1989, después de haber iniciado una rebelión contra el presidente liberiano Samuel Doe, Charles Taylor se apoderó en pocos meses de la casi totalidad del país y se hizo elegir presidente en 1997.

Enfrentado a su vez a una insurrección armada, se vio obligado a dejar el poder en 2003, bajo la presión de la rebelión y de la comunidad internacional.

Durante la guerra y como asistenta social, Leymah Gbowee frecuentó cotidianamente a los niños soldados y cayó en la cuenta que "la única manera de cambiar las cosas, del mal hacia el bien, era para nosotros, mujeres y madres de esos niños, levantarnos y avanzar por el buen camino", declaró esta mujer, hoy madre de seis hijos, instalada desde 2005 en Ghana.

"Nada debería llevar a la gente a hacer lo que se hizo con los niños de Liberia", drogados, armados, convertidos en máquinas de muerte, explicó en un documental - "Pray the Devil back to Hell" (Ora y envía el Diablo de vuelta al infierno) - sobre la lucha de las liberianas por la paz.

Esta lucha "no es una historia de guerra tradicional. Se trata de un ejército de mujeres vestidas de blanco, que se irguieron cuando nadie quería hacerlo, sin miedo, porque las peores cosas imaginables ya nos habían ocurrido", escribió en su autobiografía.

"Se trata de la manera cómo encontramos la fuerza moral, la perseverancia y la valentía para levantar nuestra voz contra la guerra, y restablecer el sentido común en nuestro país", agregó.

Leymah Gbowee, que fundó y dirige varias organizaciones de mujeres, participó en la Comisión Verdad y Reconciliación. Un recorrido inesperado para quien reconoce haber sido una niña enfermiza - rubéola, paludismo, cólera - que " a menudo deseó estar sana".

Europe: Charter of Rights for Social Workers (Carta de Derechos para los Trabajadores Sociales)

2011-12-01T10:27:00.001+01:00

La Federación Internacional de Trabajadores Sociales (FITS - IFSW) en Europa se complace en anunciar el lanzamiento de una Carta de Derechos para los Trabajadores Sociales y de un video con sus logros. Los trabajadores sociales realizan una amplia gama de nuevas y exigentes responsabilidades en nombre del resto de la sociedad, incluida la protección contra el abuso de niños y adultos en situación de vulnerabilidad. Ellos luchan por los derechos de los individuos y grupos que son marginados o sufren alguna injusticia. Sin embargo, con demasiada frecuencia no reciben el nivel de apoyo de sus empleadores y de la sociedad en general requerida para llevar a cabo un papel tan importante y exigente.

El video destaca la contribución que los trabajadores sociales hacen en el bienestar de los individuos y grupos, que necesitan apoyo y asistencia para superar situaciones difíciles a las que se enfrentan muchos ciudadanos en algún momento de su vida.

La Carta de Derechos resume el apoyo que los trabajadores sociales necesitan para actuar con seguridad y asegurar el mejor resultado posible para los usuarios de sus servicios.

Los trabajadores sociales tienen el derecho a:

1. Lugares de trabajo saludables y seguros, libres de abuso.

2. Capacitar a los usuarios de los servicios

3. Hablar y participar en la acción social

4. Desarrollar relaciones profesionales con los usuarios del servicio

5. Vías de progreso en la profesión que mantienen la práctica

6. Oportunidades para un aprendizaje permanente

7. Calidad de la supervisión y apoyo cuando las cosas vayan mal.

8. Líneas claras de responsabilidad y autoridad

9. Cargas de trabajo razonables y protección contra el “burnout” (síndrome de desgaste profesional).

10. Trabajo de forma crítica, reflexiva y creativa

11. Defensa y lobby de los usuarios del servicio

12. Asesoramiento y representación

13. Asumir riesgos razonables

14. Pertenecer a una asociación profesional

15. Buenas condiciones de trabajo y salarios dignos

16. Respeto de nuestra ética profesional.

17. Contribuir a la Política de desarrollo

Proyecto de Fortalecimiento de Cáritas Congo

2011-11-28T20:03:00.001+01:00

Sonia Matas Rubio, estudiante de cuarto curso de Grado de Trabajo Social en la Facultad de Cuenca , ha realizado una estancia en Brazzaville (Congo), becada por el Programa de Cooperación Internacional de la UCLM (convocatoria 2011).

Su colaboración se ha centrado en la identificación de necesidades de la organización Caritas en el Congo (contraparte local) para dotar de contenidos al apoyo que se está realizando desde hace ya varios años por parte de Caritas Cuenca

Directores de Servicios Sociales dicen a Rajoy que lo que es "inviable" es "abandonar" a miles de dependientes

2011-11-18T11:59:00.000+01:00

MADRID, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, José Manuel Ramírez, ha replicado al líder del PP, Mariano Rajoy, que lo que "no es viable" es "abandonar a su suerte" a cientos de miles de personas dependientes y "poner en peligro" 200.000 puestos de trabajo.

El presidente de esta organización ha tachado de "preocupantes" las declaraciones del candidato 'popular' a la presidencia del Gobierno, que ha dicho este jueves que la Ley de Dependencia "no es viable" con el sistema que tiene de financiación y le ha pedido que explique "en qué se basa" para afirmar esto.

"La protección a las personas en situación de dependencia tiene un coste", ha señalado Ramírez, que también ha defendido que todas las personas que tienen responsabilidad en estas políticas "están obligados a procurar tanto la calidad en la atención, como la eficiencia para se lleve a cabo con el menor coste posible".

Asimismo, ha denunciado que el hecho de considerar inviable la protección a las personas en situación de dependencia que la ley les reconoce como derecho, "representa un paso atrás de dimensiones históricas" en el concepto constitucional de Estado Social, para retornar a las prácticas benéficas y asistenciales "pre-democráticas, ya superadas, y que hasta hace unas décadas marcaban el retraso de España respecto al resto de países europeos en protección social".

Para Ramírez, si se cuestiona la viabilidad de la Ley de la Dependencia, se cuestiona también el futuro de casi 200.000 puestos de trabajo actuales y un potencial de creación neto de otros tantos. "Somos plenamente conscientes de que hay muchas cosas mejorables en esta política y una de ellas --de enorme calado económico-- es que se articule correctamente, a base de servicios que descarguen efectivamente al esforzado sistema de salud del lastre que supone el gasto en atención a personas con enfermedades crónicas", ha aseverado.

Plataforma de Castilla-La Mancha en defensa de los Servicios Sociales

2011-11-14T23:52:00.000+01:00

La Plataforma de CLM en defensa de los Servicios Sociales ha sido creada por un grupo de profesionales y ciudadanos que valoran lo que se ha conseguido hasta ahora y que no están dispuestos a que se nos quiten los servicios sociales BÁSICOS y necesarios para cualquier población.

En su web se pueden seguir los pasos que van dando en esta lucha, de forma que podamos conocer en todo momento como y dónde podemos colaborar.

Este documento que ha elaborado un compañero de La Manchuela Albaceteña, nos ayuda a comprender más aún el motivo de la manifestación del día 12 de noviembre de 2011 en Toledo y las consecuencias que puede tener si la Administración Regional no rectifica sus decisiones y valora de verdad el Sistema de Servicios Sociales Básicos de la comunidad de Castilla-La Mancha que se ha conseguido gracias al esfuerzo de miles de personas.

2011-11-14T23:36:00.001+01:00

Castilla-La Mancha: Manifestación Regional en Defensa del Sistema Público de Servicios Sociales.

El 12 de noviembre de 2011, a las 12:00 h., profesionales de todos los ámbitos de los Servicios Sociales de Castilla-La Mancha acompañados por usuarios, amigos , familiares, en definitiva, acompañados por aquellos/as que SI creen en los Servicios Sociales públicos y de calidad, salieron por las calles de Toledo a gritar alto y claro que se protejan , que se mantengan e incluso que se aumenten unos servicios, que en época de crisis son más necesarios que nunca. Porque no somos un gasto, somos una inversión, porque no somos números, somos personas. El 12 del 11 de 2011 a las 12, por las venas de Toledo, corrió un torrente de DIGNIDAD.

Lectura del manifiesto:

Monográfico sobre Mary Richmond en Cuadernos de Trabajo Social de la Universidad Complutense

2011-11-09T23:30:00.002+01:00

Cada vez nos gusta más la revista de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Complutense. El volumen 24, correspondiente al año 2011, incluye diez artículos relacionados con la vida, obra y actualidad de Mary Richmond, elaborados por personas que la han estudiado en profundidad desde Zaragoza, Madrid, Sevilla...y en Argentina, Italia, Francia...

En el mismo número de la revista, pero fuera del monográfico, también encontramos pequeñas joyas, como la que a continuación recomendamos, muestra de como la perspectiva etnológica enriquece el análisis del funcionamiento del día a día de los Centros de Servicios Sociales:

«¿Y esto a quién se lo cuento, al ayuntamiento?»: trabajadores sociales entre la vocación y la burocracia. Un análisis antropológico del modelo de intervención de los Servicios Sociales a partir de la etnografía de una red asistencial madrileña, de Montserrat Cañedo Rodríguez

Resumen

A partir de la descripción etnográfica del funcionamiento de una red de asistencia social pública en el centro de Madrid, e incluyendo de manera especial el testimonio y el análisis de las prácticas de sus trabajadores sociales, este artículo pretende mostrar empírica y localizadamente de qué maneras y en qué sentido el modelo de intervención de los Servicios Sociales del Estado reproduce la marginalidad social, y cómo sus profesionales, situados en la frontera de la institución, viven en carne propia las contradicciones implícitas en dicho modelo.

Los trabajadores sociales se ofrecen para mediar en los desahucios

2011-10-24T10:24:00.000+02:00

Diseñarían un plan para reflotar la situación de las familias si se consigue paralizar los embargos hipotecarios

Publicado por CARMEN MORÁN en El Pais del 21/10/2011

Los trabajadores sociales proponen al Gobierno que modifique "ligeramente" un par de leyes, la ley concursal y la hipotecaria, de tal forma que permitan a los jueces paralizar los embargos hipotecarios para que las familias afectadas puedan seguir viviendo en sus casas mientras los servicios sociales reflotan su situación económica. "Se trata de familias que no están en riesgo de exclusión, pero que pueden estarlo si se les echa a la calle de un día para otro. Los servicios sociales siempre han desempeñado tareas de mediación familiar de tal forma que podríamos ayudarles a remontar su situación para que puedan seguir pagando la hipoteca", ha dicho hoy Luis Barriga, miembro de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales.

La red de servicios sociales públicos, con un trabajador social en cada pueblo es extensa y no necesitaría "más que reforzarse un poco" para atender estas situaciones de quiebra sobrevenida. Además el Parlamento ya aprobó estudiar la figura de un mediador para estas familias, solo que la legislatura concluyó. "La mediación entre las familias y los acreedores no requeriría ingresos adicionales, pero sí una buena redistribución de los que se tienen. Durante el periodo de mediación los recursos sociales para esas familias serían prioritarios", ha explicado Barriga.

Los trabajadores sociales pueden determinar cuándo se trata de deudores de buena fe, pero necesitan "tiempo para ello", por eso insisten en que los jueces tendrían que suspender el embargo mientras elaboran sus informes y ponen en marcha sus planes. "Esta cuestión debería ser prioritaria en el nuevo Parlamento que se forme tras las elecciones", ha dicho.

Cuando se trata de una empresa que entra en quiebra, en ocasiones no se permite embargar la fuerza productiva, la maquinaria, por ejemplo, para que sigan trabajando y ganando dinero y tiempo para pagar a los acreedores. "Con la vivienda no ocurre eso porque se trata de un derecho, y paradójicamente, por ser un derecho, pueden embargárselo".

La Asociación de Directoras y Gerentes, que hoy está reunida en Madrid, recordó que hay más de 94.000 ejecuciones hipotecarias. "Esto podría acabar afectando a un millón de familias", dijo Ana Lima, presidenta del Consejo Nacional de Trabajadores Sociales.

La asociación ha pedido, además un pacto para no dejar desatendidos a las personas más vulnerables en tiempos de crisis. "O se reforma la Constitución o se establece un pacto, no puede ser que la renta básica, que perciben los que se han quedado sin nada tenga 17 modelos en España", ha explicado Gustavo García Herrero. También han solicitado un cambio en el modelo de financiación de la Ley de Dependencia para que sea el coste del servicio que se presta lo que determine la cantidad que paga el Gobierno, y no la gravedad de la persona dependiente. "No hay que modificar la ley, solo un decreto", han explicado.

Por último, han recordado "las enorme cantera de empleo no deslocalizado que suponen los servicios sociales". "Por cada millón de euros invertidos se generan 30 puestos de trabajo, cuando la media en otros sectores es de 17. Invertir en política sociales es rentable", ha recordado el presidente de la asociación, José Manuel Ramírez.

Ana Lima ha dado a conocer también el manifiesto de la recién constituida Alianza para la Defensa del Sistema Público de Servicios Sociales en el que se pide que se "garantice la igualdad de acceso y la universalidad de los servicios y de las prestaciones en el marco de un desarrollo económico y social equilibrado

Los dependientes suman fuerzas

2011-10-24T10:21:00.000+02:00

Las asociaciones de afectados se unen en una plataforma estatal

En Público del 21 de octubre de 2011, por VANESSA PI

"Cuantos más seamos, más fuerza tendremos", coincidían esta tarde los representantes de varias asociaciones y plataformas de afectados por el incumplimiento de la Ley de Dependencia. La impotencia les ha llevado a constituirse como una plataforma estatal. La integran el Observatorio Social de la Dependencia de la Comunidad de Madrid, la veterana Plataforma de la Comunitat Valenciana, la de Alcorcón, Torrejón de Ardoz, la de Madrid, la Plataforma Dependencia Castilla-La Mancha y la de Jerez-Cádiz. Sus representantes han aprovechado la celebración del Congreso de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, en Madrid, para presentarse. Esperan que en breve se les unan las plataformas de Canarias, Murcia y Catalunya.

"La Coordinadora Estatal de Plataformas en Defensa de la Aplicación de la Ley de Dependencia nace de la demanda que está habiendo de plataformas y colectivos de CCAA ante la mala gestión en la aplicación de la Ley y la discriminación que sentimos respecto a otras autonomías, que sin considerar el color de sus gobiernos han demostrado que con voluntad política y las inversiones necesarias en servicios sociales, se puede aplicar correctamente la ley y atender adecuadamente a las personas en situación de dependencia", defienden. Los primeros esfuerzos de la plataforma se centrarán en luchar por los intereses de los dependientes de Castilla-La Mancha, a quienes la Junta les debe dos meses de prestación económica.

Aplicación estancada

Por su parte, la Asociación de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, ha denunciado en su congreso anual el estancamiento de las ayudas. Un 30% de las personas con el derecho a una ayuda reconocido aún no la reciben. Algunas autonomías han dejado de dar ayudas. Aragón y el País Valencià incluso van rebajando el número de beneficiarios, al no reponer a los que fallecen.

El congreso de la asociación también sirvió para denunciar los recortes sociales, justo cuando más personas necesitan ayudas, y alertaron del aumento de población que está en riesgo de pobreza. Familias que nunca antes lo estuvieron. La situación se agrava cuando no pueden pagar ni la hipoteca, lo que les aboca a la exclusión social. Los profesionales proponen habilitar la figura de trabajadores sociales que medien entre los bancos y las familias. Proponen un cambio en la ley hipotecaria y la concursal, de forma que los jueces puedan paralizar durante un tiempo los desahucios con el compromiso de que las familias, supervisadas por los trabajadores sociales, podrán volver a pagar la hipoteca en ese tiempo.

El Consejo de Trabajadores Sociales está impulsando, junto a sindicatos y asociaciones de consumidores, entre otros, la Alianza para la Defensa del Sistema Público de Servicios Sociales. Pretenden arrancar el compromiso de los partidos políticos de no recortar los servicios sociales hasta matarlos.

Gerentes de Servicios Sociales proponen que se utilice la red pública para mediar en desahucios con tutela judicial

2011-10-24T10:13:00.000+02:00

Publicado el 21 de octubre por EUROPA PRES -

La Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales ha propuesto en el marco del XVII Congreso Estatal que se celebra estos días en Madrid, que la red de servicios públicos sirva como mediación bajo tutela judicial ante los desahucios, y pueda poner en marcha planes de viabilidad para la recuperación de las familias afectadas. Esta es una de las iniciativas estrella que el sector plantea para dar salida a la situación de cerca de un millón de personas que se encuentran al borde de la exclusión social en España por quiebra sobrevenida a causa de la crisis económica.

En concreto, se trata de que los servicios sociales puedan intervenir cuando una familia es amenazada de desahucio, hagan un diagnóstico y dictaminen su riesgo de caer en exclusión social. Con esta circunstancia certificada, con un juez supervisando el proceso y con los acreedores informados, los trabajadores sociales trazarían un plan para reflotar a la familia de forma que pueda, pasado un tiempo, recuperarse y retomar el pago de las deudas. En ese lapso, tendrían prioridad en el acceso a los recursos públicos de asistencia.

Así lo han expuesto en rueda de prensa el director de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, José Manuel Ramírez; la presidenta del Consejo General de Trabajadores Sociales de España, Ana Lima; el coordinador técnico del Comité Científico de este XVII Congreso Estatal, Gustavo García; y el responsable del estudio económico sobre gastos e inversiones en los Servicios Públicos elaborado por la organización, Luis Barriga.

Los ponentes han incidido en que se trata no de atender a gente que está ya en situación de exclusión moderada o grave, sino de evitar que más personas incurran en estas circunstancias, porque los "170 desahucios diarios" que se están produciendo en los últimos meses (unos 93.000 en 2010) y la elevada tasa de paro "amenazan con crear unas bolsas de pobreza extraordinarias" como, según ha señalado Barriga, "no se ven desde los años 80".

Ramírez ha asegurado que para poner en marcha esta iniciativa, que la Asociación trasladará en los próximos días a los partidos políticos, no haría falta incrementar notablemente ni la plantilla ni los gastos de personal sino redistribuir con más eficiencia los recursos disponibles. En la actualidad, hay 4.000 trabajadores sociales en España, uno por cada 9.000 habitantes. El 77 por ciento de los empleados del sector lo son por empresas privadas, según la asociación.

No obstante, ha incidido en que todo aumento es "bienvenido" porque el gasto social en España está seis puntos por debajo de la media europea, la partida en comparación con Educación o Sanidad "es muy baja" y la crisis ha incrementado la demanda a los servicios sociales en un 40 por ciento.

Asimismo, la asociación sostiene que tampoco harían falta reformas legislativas profundas, aunque sí "pequeños retoques" sobre las normas de Ejecución Hipotecaria y Procedimiento Concursal para garantizar la tutela judicial efectiva. Además, habría que constituir la figura jurídica de Unidad Familiar en Situación de Riesgo de Exclusión, para garantizar la respuesta de las administraciones.

"Es algo que le interesa a todo el mundo, incluso a los bancos, que no quieren tener más pisos, quieren cobrar sus deudas", ha apuntado Ramírez. Por su parte, Barriga ha destacado que los trabajadores sociales saben "identificar cada situación, proceden de lo público, pueden distinguir a un deudor de buena fe de otro que no lo es y tienen un papel indiscutible como mediadores".

CAMBIO EN LA FINANCIACIÓN, CREACIÓN DE EMPLEO

La siguiente de las propuestas de este congreso es una reivindicación clásica ya en el sector de atención a la Dependencia. Reclaman un Real Decreto que modifique las condiciones de financiación a las comunidades autónomas en la aplicación de la ley, para evitar que por norma se concedan prestaciones económicas a cuidadores no profesionales en lugar de apostar por servicios específicos que generan empleo.

En este sentido, García ha señalado que si 100.000 de los 420.000 dependientes que reciben prestación económica comenzaran a recibir atención profesional a domicilio o se derivasen a una plaza residencial, se generarían 30.000 puestos de trabajo. Si además, los cuidados de los grandes dependientes y dependientes severos se vinculasen a servicios profesionales, con un incremento del 7% en los costes del sistema se generarían 10.000 empleos más.

"Esto supondría también una mejora en la atención a estas personas. Hoy las administraciones públicas no saben cómo están siendo atendidas 900.000 personas y eso es muy grave", ha añadido Lima, para incidir en que habrá casos de familias que con la prestación se ocupen correctamente de los dependientes y habrá otras en las que personas necesitadas de la ayuda estén en malas condiciones.

Por otra parte, los profesionales del sector reclaman una ley básica estatal que unifique los mínimos de la red de servicios sociales, para evitar "17 modelos diferentes", así como trabajan en el diseño de un "modelo de calificación" para evaluar los servicios sociales de cada comunidad autónoma, un sistema que en su opinión, debería poner en marcha el Estado.

Hay salida

2011-10-24T10:06:00.000+02:00

Publicado por LUIS BARRIGA en El País del 21/10/2011

Si Pangloss estuviera aquí, sin duda nos haría ver, resignado, que nuestro debilitado Estado de bienestar es el mejor de los posibles. El imbécil optimista habría deducido de inmediato que los recortes sociales son efecto inevitable de la crisis y que esta apareció precisamente para que se produjeran aquellos. Tal es el talante de quienes no dejan de repetirnos, como un mantra, que los recortes en el gasto público son la única salvación de lo que nos queda de Estado social. Falso.

Es obvio que el crecimiento de los servicios sociales en los últimos años ha sido exponencial. El reconocimiento de nuevos derechos, como la atención a la dependencia, y la necesidad de actuar ante turbias perspectivas demográficas y de gasto sanitario han supuesto, es verdad, el incremento del gasto público, como también nuevos cuidados a cientos de miles de personas, lo que era de justicia.

Percibir los servicios sociales (o la educación, o la sanidad) como un gasto público desbocado que hay que frenar a toda costa, es tan absurdo y falaz como el razonamiento del personaje de Voltaire.

Por cada millón invertido en servicios sociales retornan a las arcas públicas un 44% en forma de impuestos y cotizaciones sociales. Algunos estudios apuntan a tasas de retorno superiores al 65% si se considera el ahorro en prestaciones por desempleo. La generación de empleo por millón invertido en política social se sitúa entre 25 y 35 puestos de trabajo netos, estables y no deslocalizables. Podemos invertir mejor lo que gastamos, pero nunca podremos gastar lo que no recaudemos.

Pero aún hay más. Los servicios sociales son en esencia un factor protector de la cohesión social, y mucho más cuando las situaciones de dificultad económica agobian a tantas familias. Esa cohesión de la que aún disponemos es clave para que la recuperación económica y moral se acelere lo más posible. No nos dejemos encerrar en el estrecho túnel del recorte inmisericorde y ciego. Exijamos sensibilidad hacia los problemas reales de la ciudadanía, visión de Estado para las políticas sociales, e inteligencia económica. Hay salida.

El gasto en dependencia devora la partida de servicios sociales

2011-10-24T10:01:00.000+02:00

Los dependientes se llevan ya el 55% del presupuesto social - El dinero para atender otras necesidades en las comunidades se ha reducido en 1.300 millones

Publicado por CARMEN MORÁN en El país de 21/10/2011

El presupuesto de las comunidades autónomas para servicios sociales es cada vez mayor, pero se está desequilibrando a favor de la Ley de la Dependencia y en contra del resto de atenciones sociales. Para esto último, el gasto se ha reducido entre 2008 y 2010 en más de 1.300 millones de euros mientras que para los dependientes se ha elevado en casi 2.600 millones en el mismo periodo. Los dependientes atendidos en la actualidad pasan de 740.000, pero el resto de personas que necesitan alguna ayuda social podría rondar los dos millones (haciendo algunos cálculos con la última memoria del Plan Concertado 2008/09).

Un primer avance del estudio que prepara la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales demuestra que la dependencia ya representaría el 55% del total del presupuesto social de las comunidades (excluyendo lo que destina el Gobierno para ello).

Con la crisis, la cifra de personas con necesidad de apoyo no ha dejado de crecer: son, por ejemplo, familias que no pueden pagar la hipoteca, madres solteras que necesitan que un asistente a domicilio atienda unas horas a sus hijos, apoyo por una enfermedad sobrevenida, atención urgente por una situación de violencia familiar o alojamiento para el que ha perdido su vivienda. En 2008, los servicios sociales de atención primaria (como el médico de familia) recibieron en sus oficinas a 5.802.674 personas, cifra que en los años precedentes crecía entre el 7% y el 15% y que en 2009 dio un salto del 36% (excluyendo a Navarra y el País Vasco). Si se tiene en cuenta la opinión de los trabajadores sociales y de las ONG, la cifra aún desconocida de 2010 habrá experimentado otro récord.

Los datos de este borrador de la asociación de directoras y gerentes indican que, en la actualidad, las comunidades estarían poniendo casi tres veces más dinero que el Gobierno para la dependencia (teniendo en cuenta el número de atendidos, su gravedad y el coste de los servicios que se prestan), aunque, así como se dispone con fidelidad de la aportación del Gobierno, las cuentas autonómicas en este capítulo siguen siendo completamente opacas. "A medida que crece el presupuesto de la dependencia disminuye el del resto de los servicios sociales. Todo hace indicar que la dependencia está dando un buen bocado a las otras partidas, algo que ya nos temíamos", explica el presidente de la asociación, José Manuel Ramírez. A la espera de que haya datos disgregados por comunidades, Ramírez afirma que "el incremento neto interanual del gasto en servicios sociales se ha debido en buena parte a las aportaciones del Gobierno para la dependencia, más que al esfuerzo autonómico, que ha sido muy desigual". Como lo es en el gasto social en su conjunto, que alcanza una media de 256 euros anuales por habitante en España. Baleares, Valencia, Canarias y Madrid están muy por debajo de esa cifra. A pesar de la prioridad por avanzar con la Ley de Dependencia, todavía hay 305.675 personas con derecho a una ayuda que no la perciben, una lista de espera que no consigue reducirse.

Tiken Jah Fakoly- Plus Rien Ne M'étonne- (ya nada me asombra)

2011-10-18T11:47:00.000+02:00

El video esta editado por un miembro de la asociación de ecologistas Ben Magec, , que recientemente se ha desplazado por los institutos canarios para dar a conocer la situacion que se vive el los paises del África Occidental subsahariana. La cancion es de Tiken Jah Fakoly, un cantante de reage de Costa de Marfil conocido sobre todo por las numerosas criticas que hace en sus canciones y por sus tendencias rastafaris, motivos por los ha sufrido varios intentos de asesinato.

Manifestación en Albacete por los recortes en Servicios Sociales

2011-10-06T13:54:00.000+02:00

Publicado en ABC del 04-10-2011 con el título Cacerolada en Albacete por los "recortes" en Servicios Sociales.

Albacete, 4 oct (EFE).- Más de 300 personas se han congregado esta mañana en la Plaza del Altozano e Albacete para protestar por los "recortes" que a su juicio acomete la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en servicios sociales.
Los manifestantes, trabajadores de los servicios sociales y representantes sindicales, han mostrado su disgusto por los retrasos en los pagos mediante una 'cacerolada' y a través de numerosas pancartas en las que se criticaba la política del nuevo Ejecutivo.

UGT, Comisiones Obreras y el Colectivo de Trabajadores de los Servicios Sociales de la provincia de Albacete -convocantes de la manifestación que ha partido de la Plaza del Altozano y ha llegado a la sede de la Junta en Albacete- consideran que, debido al impago de los convenios por parte del Gobierno regional, existen numerosas personas, familias y colectivos desprotegidos.

Jesús Muñoz, trabajador social de Fuentealbilla, ha explicado que debido a los impagos de estos convenios "se está dando lugar a que haya servicios que no se estén pudiendo prestar a la población, aparte de los impagos a los trabajadores de la situación de estancamiento de los servicios sociales".

Muñoz ha indicado que no se pueden permitir estos retrasos porque motivan que los trabajadores no se puedan desplazar para atender a los municipios más pequeños, además de contar con menos apoyos de los habituales.

"No se han podido contratar a otros profesionales que años anteriores trabajaban con nosotros y dependían de trabajos que este año no se han puesto a funcionar", ha relatado.

Muñoz ha advertido que esto sólo es el principio de una 'rueda' de manifestaciones que "ya están convocadas en Cuenca" mientras que en otras provincias como Ciudad Real y Toledo están "a punto de hacerlo".

Los programas en concreto que se están viendo afectados por estas medidas tienen nombres y apellidos, como destacaba María José Tomás, representante de CSP-UGT.

"Además de la ayuda a domicilio, el programa de los jóvenes, los centros mujer, es decir de los programas específicos, tenemos muchas más cosas que pueden verse perjudicadas", ha dicho Tomás, para quien se trata de "un desmantelamiento de los servicios sociales en general".

José María Sanz, secretario de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras, por su parte, ha querido "dejar bien claro" que la movilización no se ha producido sólo hoy sino que "arrancaron en el mes de abril cuando la mancomunidad de la Sierra del Segura llevaba seis meses sin cobrar".

Tras este hecho, esto Sanz recordaba que "nos reunimos con el delegado de la Junta" aunque las negociaciones no han fructificado porque "seguimos igual, les deben once meses y no cobran", ha subrayado. EFE

Concurso fotográfico "Las oportunidades de la edad: Mujeres sabias"

2011-09-30T13:50:00.000+02:00

"Diosa hindú"

de Julia Bonanni

Bajo el título "Las oportunidades de la edad: Mujeres sabias", el Instituto de la Mujer ha organizado un concurso fotográfico. Reproducimos aquí algunas de las fotos e historias que nos han emocionado.

"La Pinturitas 2"
de David Martínez

A Marian se la conoce como "La Pinturitas" de Arguedas, municipio en el que realiza su arte en una casa abandonada al pie de la carretera. Algunos la tachan de loca, pero realmente "son los locos los que abren el camino que luego recorreran los sabios..." Una mujer apasionante que te explica su arte disfrutando de todos los pensamientos que le han llevado a él.

"Con nocturnidad y alevosía"

de Francisco García

Todas las noches de verano, cerca de las doce de la noche y para mitigar el calor de esta tierra de Granada en verano, esta señora se sentaba en un banco junto a una farola de la plazuela que hay delante de mi balcón y se ponía a leer durante un buen rato. A mi me enterneció bastante la escena y decidí inmortalizarla y ahora la comparto con vosotros.

"Llamada sorpresa"

de Blanca Morales

Esta señora tiene un hijo en el extranjero al que hace varios años que no ve . Me había pedido que le hiciera unas fotos para enviárselas. Fuimos al parque y allí hicimos unas cuantas y cuando prácticamente estábamos saliendo para irnos a casa recibió una llamada inesperada de ese hijo ,así es que no lo dudé ,aproveché ese momento mágico en el que ella estaba tan emocionada y este es el resultado.

EN DEFENSA DEL SISTEMA PÚBLICO DE SERVICIOS SOCIALES DE CASTILLA LA MANCHA

2011-09-30T13:05:00.000+02:00

Los/las profesionales de los Servicios Sociales de la provincia de Albacete nos han remitido la siguiente información respecto a la situación que en estos momentos se está viviendo en cuanto a la prestación de los Servicios Sociales:

Nuestro trabajo va dirigido, como ya conocéis, a las familias y menores, mujeres, mayores, inmigrantes, jóvenes, discapacitados, dependientes, cuidadores y a la población en general. En la actualidad, nos estamos encontrando con graves dificultades para poder continuar con los distintos servicios, dado que a día de hoy, la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha, no ha hecho efectivo el ingreso de los convenios para el 2011. Al no disponer de dinero, está siendo imposible poner en marcha los distintos proyectos dirigidos a mejorar la calidad de vida de la población, los profesionales no cobran desde hace 10 meses en algunos casos.

Todo ello está deteriorando seriamente la prestación de Servicios Básicos, algunos de los cuales vienen desarrollándose desde hace más de 20 años, con la consiguiente pérdida de derechos sociales, prestaciones, ayudas, apoyos en casos de emergencia social, etc.

Esta situación nos preocupa y desde la responsabilidad social que nos caracteriza, no podemos dejar de haceros partícipes de ella, aunque nos consta que desde vuestras organizaciones también estáis viviendo situaciones similares, dado que gran parte de vuestras actividades dependen de las subvenciones que ofrecen los distintos organismos públicos.

Llevamos varios meses realizando un gran esfuerzo por intentar superar esta situación, manteniendo reuniones, entrevista con el Delegado Provincial, noticias en prensa y medios de comunicación , sin obtener en ningún caso una respuesta clara

Por todo ello, queremos hacer un llamamiento a todos los profesionales de lo social (Asociaciones, ONG´S, Centros de la Mujer, Residencias de Mayores, Centros de Discapacitados, Centros de Menores.. ) y a toda la población en general, para que unamos todas nuestras fuerzas.

Por ello, se os convoca a la MANIFESTACIÓN CON CACEROLADA, QUE PARTIRA EL MARTES 4 DE OCTUBRE A LAS 12,00 H DESDE LA PLAZA DEL ALTOZANO DE ALBACETE, FINALIZANDO EN LA DELEGACION DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA LA MANCHA ( ANTIGUA FABRICA DE HARINAS ).

LEMA: ¡¡¡ EN DEFENSA DEL SISTEMA PÚBLICO DE SERVICIOS SOCIALES DE CASTILLA LA MANCHA!!!

CONVOCA: PROFESIONALES DE LOS SERVICIOS SOCIALES EN COLABORACIÓN CON LOS SINDICATOS: UGT Y CC.OO.

Alianza para la defensa del sistema público de servicios sociales

2011-09-26T10:14:00.002+02:00

Ana I. Lima, presidenta del Consejo General de Trabajo Social nos ha dado a conocer que el próximo 26 de septiembre se hará la presentación del Manifiesto de la Alianza para la Defensa del Sistema Público de Servicios Sociales con la presencia de las entidades que integran el grupo motor de la Alianza.

Puedes acceder al texto íntegro del manifiesto y mostrar tu adhesión a través de los siguientes enlaces:

http://www.cgtrabajosocial.es/alianza/

http://www.cgtrabajosocial.es/observatorio/documentos/manifiesto%20alianza.pdf

La Oficina de Información sobre Prestaciones Sociales de BERRI-OTXOAK

2011-09-20T11:41:00.000+02:00

RECORTES SOCIALES EN EL DEPARTAMENTO DE ACCIÓN SOCIAL

•En lo que vamos de año 2.500 familias ya han pedido cita para solicitar una ayuda económica al Ayuntamiento de Barakaldo.

•Esta situación se produce cuando desde el consistorio barakaldés se ha decidido reducir, para el año 2011, en un 10% el gasto en Acción Social y recortar en un 50% las prestaciones sociales.

•También se han recortado los programas dirigidos a la tercera edad, pensionistas y viudas con escasos recursos: como la ayuda domiciliaria, los centros de día, las estancias en residencias y las ayudas sociales a las que tuvieran derecho.

•Además se ha endurecido la normativa para el acceso a una asignación económica para las ayudas para hacer frente al pago de las hipotecas. El Ayuntamiento pretende que estas ayudas sólo se puedan pedir un año en la vida de una persona, o unidad familiar, y sobre una misma hipoteca. Hasta ahora el límite se establecía hasta que durara la situación de falta de recursos económicos; y se podía solicitar tantos años como fuera necesario para garantizar "el acceso a una vivienda digna".

APERTURA DE LA OFICINA DE INFORMACIÓN SOBRE LAS PRESTACIONES SOCIALES

•Esta mañana, a parte de denunciar los recortes sociales aplicados por el Ayuntamiento de Barakaldo, se ha procedido a abrir, por decimoquinto año consecutivo, la Oficina de Información Sobre las Ayudas Públicas de Acción Social. A lo largo de estos 14 años han pasado por este punto de información 5.271 familias afectadas por la falta de recursos económicos.

•Desde que comenzó la actual crisis económica han utilizado los servicios de este punto de información 1.959 familias. En tres años se han producido casi la mitad de las consultas atendidas en los 10 años anteriores. Lo cual demuestra el agravamiento de las condiciones socio-económicas de las familias de nuestro municipio y la comarca de Ezkerraldea.
• 671 familias se acercaron a este punto de información el curso pasado: un 15% eran pensionistas; el 20% tenían un empleo en precario y el 65% estaban desempleadas (de ellas un 14 eran paradas de larga duración y mayores de 45 años en un 12%).

BERRI-OTXOAK (Plataforma Por Los Derechos Sociales y Contra la Exclusión Social)

•En un archivo adjuntos os enviamos el comunicado de prensa y en este enlace podéis encontrar el vídeo sobre la presentación de nuestro punto de información en torno a las prestaciones locales recogido de la Televisión Local de nuestro municipio: TELE7. ¡te recomendamos que lo veas!

http://www.tele7.tv/index.php?option=com_content&task=view&id=39975&Itemid=1

BERRI-OTXOAK

(Plataforma Contra la Exclusión Social y Por los Derechos Sociales)

Renta de emergencia familiar en Gandía (Comuniad Valenciana)

2011-09-19T13:43:00.000+02:00

El nº 3 de la Revista TSnova que edita el Col-legi Oficial de diplomats en Traball Social de Valencia, correspondiente al primer semestre de 2011, incluye un análisis de una iniciativa llevada a cabo por el Ayuntamiento de Gandía para poner en marcha una prestación económica de caracter periódico denominada Renta de Emergencia Familiar (REF), que vienen acompañada de un conjunto de actuaciones de caracter municipal dirigidas a apoyar a los vecinos de la localidad durante 2009. Las actuaciones previstas se sitúan en el ámbito competencial de las administraciones locales sin sustituir actuaciones correspondientes a otras administraciones.

La Renta de Emergencia Familiar es una prestación económica periódica destinada a todas las familias que carezcan de recursos económicos suficientes, dirigido a cubrir las necesidades más básicas y mantener la calidad de vida de la familia, en un periodo de crisis económica.

Género: un concepto para el cambio social

2011-09-15T13:36:00.000+02:00

En el marco de la campaña Ciudad Planeta y bajo el paraguas de uno de sus tres temas vertebrales (el género), Entreculturas lanza una publicación bajo el título "Género: un concepto para el cambio social" con el objeto de declarar que la cuestión de género nos sitúa directamente en el corazón de los derechos humanos y de la justicia y encuentra en la educación una herramienta privilegiada de perpetuación de transformación.

Repensar la Dependencia

2011-09-12T18:01:00.000+02:00

La Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales han difundido la siguiente nota de prensa, fechada en Málaga el 12 de septiembre de 2011:

Másde un millón de personas tienen reconocido el derecho a recibir una prestacióno servicio en virtud de la Leyde Dependencia; 700.000 ya lo reciben. Los últimos datos oficiales de este mesde septiembre evidencian el estancamiento y ralentización del Sistema deAtención a la Dependencia. En algunas Comunidades, como la Valenciana, incluso se retrocede en numero debeneficiarios y en varias ni se reponen las ayudas que han dejado de prestarsepor fallecimiento, manteniendo el “limbo” de la dependencia en más de 300.000personas que esperan que se haga efectivo el derecho reconocido asignándolesuna prestación o servicio (en Canarias casi el 60% esta en lista de espera).

Mientrastanto en Castilla La Mancha–una Comunidad Autónoma que llevó a cabo importantes esfuerzos en la aplicacióny desarrollo de la Ley,el nuevo Gobierno de la Sra. Cospedal ha decidido no abonar las prestaciones delos dependientes desde junio. Entiende que no es un pago prioritario, como loson las pensiones no contributivas o sus propios sueldos, y les da el carácterde pago ordinario como se hace con cualquier proveedor. (No es lo mismo que seretrase el pago a una empresa que suministra papelería, por desesperante queresulte, a la villanía de no abonar la prestación a una persona dependiente conla que paga a su cuidador o la factura de la residencia donde vive). Laangustia e inseguridad con que viven las personas dependientes y sus familiaresestas situaciones son dramáticas.

También los datos corroboranque el sistema se quita del medio a estas personas con unas atenciones low cost claramente insuficientes dada lagravedad de muchos casos. Claro está que dependiendo de la Comunidad Autónomaen que se resida, la atención será más o menos intensa. En estos días de tanto (o tan poco) debatesobre la reforma de la constitución, resulta que esta se conculca alevosa ysilenciosamente al prestarse desde la Comunidades Autónomas unos servicios yprestaciones de muy diferente intensidad y cobertura. Eso es una inequidad queresulta inadmisible y que enfurece –impotente- a la ciudadanía en situación másvulnerable.

Por su parte, CIU insisteen el Parlamento que hay que repensar la Ley, cuando desde que dicha formación gobierna en Cataluña,el desarrollo del Sistema ha sido ralentizado y menospreciado al punto dellegar a decir el Presidente que la atención a los dependientes es un lujo que no nos podemos permitir. Gestionendiligentemente la Leyy atiendan a 61.949 catalanes dependientes que están en lista de espera desdehace meses, de lo contrario pensaremos que en lugar de repensar quierenrecortar –como ya está haciendo el Gobierno del Sr. Mas-.

Por supuesto que tenemosserios problemas de déficit de las Administraciones y que hay que tomar medidasurgentes. Pero no es menos cierto que una buena cobertura de la atención a laDependencia supondría ahorro en gasto sanitario y farmacéutico, generación deempleo asociado al sector de los cuidados personales, ahorro en prestacionespor desempleo y obtención de retornos fiscales.

De acuerdo, repensemosla Dependencia. Cambiemos el modelo mental de pensar en los servicios socialescomo un gasto cuando constituyen una inversión muy necesaria.

Para más información: José Manuel Ramírez, PresidenteAsociación de Directores: tlf. 650 38 3764

El Govern de Catalunya genera el caos en las Rentas Mínimas de Inserción

2011-09-02T11:23:00.000+02:00

ENTREVISTA: NÚRIA CARRERA Presidenta de los trabajadores sociales

"Criminalizar a los más pobres es una mala política social"

Publicado en El País, edición de Barcelona - 17/08/2011

Núria Carrera (Ribes de Freser, 1947) es presidenta del Colegio Oficial de Diplomados en Trabajo Social y Asistentes (Tscat) desde 2009. Carrera, que fue teniente de alcalde de Bienestar Social del Ayuntamiento de Barcelona y diputada provincial en la misma área, es muy crítica con el caos que el Gobierno ha provocado con la Renta Mínima de Inserción (RMI). El cambio en la forma de pago ha ocasionado muchos problemas a los trabajadores sociales que gestionan la ayuda.

Pregunta. ¿Cómo ha visto la actuación del Gobierno?

Respuesta. Se ha querido criminalizar a la gente más frágil apuntando al fraude. Criminalizar a los pobres es una mala manera de hacer política social. Ha habido falta de profesionalidad y rigor en el cambio de la forma de pago: buena parte de las personas no tienen domicilio fijo y la Generalitat lo sabe. Ha habido un gran caos, porque los trabajadores sociales no sabíamos nada. Se ha hecho por la puerta pequeña, en agosto y mal gestionado.

P. ¿Cómo afectará el cambio en la RMI?
R. Si privamos a la gente que tiene hijos de cobrar una ayuda añadida, los ahogamos a que sigan siendo pobres de solemnidad. Con 600 euros al mes, una familia con tres hijos no puede vivir. Si consideramos la RMI un instrumento de ayuda, para que la gente se reinserte, es un gran disparate. Nos ha chocado que nadie dé la cara.

P. Los consejeros estaban de vacaciones.
R. Los trabajadores sociales hemos tenido que hacer turnos de urgencias. Ha habido un caos extraordinario, los Ayuntamientos no han sido informados. Nos han dado la idea de que todos los usuarios son inmigrantes y no es así: hay catalanes que están en condiciones extremas. Retrasar un pago uno o dos meses lleva a una gran pobreza. Puede ser que alguien haya cometido una irregularidad, pero se ha castigado a todo el mundo. Los recortes se deben hacer manteniendo la protección a las clases más desfavorecidas. Los recortes sin consideración nos llevan a una gran crisis de cohesión social.

P. El Gobierno se escuda en que hay fraude en la RMI.

R. Puede haber fraude como en cualquier prestación. Es una parte muy pequeña. Pero considerar que solo defraudan los pobres... No hay que criminalizar a los pobres que no tienen otra forma de defenderse.

P. ¿Qué control se lleva para dar esta ayuda?

R. Los trabajadores sociales hacemos un diagnóstico. Se decide si puede percibir la ayuda y se plantea un tratamiento. Luego seguimos viendo a los usuarios porque siempre requieren de nuestra ayuda. Si la Generalitat quiere más control de seguimiento, que lo haga, pero bien.

P. Artur Mas aseguró que, sin los cambios, en octubre se acababa el dinero.

R. No es creíble. Recortémoslo de otro instrumento. Estamos obligados a proteger a los más frágiles: gente con muchos hijos, gente con problemas de consumo, parejas solas sin ingresos, personas mayores... Esta gente nos necesita en octubre, en noviembre y en diciembre.

P. ¿Han paralizado las ayudas?
R. No lo sabemos, no tenemos información.

P. La oposición denuncia que el Gobierno solo quiere ahorrar.

R. Ahorrarán muy poco dinero. Tienen que darnos recursos: solo escuchando no podemos dar respuesta.

P. ¿Hay que reformar la RMI?

R. Hay que entender la RMI como una ayuda agregada a otras. Hay que hacer diagnósticos precisos en cada caso, son 34.000 y muchos de alto riesgo.

P. ¿Qué explicación espera que den Mena y Cleries?

R. Incidirán en el fraude, cosa que es una mala estrategia política. Si quieren más controles y más rigor, nos encontrarán, pero esta no es la manera.

P. ¿Temen más restricciones?

R. Si hay más restricciones, levantaremos nuestra voz para defender los derechos de los que más lo necesitan.

Mena usó una base de datos desfasada para mandar los cheques de la RMI

Trabajadores sociales denuncian que Empresa usó registros anticuados e ignoró los actualizados por Bienestar

Publicado por ORIOL GÜELL / JESÚS GARCÍA en El Pais, edición de Barcelona del 23/08/2011

El caos de la Renta Mínima de Inserción (RMI), que este agosto ha dejado a decenas de miles de personas sin esta ayuda de último recurso de 420 euros, se debe en parte a que el Departamento de Empresa y Ocupación, cuyo titular es Francesc Xavier Mena, ha utilizado una base de datos con información anticuada para enviar los cheques a los beneficiarios, según ha podido saber EL PAÍS de fuentes de los órganos que gestionan esta ayuda. Este error ha hecho que muchos afectados no hayan recibido el talón bancario porque ha sido enviado a sus antiguos domicilios.

Han sido los trabajadores sociales los que han dado la voz de alarma, sorprendidos al toparse con casos en los que ellos mismos habían actualizado semanas o meses antes la dirección del beneficiario en la principal base de datos de la renta mínima -cuyo gestor es el Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales, que orgánicamente depende del Departamento de Bienestar Social- y comprobar luego que "a muchos de ellos se les ha enviado el cheque a direcciones antiguas", explica un asistente social de una importante ciudad del área metropolitana. "Empresa y Ocupación ha usado una versión antigua del sistema de información u otra base de datos que debe de tener como pagadora de la ayuda, pero se han enviado muchos cheques a direcciones equivocadas", añade.

La presidenta del Colegio de Trabajadores y Asistentes Sociales de Cataluña, Núria Carrera, confirmó ayer que numerosos profesionales le han hecho llegar la misma queja en los últimos días. Ayuntamientos como los de Sabadell y Tarragona también han constatado el envío a direcciones anticuadas. Victòria Pelegrín, teniente de alcalde de Tarragona, destacó el caso de una mujer víctima de maltrato a quien "el cheque llegó a su antiguo domicilio, pese a que el cambio había sido notificado hacía tiempo".

El caos de la renta mínima estalló a principios de agosto, cuando la Generalitat decidió cambiar sin aviso el sistema de pago de la ayuda, que reciben 34.000 beneficiarios y de la que dependen 110.000 personas en Cataluña. Esta vez, el Gobierno catalán envió un cheque a los beneficiarios en lugar de pagarles con la habitual transferencia bancaria. Con ello, se pretendía introducir por sorpresa una medida de control para evitar el fraude.

El resultado, sin embargo, ha sido un desastre que el pasado viernes aún tenía a uno de cada cuatro perceptores de la renta mínima esperando el cheque, según admitió el Gobierno catalán. Esto ha obligado a muchos Ayuntamientos y entidades como Cáritas y Cruz Roja a movilizar todos los recursos disponibles en agosto para avanzar el dinero a los afectados o proporcionarles comida.La RMI la gestiona la Generalitat mediante una comisión interdepartamental de la que forman parte, además de los departamentos de Empresa y de Bienestar Social, entes como el ICASS. Esta comisión cuenta con un sistema de información, manejado por el ICASS, que controla a todos los beneficiarios de la ayuda. "Cada trabajador social sigue la situación personal de varios beneficiarios", explica un gestor de la renta mínima. "Cuando observa un cambio en la situación del receptor de la RMI, lo comunica por teléfono o correo electrónico al ICASS, que lo actualiza inmediatamente. Esta es la base de datos más actualizada sobre la renta mínima, pero no sabemos por qué esta vez no se ha utilizado", añade este funcionario.

Los departamentos implicados tampoco aclararon el asunto. Aunque Empresa es el departamento que financia la renta mínima y, por tanto, el que envió los cheques, un portavoz aseguró: "Los datos de a quién y dónde hacerlo nos los proporciona Bienestar Social". Este departamento, dirigido por Josep Lluís Cleries, devolvió la pelota: "El pago de la renta mínima es responsabilidad de Empresa y fueron ellos los que eligieron qué datos utilizar para enviar los cheques", afirmó un portavoz.

Mena y Cleries deberán aclarar su actuación el próximo viernes en una comparecencia extraordinaria en el Parlament a la que han sido forzados a acudir por la oposición. Las diferencias entre ellos ya quedaron de manifiesto la pasada semana. Mientras que Cleries pidió disculpas a los afectados por los problemas causados, Mena adoptó una línea mucho más dura y acusó a miles de marroquíes de cobrar de forma fraudulenta la RMI, lo que le valió recibir acusaciones de racismo de partidos y entidades sociales.

Estas declaraciones fueron la guinda al creciente malestar que los problemas de cobro de la renta mínima han generado en las últimas semanas, en buena parte por ser una ayuda de supervivencia que los beneficiarios -parados de larga duración y personas con riesgo de exclusión social que no tienen ningún otro ingreso- necesitan cada mes para pagar el alquiler, comprar comida o hacer frente a las necesidades más básicas.

Todos los partidos; Ayuntamientos; el síndic de Greuges, Rafael Ribó; la presidenta del consejo asesor de la Generalitat en políticas sociales, Teresa Crespo; ONG, y el Colegio de Trabajadores y Asistentes Sociales han criticado la actuación de la Generalitat.

El Ayuntamiento de Vilanova i la Geltrú (Garraf), gobernado por CiU, ha sido uno de los últimos en anunciar que avanzará el dinero de la renta mínima a aquellas personas que este mes no la han recibido. Ahora mismo son 296 en esta población las que la cobran y los Servicios Sociales de la ciudad están estudiando cuántas de ellas se han encontrado atrapadas por los cambios introducidos. El concejal Francesc Sánchez aseguró que el Consistorio "no dejará a nadie en la marginalidad". "No es ni nuestra manera de hacer política ni nuestra manera de entender los servicios sociales", añadió.

Ayer lunes ya conocían la situación de dos de cada tres beneficiarios de la renta en el municipio, de los que al menos el 15% no la habrían cobrado todavía.

Francesc Sánchez entiende que la urgencia con la que la Generalitat ha tomado la decisión del cambio en el sistema de pago ha hecho que los Ayuntamientos se hayan visto obligados a reaccionar sin tener demasiada información sobre la cuestión, lo que en pleno mes de agosto les ha desbordado. "Si hubiéramos tenido información previa, seguramente podríamos haber actuado de otra forma".

En Tarragona, gobernada por el PSC, el Ayuntamiento confirmó ayer que decenas de personas aún no han cobrado la ayuda. Victòria Pelegrín, teniente de alcalde de Servicios a la Persona, atacó los cambios hechos por la Generalitat. "La medida no es correcta. Los cheques tardan mucho en llegar y estamos hablando de familias con muchas dificultades", lamenta la concejal.

Los servicios sociales están adelgazando cuando más ciudadanos los necesitan - Cientos de casos se derivan hacia organizaciones benéficas - Los expertos alertan de que así se rompe el pacto social

2011-09-02T11:01:00.000+02:00

La crisis deja en riesgo de exclusión a 200.000 núcleos familiares - El solicitante ha cambiado: ahora es un desempleado que necesita ayuda para salir a flote

Publicado por CARMEN MORÁN en El País del 15/08/2011

Las rentas básicas de inserción, que cobran aquellas personas que no perciben ningún otro ingreso, han experimentado un gran despegue con la crisis. Si en 2007 apenas se habían incrementado un 0,40% respecto al año anterior, en 2008 ya subieron más de un 10%, y en 2009 el salto fue del 37,3%. A la luz de la información que están ofreciendo algunas comunidades, y de lo que opinan los expertos, no es aventurado calcular que el año pasado la cifra rondara ya las 200.000 familias. Los datos, a los que ha tenido acceso este periódico, son oficiales, es decir, las autonomías los han remitido así al Gobierno, aunque no se han hecho públicos. Lo mismo puede decirse de los números de 2010: el Ministerio de Sanidad y Política Social ya los ha recibido, pero aún no los ha dado a conocer.

Las rentas de inserción, o básicas, las solicita el ciudadano en las oficinas de los servicios sociales públicos cuando no se dispone de ningún otro apoyo económico o se han ido perdiendo los que se tenían: primero el paro y después las demás ayudas que el Gobierno puso en marcha para paliar las consecuencias de la crisis. Los perceptores son familias que están en el umbral de la pobreza o en riesgo de caer en la exclusión. Cuando se llega hasta ahí es que se han agotado todas las redes que paraban la caída: familia, amigos, prestaciones públicas.

Marta, de Zaragoza, elige un nombre ficticio para salvar el estigma de la pobreza y contar que vive con su hija de seis años, a la que el padre dejó un día de pasar el dinero tras el divorcio. Era peluquera, pero la enfermedad se cruzó. Acaban de quitarle un riñón, así que el trabajo se esfumó. Ahora está "contenta", cobra 500 y pico euros y busca un empleo.

Estas pagas, que rondan cuantías de 400 euros, toman un nombre distinto en cada autonomía. Tal variedad nominal es a su vez indicativa de las muchas diferencias que existen entre comunidades en la gestión de esta ayuda. La perciben alrededor de dos de cada 1.000 habitantes, "una cifra muy pobre cuando se conoce que hay colas de gente esperando por ellas y que se está recurriendo a las organizaciones benéficas cuando falta el apoyo público al que deberían tener derecho", critica José Manuel Ramírez, presidente de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales.

Pero un dato distorsiona esa media: 25,44 personas de cada 1.000 la perciben en el País Vasco. En esta comunidad la Renta de Garantía de Ingreso (RGI) sobrepasa los 600 euros en algunos casos y también son beneficiarios los pensionistas cuyos ingresos son muy escasos. Cuando se trata de familias de tres o más miembros, el monto supera el 150% del salario mínimo interprofesional. Y puede haber complementos para pagar el alquiler de la vivienda. En este momento tienen 53.000 titulares de esta renta, con familia o sin ella, asegura el viceconsejero vasco de Planificación y Empleo, Javier Ruiz.

Pero la gran singularidad del modelo vasco radica en dos factores: que la renta es un derecho garantizado por ley para aquel que cumple los requisitos, y el fuerte vínculo del perceptor con la consecución de un empleo. "Es derecho y deber buscar y lograr un trabajo mientras se cobra esta renta, que en esta comunidad gestiona directamente el Servicio Vasco de Empleo", dice Ruiz.

Empleo y vivienda están considerados por los expertos los dos elementos fundamentales para evitar la exclusión social.

Pero en la mayoría de las comunidades, sin embargo, las rentas cada vez son menos de inserción y más básicas, es decir, su vínculo con el mundo laboral se va hundiendo y emerge apenas una esquelética prestación asistencial, que puede ser tan eterna como la marginación social del beneficiario. "Se están quedando escasas en la cuantía. Y hay disparidad en los requisitos que se piden para percibirlas. Antes de la crisis esta renta la cobraba gente que tenía un perfil difícil para encontrar empleo, pero ahora ha entrado en tromba una capa de población que ha perdido el trabajo y necesita ayuda para volver a encontrarlo y salir a flote. Son dos perfiles bien distintos", explica Ramírez, de la Asociación de Gerentes de Servicios Sociales. "El consenso social existe, todo el mundo está de acuerdo en que estas rentas deben tener una relación directa con el empleo, pero es cierto que hay perfiles que no alcanzan las condiciones que exigiría un empleador. A esta gente cabe exigirle criterios de inserción social, como que tengan a los hijos escolarizados, vacunados, etcétera. Quizá en esos casos la renta puede ser ilimitada. No sería algo tan costoso siempre que se atendiera bien la otra pata, la de los que han de volver al mercado laboral. En estos casos el criterio debe ser la inserción laboral, por encima de cualquier otro", sigue Ramírez. "Y quizá para ellos debería ser una renta temporal, que evite la tentación subsidiaria".

Marta sabe que debe buscar trabajo, y que ha de encontrarlo, porque su madre ya la ayudó cuanto pudo. "Esta paga no es para siempre. Además, si no lo encuentro tendría que vender mi piso o alquilarlo y vivir con mi madre. Y las dos estamos ya acostumbradas a vivir solas", se ríe.

En el País Vasco hay convenios con empresas de empleo experimental, de empleo protegido y programas de contratación preferente para perceptores de la renta de garantía de ingresos. Se trataría con ello de rescatar a aquellos cuyo perfil no está ligado por completo a la exclusión, pero no a los que tienen facilidades para encontrar trabajo en cuanto la economía se enderece un poco. "Algunos no lo conseguirán nunca, pero no solo hay que atender a los que están preparados para lograrlo. Si algo justifica la existencia de servicios sociales públicos es la atención a colectivos en riesgo, pero que presentan habilidades personales y motivación", dice Ruiz.

José Manuel Ramírez hace hincapié además en que no se debe olvidar la inserción social, es decir, acompañar estas rentas con los mecanismos necesarios para situar a esas personas, de nuevo, dentro de los márgenes sociales. Los expertos mantienen que la renta mínima debe preservarse y en su mayoría rechazan las formas cómo la Generalitat de Cataluña ha intentado cambiar la forma de hacer efectivos los pagos con el argumento de intentar combatir el fraude.

Mínimo común para la paga mínima

La renta básica no es, a priori, un derecho del ciudadano que el Estado tenga, por tanto, la obligación de proveer. Por eso su concesión está sujeta a la disponibilidad de dinero por parte de las Administraciones. Y en la actual situación de crisis, con las arcas públicas casi vacías, eso implica que en muchos de estos casos, hasta miles de ellos, se están derivando sin más a las organizaciones benéficas.

Pero en los últimos años este planteamiento está cambiando. Algunas comunidades autónomas han ido redactando leyes de servicios sociales que mejoran este aspecto. En el caso del País Vasco, por ejemplo, esta renta ya es un derecho. En otros territorios iban camino de ello, pero la crisis se ha cruzado en su implantación y no se han desarrollado las leyes.

El reto, dicen los expertos, es una ley estatal, un marco general que ponga unos mínimos comunes en este panorama. "Si el Estado es quien fija la cuantía que se percibe como salario mínimo interprofesional, también debería fijar la renta para toda España, al menos el suelo, sin perjuicio de que las comunidades las aumenten", señala Patrocinio de las Heras, que fue una de las responsables de la política social en los ochenta, cuando se pusieron las bases del cuarto pilar del Estado de Bienestar, los servicios sociales tal cual se conocen ahora. Y no solo con la cuantía han de establecerse unos mínimos comunes, también con los requisitos para acceder a estas rentas, dicen los expertos. Pero para esto es necesario que se libre un dinero a las comunidades, si no, ninguna querrá entrar en el asunto, sostienen. Pero ahora, cuando más atención necesitan las políticas sociales, más paradas están las reflexiones y la tijera está haciendo de las suyas. La red europea contra la pobreza (EAPN, en sus siglas inglesas) en la que participan delegaciones de unos 30 países, ya ha dado la voz de alarma. En su última reunión en Lisboa, en junio, redactaron un manifiesto donde se pide a los Estados que "obliguen a los bancos a asumir su parte del desastre y se introduzcan impuestos sobre las transaciones financieras para financiar la inversión social".

Y recuerdan la necesidad de establecer una renta mínima adecuada en el marco europeo. Parecidas reflexiones se recogen en el manifiesto de los trabajadores sociales firmado en mayo en Zaragoza.

Para la crisis, derechos asistenciales, no caridad

2011-09-02T10:58:00.000+02:00

Los servicios sociales están adelgazando cuando más ciudadanos los necesitan - Cientos de casos se derivan hacia organizaciones benéficas - Los expertos alertan de que así se rompe el pacto social

Publicado por CARMEN MORÁN en El País del 16/08/2011

Los profesionales de los servicios sociales públicos se lamentan con frecuencia de que este pilar del Estado de bienestar es la cenicienta entre los cuatro existentes -con las pensiones, la educación y la sanidad-. La crisis les está dando la razón con abundancia, porque justo en estos años en que se redoblan las carencias, los que temían pasan a ser pobres y los que ya lo eran cruzan la raya de la exclusión; en momentos en que el desempleo vacía la nevera y muestra su cara más amarga a los jóvenes que no completaron estudios; cuando las aguas se vuelven turbulentas en aquellos hogares reunidos de nuevo por el impago de hipotecas... Justo ahora, los servicios sociales están pasando más hambre que nadie.

"Se puede decir que los están dejando en los huesos, en su estructura más básica, y encima hay una tendencia a devolverlos al asistencialismo, más propio de la antigua beneficencia que de un derecho público consagrado", critica Ana Lima, presidenta del Consejo de Trabajadores Sociales.

Se refiere, por un lado a la escasez de presupuestos, los que destina el Gobierno han disminuido en nueve millones y los convenios que mantenían las comunidades y los Ayuntamientos con empresas para la atención de las muchas necesidades sociales "están reduciéndose o, directamente, no se renuevan", afirma Lima. "Es fácil que todo eso ocurra porque no hay una ley estatal, ni comunitarias, que los garantice: son solo convenios que se firman en épocas de vacas gordas, pero que se echan abajo en situación deficitaria", dice. En paralelo, asistimos a "una visión asistencialista, paliativa, un parcheo aquí y allá, donde surge la necesidad. Eso es más propio de la labor, encomiable, que desarrollan las organizaciones benéficas privadas, pero los servicios sociales son mucho más que eso", afirma Lima.

Para empezar, son un derecho, no una simple ayuda caritativa, por tanto, tratan de alejar el estigma de aquellos que solicitan este apoyo en momentos de carencias. Cuando Nuria (no quiere apellidos) decidió que la familia no debía seguir sosteniendo su precaria situación económica acudió a la asistente social en busca de una renta básica de inserción. "Al principio no me hacía mucha gracia, la verdad, me daba la impresión de que estaba pidiendo limosna, mendigando, pero pensé, -y mis hermanos me convencieron-, que si existían estos organismos, y si estaban para eso... Aunque bueno, sigue sin hacerme gracia, yo lo que quiero es trabajar y decir, 'esto me lo he ganado'. Lo otro, quieras que no, me lo dan. Ya sé que también es con mis impuestos, pero...".

Los servicios sociales, además, abordan cada caso de una manera integral, o tratan de hacerlo. Conseguir una renta de inserción, que ronda entre 400 o 500 euros, según los casos y las comunidades autónomas, requiere algo más que pasar por una débil situación económica. "Mi hija y yo nos hemos comprometido a acudir a las oficinas de empleo siempre que nos llamen. Aunque ella está en la universidad, gracias a las becas, siempre puede trabajar en fines de semana o en vacaciones, algo que sea compatible con los estudios", dice esta zaragozana. Los servicios sociales le ayudan también a redactar currículos, preparar entrevistas de trabajo... "Y ahora, en septiembre, empezarán los cursillos formativos: puedo elegir, pero tengo que hacer alguno de ellos", señala.

Todas esas funciones de acompañamiento, análisis de la situación, relaciones con otros servicios, como el educativo, el de la vivienda, el sanitario, son parte de las tareas que desempeñan los trabajadores sociales. Dar solución completa a situaciones complicadas.

Están para ayudar a encontrar empleo, insistir en que los hijos deben estar escolarizados, negociar cambios de vida, buscar la mejor solución formativa, resolver convivencias conflictivas. "Eso no se puede despachar con una simple ayuda económica, ni montando un comedor social", dice Lima, por más que la situación de crisis requiera medidas de urgencia, que también hay que atender, incluso de forma prioritaria.

Las cifras indican, desde luego, que las necesidades, algunas primarias, están multiplicándose: la petición de una renta básica, como la que pidió Nuria a sus 54 años, separada, sin trabajo, se han incrementado más de un 30% y hay colas para solicitarlas. También las ayudas de emergencia, que se reciben de forma casi inmediata, se han elevado un 80% o más en algunos lugares. Prueba de todo ello es que el número de personas que se acercan a la ventanilla de los servicios sociales públicos en busca de apoyo, económico o de otra clase, creció un 36% en 2009, hasta alcanzar casi ocho millones de usuarios.

Que cientos de esos casos se estén derivando hacia ONG y organizaciones benéficas indica en qué condiciones están los servicios sociales, justo cuando más se necesitan. "La reducción del gasto público social está afectando negativamente al bienestar y la calidad de vida de grandes sectores de la ciudadanía. Estos recortes no pueden ser sustituidos por acciones benéficas de carácter caritativo. Estas organizaciones no tienen ni los recursos ni las infraestructuras para suplir los servicios públicos que están siendo eliminados. Es volver al siglo XIX, cuando ya estamos en el siglo XXI", critica Vicenç Navarro, catedrático de Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra.

"Lo que es indignante es que se diga que España no tiene los fondos para mantener o incluso expandir el gasto público social cuando los datos muestran que el gasto público social es mucho más bajo que el que le corresponde por su nivel de riqueza económica. El PIB per cápita de España es el 94% del promedio de la UE de los 15. Y en cambio, el gasto público social por habitante es solo el 74% del promedio de esos países. Si fuera el 94% nos gastaríamos 66.000 millones de euros más de lo que nos gastamos en nuestro Estado de bienestar", explica Navarro. Cree que los recursos existen "pero el Estado no los recoge porque teme enfrentarse con los grupos financieros, económicos y clases sociales adineradas que no contribuyen a las arcas del Estado como lo hacen sus homólogos en la UE de los 15", critica.

"Desde luego, volver al asistencialismo no es la solución", comienza Miguel Laparra, profesor del departamento de Trabajo Social de la Universidad Pública de Navarra. Tampoco cree, a pesar de los negros datos que revelan los estudios que ha efectuado, que "la máxima prioridad sea todavía la comida". "Lo que sí está poniendo de manifiesto la crisis es la debilidad del sistema de garantía de ingresos. No hay garantías para esa gente que ya no cobra nada. Eso es lo que se tendría que hacer seriamente. Revisar las rentas de protección por desempleo, las no contributivas, y las rentas de garantías de inserción. Un sistema que cubra las necesidades por completo", afirma. Las comunidades autónomas, dice, han aumentado esas rentas, "pero partían de niveles de desprotección, que apenas cubrían nada. Si la gente tuviera esos mínimos garantizados, los servicios sociales podrían trabajar con más eficacia y tranquilidad. Además, encontrar vías para financiarlo no es difícil y es barato", asegura. Para Laparra, la forma más digna, de más calidad y menos estigmatizante es salvaguardar el capital humano. "Obligar a la gente a ir a un comedor social, sea de quién sea, siempre es un proceso de destrucción de la dignidad que pasa factura", dice.

Así lo cree la presidenta del Consejo de Trabajadores Sociales, Ana Lima, por eso lamenta que algunos Ayuntamientos crean que haciendo un comedor social pueden suplir la labor de los servicios sociales. "Pretender que un servicio público sea el que reparta comida es equivocarse. Nosotros damos bonos para que la compren en el supermercado, no se debe mandar a toda una familia, con hijos, a comer al comedor social. Colgarles la etiqueta de pobres, gratuitamente, solo porque hayan perdido el trabajo. Hay pobres, claro, en realidad hay varios perfiles, los comedores sociales tienen sus usuarios y los tendrán siempre".

Los que trabajan en las redes sociales tampoco creen que desmantelar los servicios sociales públicos conduciéndolos hacia tareas asistencialistas sea la solución. "El papel del tercer sector debe ser complementario, pero la responsabilidad pública es fundamental", dice el responsable de Estudios de Cáritas España, Francisco Lorenzo. "El objetivo de unos y de otros debe estar relacionado con la promoción, la conquista de la participación y el empoderamiento de estas personas, no solo con la subsistencia", asegura. Pero lo cierto es que tanto unos como otros están más dedicados a lo último, los primeros porque no dan abasto y por falta de presupuesto para otras tareas más de fondo, y los segundos porque están viendo como una avalancha de gente acaba en las organizaciones sociales derivadas de los servicios sociales públicos.

¿Justifica una situación de crisis, por más feroz que esta sea, el adelgazamiento de los servicios sociales o más bien debería ser al contrario?

"Para volver a la beneficencia, por más que alguien lo pretendiera, se necesitaría cambiar la Constitución. El artículo 1, el 10 y el 41 consagran la dignidad personal y la protección social de la ciudadanía como derecho fundamental. La beneficencia pública entra en contradicción con un Estado social de Derecho", dice Patrocinio de las Heras, que fue en los ochenta responsable de Acción Social, del Instituto Nacional de Acción Social y del Inserso. "En la crisis de 1973, la del petróleo, los trabajadores que se quedaban en paro adquirían su cartilla de beneficencia. Esas familias pasaban a ser pobres, si necesitaban sanidad iban a hospitales de caridad, los hijos a escuelas especiales, había orfanatos, los gitanos tenían sus escuelas en los poblados... Todo un sistema de caridad organizado para los menesterosos. Esa población quedaba en la marginación institucional. Había una cobertura social para los que trabajaban y tenían ingresos y la beneficencia pública para los pobres", recuerda De las Heras.

Para financiar toda aquella caridad del Estado no servían los impuestos, se recurría a las tómbolas, casas de juego, espectáculos variados, circo, toros, teatro, quinielas. Aquello se acabó. "El pacto social es sencillo, el ciudadano sostiene al Estado con sus impuestos, y el Estado prioriza y sostiene al ciudadano cuando tiene necesidad de educación, sanidad o de una renta básica. Si eso no se respeta se deslegitima el Estado, nos cargamos la democracia y el pacto social que la sustenta. El ciudadano debe saber que está protegido, que pagó impuestos para eso. Si se hunden las pensiones, para qué hemos pagado, se preguntarán. Y hay que pagar impuestos, si no con alegría, al menos con conciencia", afirma De las Heras.

A pesar de todo, los ciudadanos no tienen claro todavía que se puede acudir a los servicios sociales en caso de necesidad. "Muchos no los conocen tanto como debieran, el primer apoyo lo buscan en la familia", reconoce Ana Lima. Y aunque sepan de ellos, a muchos, como a Nuria, todavía les da vergüenza reclamar lo que les corresponde.

El escenario de la bondad

2011-09-02T10:55:00.000+02:00

Publicado por GUSTAVO GARCÍA HERRERO en El País del 16/08/2011

Hasta los años ochenta del pasado siglo continuaban activas en España algunas instituciones que, en el resto de Europa, eran memoria histórica: el padrón municipal de beneficencia, asilos, orfanatos y otros centros que configuraban el conglomerado de la Beneficencia pública o privada. Los servicios sociales modernos han puesto mucho empeño en romper su vinculación con ese pasado. Algo que no es fácil cuando todavía hay quien piensa que ingresar a sus padres en una residencia es algo de lo que los hijos tienen que avergonzarse; o quien se resiste a que el servicio de ayuda a domicilio atienda a un mayor en su casa, teniendo hijas que puedan hacerlo.

Pero los avances de los servicios sociales en las últimas décadas se ven amenazados actualmente por la reducción del gasto público y por el incremento de necesidades de subsistencia que obligan a dedicar a ello los recursos, en detrimento de otras actuaciones consustanciales al nuevo sistema de servicios sociales ¿Supone eso un retorno a la beneficencia?

La beneficencia era un sistema para atender a los pobres con unas prácticas graciables. Frente a eso, las prestaciones de derecho, como las que establece la Ley de la Dependencia o las nuevas leyes autonómicas de servicios sociales, constituyen un marco radicalmente distinto. En su contexto cualquier ayuda o servicio, incluso para atender necesidades de subsistencia, es un derecho de ciudadanía. Nadie debe avergonzarse de recurrir a ellas si las necesita, como nadie se avergüenza por tener que ingresar en un hospital. Quizás la situación obligue hoy a dedicar gran parte de los escasos recursos de los servicios sociales a atender necesidades de subsistencia. Para que eso no suponga un retorno a la beneficencia hay que desarrollar los catálogos de prestaciones de esas leyes autonómicas, sin renunciar a ir más allá de la ayuda económica y material, ofreciendo orientación y apoyo profesional a cada situación para contribuir a superarla, sabiendo que la desmotivación es la peor consecuencia de la crisis sobre las personas a las que golpea con más virulencia.

Pero la beneficencia era también una estética: el benefactor frente al pobre, cuya cualidad de desvalido no dejaba de evidenciar. Las ayudas que se demandan a los servicios sociales y a las ONG no pueden hacerse a costa de su dignidad. A nadie se debe catalogar de pobre o excluido por solicitarlas, ni exponer sus necesidades para loa de sus benefactores. Tampoco puede hacerse a costa de su intimidad: mejor ayudar a una familia en su propio domicilio que hacerla acudir a un comedor social; mejor generalizar becas de comedor escolar para que el alumnado tenga una buena alimentación, que señalar a alguno de ellos como pobre con ayudas específicas.

Decía Nietzsche que "el que siempre da corre el peligro de perder el pudor. El que siempre reparte acaba por tener callos en las manos y en el corazón a fuerza de repartir". Ese es el riesgo ahora: perder la sensibilidad y convertir las necesidades de muchas personas en un escenario donde destaque nuestra bondad. Sin cambiar nada. Como en la antigua beneficencia.

.

La creación de plazas geriátricas ha sufrido un frenazo severo

2011-09-02T10:52:00.001+02:00

Entre 2009 y 2010 el incremento fue cuatro puntos menor que años atrás

Publicado por CARMEN MORÁN en El País del 08/08/2011

En pleno desarrollo de la Ley de Dependencia, cuando miles de ciudadanos querrían una plaza en un geriátrico, el incremento del número de camas ha sufrido un severo freno. De 2005 a 2008, la cifra de plazas residenciales venía subiendo cada año alrededor del un 5%, pero de 2009 a 2010 solo creció un 1,6%. En total hay 354.955 plazas en toda España, sumadas públicas y privadas. Y no todas están ocupadas. Los datos son de un estudio elaborado por la empresa DBK, especializada en estos análisis sectoriales.

Las grandes empresas del ramo están sufriendo un verdadero ahogo. A una planificación desaforada y sin criterios oportunos se ha sumado la crisis. Las administraciones están sin fondos para establecer conciertos que puedan satisfacer el gasto que requieren esas plazas. La peor parte se la esta llevando el sector privado. Y eso que el aumento en la dotación de las plazas privadas se debe sobre todo a la concertación, que se incrementó en un 8,5%, lo que contrasta con el descenso del 1,7% contabilizado en la dotación de plazas privadas puras, según el estudio de DBK.

"Antes, de cada 100 abuelos que salían del hospital, 20 entraban en residencias, ahora apenas un 5%", asegura el presidente de Vitalia Home, José María Cosculluela. Eso, cuando no ocurre lo contrario, es decir, familias que sacan a los suyos de las residencias porque así se ahorran pagarlas y, de paso, pueden contar con la pensión del abuelo o con una paga para cuidar al dependiente. El Gobierno quiso poner freno a esta tendencia y advirtió que no se podía sustituir una plaza concedida en una residencia por un ayuda económica sin una justificación adecuada. Fue en 2009. Cuando el paro deja a las personas en casa es factible que estas se encarguen de los ancianos.

La tendencia a la baja en el incremento anual del número de plazas tiene que ver también con la reconversión del sector. Porque a pesar de que se consolidan progresivamente los grandes grupos empresariales, "la oferta continua integrada fundamentalmente por pequeñas empresas que gestionan uno o dos centros de reducida dimensión y de ámbito local", se explica en el estudio de DBK. Y muchas de esas pequeñas empresas no se adaptan a los nuevos requisitos, o no podrán adaptarse nunca. Por tanto, irán desapareciendo o bien renovando sus instalaciones para poder recibir dinero público a cambio del ingreso de ancianos.

Así, entre las privadas, algunas comunidades han perdido varias residencias, por ejemplo seis menos en Madrid, cinco en Cataluña, cuatro en Castilla y León o tres en Andalucía. Todo ello entre 2009 y 2010. Lo que no quiere decir que, a cambio no se hayan construido otras.

Pero el número total de plazas residenciales ha de ponerse en relación con la población mayor de 65 años. De esta manera se aprecia qué comunidades están más necesitadas. Murcia, Canarias y Andalucía son las que menos plazas tienen por cada 100 personas mayores de 65 años, según un estudio del CSIC para el Imserso basado en encuestas. Y en Canarias se siguen perdiendo, un 0,6 en ese periodo. Andalucía solo ha ganado un 0,5%. Murcia, sin embargo, ha incrementado el número de plazas entre 2009 y 2010 en un 10,8%. Valencia, que también está por debajo de la media nacional en el número de plazas residenciales tampoco ha creado muchas, apenas un 0,7% en ese periodo.

Madrid, por ejemplo, ha perdido un 0,1%, pero esta comunidad está por encima de la media en la relación entre plazas y personas mayores de 65. Más alta aún es la tasa de La Rioja, así que la pérdida de camas en geriátricos que sufre esta comunidad no es tan reseñable.

Los datos oficiales sobre residencias que debía haber presentado el Gobierno el año pasado y que aún no se han hecho públicos impiden una planificación del sector basada en referencias exactas, es decir, dónde y cómo construir. Y este no es un asunto menor, dada la envejecida población española y las derivaciones sobre el empleo que tiene este sector.

La ocupación de plazas residenciales es uno de los principales motores de empleo de todas las ayudas que se prestan por la Ley de Dependencia. Y permite, además, que las personas que cuidan ancianos, mujeres en su mayoría, dispongan del tiempo suficiente para buscar también en el mercado laboral.

La crisis eleva un 36% la petición de ayuda en los servicios sociales

2011-08-30T19:44:00.000+02:00

Casi ocho millones de personas necesitaron apoyo institucional en 2009

Publicado por CARMEN MORÁN en El País del 08/08/2011

Los responsables de los servicios sociales municipales lo vienen detectando año tras año, desde que empezó la crisis: la gente que llama a sus puertas se ha ido multiplicando. En 2008, los servicios sociales, el cuarto pilar del Estado de bienestar, atendieron a 5.802.674 personas, una cifra que en los años precedentes había crecido a un ritmo entre el 7% y el 15%. Los últimos datos que las comunidades han remitido al Gobierno, a los que ha tenido acceso este periódico, corresponden a 2009 y han hecho saltar el porcentaje hasta el 36%: casi ocho millones de usuarios pidieron información, ayuda o ambas cosas en los servicios sociales. No se incluyen los datos de Navarra ni del País Vasco.

Los mayores y las familias son los dos colectivos que más ayudas demandan y reciben. La infancia y los discapacitados copan el tercer y cuarto puesto en el total de los apoyos que se prestan.

El trabajador social de base (como el médico de familia) es la ventanilla de entrada de cada caso y su número de pacientes se ha elevado notablemente. Los algo más de 4.000 trabajadores tocan a unos 1.500 usuarios al año. Eso ralentiza el tiempo de espera o disminuye el horario de la consulta, lo mismo que en la sanidad. A ello hay que sumar los trámites de la Ley de la Dependencia, que también se gestionan en un primer momento en estas oficinas.

María José Redondas es trabajadora social en Viveiro, en la costa lucense. Dedica dos días de atención al público, de nueve a dos de la tarde. En el mismo tiempo antes pasaban por su oficina de ocho a 10 personas. Ahora no bajan de 15. "No se trata solo de asesorar. A esto hay que echarle mucho tiempo y también imaginación, para ayudarles a encontrar empleo", dice. Esas "tareas de acompañamiento" incluyen el estudio del caso, la valoración integral de la situación en la que se encuentran las familias, el diagnóstico, análisis de los recursos más adecuados, elaboración del proyecto de intervención y el seguimiento y evaluación. "Para todo ello tendríamos que realizar una o dos entrevistas personales y con mucha probabilidad una visita a domicilio, y más papeleo. Eso no se despacha en una consulta de 10 minutitos", asegura. También recuerda Redondas que hay que ponerse en contacto con otros departamentos, como salud, vivienda, educación...

"Y el desbordamiento de la atención primaria no lo es tanto por el volumen de personas solicitando ayuda, como por la práctica inexistencia de políticas protectoras decididas, ágiles y globales. Se ha avanzado algo en sistemas de garantía de renta básica como derecho de ciudadanía, pero de una manera insuficiente y dispersa. Que los servicios sociales públicos deriven muchas de estas situaciones a las ONG, por muy encomiable que sea su labor, es una situación que raya en lo vergonzoso para un Estado social moderno como pretende ser el nuestro", critica Luis Barriga, miembro de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales.

La crisis está afectando a todos los profesionales de la intervención social, no solo a los trabajadores sociales, porque están desapareciendo algunos servicios que se gestionaban desde estos centros públicos a través de otras empresas. "Así que se puede decir que tenemos menos gente y más demanda, sí", lamenta la presidenta del Consejo de Trabajadores Sociales de España, Ana Lima. Confirma que hay ayudas que se derivan hacia las organizaciones benéficas, a ONG, y que las rentas básicas, el dinero que se le da a una persona que ya no tiene ningún otro apoyo económico, "están tardando entre tres meses y un año en llegar, dependiendo de las comunidades". Cuando eso ocurre se presta la ayuda de emergencia social, que se da de forma inmediata. "La demanda de estas ayudas se ha incrementado por lo menos un 80%", dice Lima. "Y apenas podemos cubrir la mitad de la demanda", asegura. Para ello hay un baremo. Las familias donde hay menores tienen prioridad, por ejemplo.

Para colmo, la financiación que destina el Gobierno para los servicios sociales básicos a través del llamado Plan Concertado, se ha recortado este año. Los siempre escasos 97 millones que se recibían se han visto rebajados en nueve. A estos presupuestos suman los suyos las comunidades y las corporaciones locales: en total se destinan más de 1.000 millones de euros.

Paro e hipoteca son las dos palabras que salen constantemente a relucir. "En una pareja, aunque uno tenga trabajo, si el otro lo pierde, con un solo sueldo o pagan la hipoteca o comen, una de dos. Y estar cobrando un salario se convierte en un obstáculo para obtener una ayuda de emergencia", reflexiona Ana Lima. "Tampoco es mejor salida la vuelta a la casa de los padres, algo que también está ocurriendo, porque, al cabo, se deterioran las relaciones familiares... Ya estamos recibiendo peticiones de ayuda para otra clase de intervención, porque se dan más casos de violencia, agresividad, conflictos domésticos. Todos esos casos los atienden otros profesionales, que también están perdiendo sus empleos por falta de recursos o bien se están haciendo cargo de ello los Ayuntamientos", sigue Lima.

El trabajo de los servicios sociales ha dado sus frutos. En 2008, según los datos oficiales, algo más de 18.000 personas consiguieron un empleo gracias a la mediación de estas oficinas.

Una nueva figura a proteger: las familias en situación de quiebra sobrevenida

2011-08-30T19:37:00.001+02:00

Publicado por JOSÉ MANUEL RAMÍREZ NAVARRO el El País del 08/08/2011

Crisis, desempleo, hipotecas, endeudamiento... Una carrera que lleva al borde del precipicio de la exclusión social. La situación puede abocar en una gran recesión desde el punto de vista de la cohesión social: las ejecuciones hipotecarias se han incrementado en los tres últimos años un 361%, la tasa de riesgo de pobreza ha aumentado y tres de cada 10 familias llegan con mucha dificultad a fin de mes. Los servicios sociales básicos, desbordados, han atendido en 2009 la demanda de prestaciones y servicios de más de 8.000.000 de usuarios. Con los mismos recursos un trabajador social atiende a 500 personas más al año, a veces teniendo que derivarlos a entidades asistenciales. Cada vez que la falta de medios conduce a ese trasvase desde la red pública a las organizaciones benéficas estamos ante un fracaso absoluto de los dirigentes responsables de política social.

Situación tan grave no ha traído, sin embargo, estallidos sociales -más allá del movimiento 15-M-. Ello es debido al colchón que presta la familia, amigos, vecinos, para amortiguar la caída, lo que se conoce como solidaridad primaria, pero esta barrera de contención ya está mostrando las primeras grietas: el deterioro de la convivencia social y familiar requerirá también, y pronto, medidas protectoras.

Urge reordenar y reactivar los recursos disponibles para proteger a las familias en situación de quiebra sobrevenida y evitar que se generen nuevas situaciones de exclusión social. Los agentes implicados en estas situaciones, familias, entidades financieras, poder judicial y Administraciones públicas, deben tender puentes de mediación que faciliten el amparo de los cientos de miles de familias afectadas. La red de servicios sociales básicos, con más de 35.000 profesionales acreditados en intervención social, es el recurso idóneo para detectar y, dado el caso, declarar una nueva figura a proteger: la familia en riesgo de exclusión por quiebra económica sobrevenida. Para sacar a flote a estas personas ha de concederse prioridad absoluta a la movilización de recursos públicos y la obtención de tutela judicial especial (medidas cautelares) en los casos de ejecución hipotecaria, procedimientos concursales... La unidad de trabajo social debe actuar como agente tutelar y mediador para estas situaciones (con un claro paralelismo con la figura de los administradores judiciales concursales, tal y como se debatía recientemente en la comisión de Justicia del Congreso a tenor de la reforma de la Ley Concursal).

Los servicios sociales pueden desempeñar un papel de intervención activa y de mediación, y abordar situaciones de mayor calado y de índole preventiva y promocional. Le interesa a las familias, a los poderes públicos, a las entidades financieras, al poder judicial... Pero para eso es preciso considerar las políticas sociales como políticas de Estado.

Primera promoción de titulados de Grado en Trabajo Social por la Facultad de Cuenca

2011-07-18T13:27:00.000+02:00

Una vez finalizado el curso académico 2010/2011, cuarenta y tres estudiantes del cuarto curso adapatado para diplomados en Trabajo Social han superado con éxito la presentación, exposición y defensa d elos Trabajo Fin de Grado.

A continuación, citamos algunos de los trabajos más destacados.

* "Proyecto de intervención sistémica en familias con niños con Síindrome de Down: Relaciones entre hermanos", de MªÁngeles Benito López.

* "Diseño de un dispositivo para la atención de las urgencias sociales en la provincia de Cuenca", de Luis Más González.

* "Plan estratégico de Servicios Sociales para el Ayuntamiento de Tarancón", de Miguel Muñoz Muñoz.

* "Transversalidad y emergencia de un cambio de perfil del usuario de los Servicios Sociales: del usuario objeto de atención insuficiente y paliativa al usuario sujeto", de MªCarmen García Peruga.

* "La gestión del Programa de Acogimiento Familiar en Castilla-La Mancha. Análisis y propuestas de mejora", de MªCristina Notario Urango.

* "Alcance y repercusiones de la Ley de promoción de la Autonomía personal y Atención a las personas en situación de Dependencia en el municipio de Cuenca. Análisis de la aplicación de la prestación económica para cuidados en el entorno familiar", de Cristina Marín Ruiz.

* "Instrumento de análisis socio-funcional para la intervención en Trabajo Social con Casos", de MªCarmen Cabrera Herrera.

* "Evaluación del uso de las ayudas económicas del Plan Local de Integración Social (PLIS) de Cuenca", de MªIsabel Crespo Millana.

* "Evaluación del Servicio de Estancias Diurnas (SED) en el Centro de Mayores Cuenca II", de Milagros Nieto Garrido.

* "Satisfacción y Apoyo familiar en una muestra de personas con transtorno mental grave", de Beatriz Víllora Galindo.

* "Diseño para la elaboración de un Plan estratégico de Servicios Sociales en el municipio de Cuenca", de Begoña del Pozo Herráiz.

* "Unidad de respiro familiar diaria para enfermos de Alzheimer", de Yolanda Carlavilla Saiz.

* "Diseño de un plan de evaluación para el servicio de Ayuda a Domicilio en le municipio de Cuenca", de Almudena Torralbo Acebrón.

* "Personas Mayores Dependientes: supresión de sujeciones y protocolos de intervención", de Verónica Cantarero Rabadán.

* "Proyecto de gestión de un Servicio de Estancias Diurnas", de Nestor Ceballos López-Manzanares.

* "Programa para una asociación d epersonas dependientes y familiares"., de Mº Prado Parra Fernández.

* "Proyecto para la prevención del mal uso de las nuevas tecnologías", de Ana José Serrano López.

* "Monitorización de la puesta en marcha y gestión de un centro de atención a personas con discapacidad intelectual gravemente afectadas", de Augusto Luna Naranjo.

* "Aplicación de terapia asistida con animales de compañía para mejorar la calidad de vida de las personas mayores institucionalizadas en una Residencia de Mayores de Quintanar d ela Orden (Toledo)", por verónica Cordones Escudero.

* "Proyecto para la creación de un Hogar residencial especializado para madres adolescentes", de Virginia Arroyo Montalbán.

* "Evaluación del proyecto Empleo con Apoyo de la Asociación Down de Cuenca (ADOCU), de MªIsabel Navarro Carretero.

* "Proyecto para la formación de profesionales del ámbito educativo, sanitario y de servicios sociales en Acogimieto y Adopción de menores", de Antonio Ponce Alonso.

* "Proyecto de animación y coordinación de las Caritas Parroquiales de Cuenca", de adoración Mercedes Díaz Martín-Buitrago.

Sexo y E.S.O.: Un blog para la Educación Sexual en el que colaboran adolescentes

2011-07-11T11:54:00.000+02:00

Información sobre métodos anticonceptivos, primero explicados por un adolescentes y después técnicamente.

Esta es la propuesta del blog creado por Idoia Jaramillo Alpuente y Jose Antonio Ramírez Delgado (Lady Cherry and Mr.Sex), a través de un proyecto de prácticas de Trabajo Social en el Centro de Salud Cuenca I, con el apoyo de varios profesionales: carmen escós (trabajadora social), Felicidad Brieba (psicóloga de la Consulta Joven), Marc Henry Slydor (médico residente en medicina familiar y comunitaria) y Guillermo Chaves (pediatra y colaborador en el diseño del blog).

Se puede acceder al blog a través del sigueitne enlace:

http://sexoyeso.blogspot.com/2011_06_29_archive.html

A modo de ejemplo, reproducimos la entrada en el blog correspondiente al día 22 de junio de 2011, en la que Lady Cherry entrevista a un adolescente.

Nos encontramos en el Parque Carrero (Cuenca). Se le explica a la persona que la entrevista es totalmente anónima y que si no quiere contestar a alguna pregunta que está en todo su derecho. Le comento que si surge alguna duda de algún tipo se la explicaré y que cuando termine la entrevista le daré información sobre métodos anticonceptivos, ITS y que si tiene cualquier duda puede preguntarme lo que él quiera que lo aclararé con mucho gusto. La entrevista está escrita textualmente.

El sexo de la persona entrevistada es HOMBRE

¿Cuántos años tienes? 14 años

¿A qué curso vas? A 3º de la E.S.O

¿Qué asignaturas te gustan y cuáles no? Me gusta inglés y no me gusta física y química.

¿Cuáles son tus aficiones? Escuchar y tocar música.

¿Te gusta alguna chica? Si

¿Es mayor, más joven o de la misma edad que tú? De la misma edad.

¿Va a tu instituto? Si

¿Has tenido novia alguna vez? Casi (risas)

¿Te has masturbado alguna vez? Si

¿Has mantenido relaciones sexuales? De momento no (risas)

¿Te han dado en tu instituto alguna charla de sexualidad? Que va.

¿Sabes si han dado alguna? Si, en 2º,3º y 4º pero a nosotros no nos ha tocado.

¿Sabes algo sobre métodos anticonceptivos? Si

¿Cuéntame los que sepas? Conozco los métodos de barrera que son el DIU (se le explica que es un dispositivo intrauterino que no es de barrera y que existen dos tipos), preservativo masculino y femenino y el anillo (se le explica que el anillo es un método anticonceptivo hormonal). Los métodos de esterilización que son en mujer la ligadura de trompas y en hombre la vasectomía y de los métodos hormonales conozco la píldora. Los métodos de barrera previenen las ETS, como por ejemplo el SIDA, los hormonales no los tengo muy claro, sé que no previenen las ETS.

¿Sabes lo que son las infecciones/enfermedades de transmisión sexual? Hay muchos tipos, VIH, que no es lo mismo tener SIDA que estar infectado por el VIH; Verrugas genitales que se transmiten por el contacto, sífilis, gonorrea pero no sé explicarlas (risas).

¿Sabes de algún caso en tu instituto o de una amiga que haya tenido algún problema como embarazo no deseado? No de embarazo no, se que una amiga tuvo que tomarse la píldora del día despúes porque se rompió el preservativo cuando estaba manteniendo relaciones sexuales.

¿Cuántos años tiene? 16 años

¿Sabes si fue al ginecólogo? Al médico si fue pero al ginecólogo no lo sé.

¿Hablas de sexo con tus padres? No

¿Te da vergüenza? Que va, no sé, es que nunca he hablado con ellos de eso.

¿Y si tuvieses alguna duda? Si fuese un caso importante hablaría con mis padres.

¿Con quién hablas de sexo? Con mis amigos.

¿Has utilizado alguna vez internet para buscar algo relacionado con el tema? Internet no lo utilizo casi, solo para buscar cosas del insti y eso. Bueno busqué información sobre la píldora pero era para un trabajo del instituto.

¿En clase de biología habéis dado algún tema sobre educación sexual? Si, ya lo hemos terminado.

¿Qué te ha parecido? Interesante al principio, pero luego tuvimos que copiar mucho y hacer ejercicios, terminó sinendo un tostón (risas). Pero los últimos días ha sido un poco más divertido.

¿Has hecho el examen ya? Si, y he sacado buena nota (risas).

- lady Cherry: Muchas gracias

- Anónimo: De nada

¿Cuántos trabajadores sociales se necesitan para cambiar una bombilla?

2011-07-04T10:33:00.003+02:00

¿Cuántos trabajadores sociales se necesitan para cambiar una bombilla?

Sólo uno ... pero depende de si la bombilla quiere ser cambiada.

... Cinco. Uno para meter la pata, tres para formar el grupo de apoyo y uno para ayudar con la colocación.

Ninguno. Los trabajadores sociales no tienen tiempo para cambiar las bombillas.

Ninguno, no está en nuestro presupuesto.

La bombilla no tiene que cambiar, es el sistema el que tiene que cambiar.

Primero deben definirse los resultados medibles que se están tratando de lograr y obtener la aprobación del Grupo.

La bombilla debe llenar todos los formularios correspondientes para determinar la elegibilidad para el servicio.

No importa cuántos sean, de todos modos se van a quemar…

No se. Todavía estoy estudiando, pero lo voy a investigar y escribir un análisis, un mínimo de 15 páginas, 10 referencias, revistas especializadas sólo en formato A4, ¡para que la tengan antes del viernes!

No se deben cambiar las bombillas de luz . hay que darles la posibilidad de cambiarse a sí mismas.

Uno solo pone la bombilla en su lugar, el resto está tratando de incitar a la revolución.

Cien. Uno para cambiar la bombilla y noventa y nueve para gestionar el papeleo.

Ninguno. La bombilla no está quemada, tan sólo es que ilumina de forma diferente.

Rory G. Truell, nuevo Secretario General d ela federación Internacional de Trabajadores Sociales

2011-07-04T09:44:00.000+02:00

BERNA, Suiza (25 de junio de 2011). Gary Bailey, Presidente de la Federación Internacional de Trabajadores Sociales (FITS) anuncia que el Comité Ejecutivo FITS en su reunión de junio en Dublín, Irlanda, eligió por unanimidad al Dr. Rory G. Truell como nuevo Secretario General. Truell, que ha pasado los últimos cuatro años como jefe ejecutivo de The New Zealand Social Services Industry Training Organization, asumirá el puesto a partir del 1 de julio 2011. La FITS es una federación de organizaciones nacionales en 90 países que representan más de 745.000 trabajadores sociales.

Truell lleva trabajando muchos años en el sector de servicios humanos y es un líder respetado por el trabajo social a nivel local, nacional e internacional. Sus años en The New Zealand Social Services Industry Training Organization representan la tercera vez que dirige una organización importante, habiendo servido anteriormente como director ejecutivo y profesor de Trabajo Social en la Te Wananga o Aotearoa, y como Director General del Instituto de Formación de Servicios Sociales de Nueva Zelanda.

Nacido en Irlanda del Norte, Truell también ha ejercido como Educador en Gestión de Conflictos, un papel financiado por la Comisión para la Reconciliación y la Paz en Irlanda del Norte; profesor titular de Mediación y Trabajo Social en el Instituto Central de Tecnología (CIT); trabajador social superior en los Servicios de Salud Mental de Wellington; y Coordinador de la Comunidad en Wellington y Auckland (Nueva Zelanda).

Truell ha sido reconocido como un líder transformador, incrementando la financiación gubernamental de las organizaciones en las que trabaja, y ganando el apoyo de organismos profesionales y de la industria. En Nueva Zelanda lideró la reconstrucción de las normas nacionales de cualificación en Trabajo Social y desarrollo de los jóvenes. También ha contribuido al desarrollo del enfoque centrado en la comunidad y presidido un colectivo de organismos nacionales que se ocupa de los cuidados a personas mayores, la salud de olas personas con discapacidad, la salud mental y de otros sectores de los servicios sociales para satisfacer mejor las necesidades de las familias y las comunidades y producir resultados mensurables y significativos en la vida de los beneficiados.

El Presidente de la FITS, Gary Bailey, ha dicho de él: "Es el nuevo Secretario General que estábamos buscando , alguien que tiene una fuerte visión para el futuro y que también se basará en los éxitos del pasado de la FITS. Creemos que en Rory Truell hemos encontrado un líder increíble y una persona que desempeñará un papel esencial en la elevación de la conciencia y el reconocimiento del trabajo social profesional en todo el mundo. Estamos encantados de que él se haya comprometido para aportar sus habilidades y talentos inmensos a la FITS y confío en nuestro trabajo conjunto para elevar la estatura del trabajo social global. Quiero agradecer a la Comisión de la FITS, presidida por Nicolai Paulsen (Dinamarca), Presidenta Regional de Europa, por el éxito de su búsqueda global. Mi agradecimiento también a los demás miembros del Comité de Búsqueda que incluye: la Sra. Laura Acotto, Argentina, el presidente regional de América Latina / el Caribe, la Sra. Anthea Agius, Malta, miembro de Europa en misión especial, la Sra. Mariko Kimura, de Japón, miembro at-Large de Asia / Pacífico, el Sr. James Kelly, EE.UU., el presidente regional de América del Norte, el Sr. Charles Mbugua, Kenia, el presidente regional de África y de la FITS pasado el presidente David Jones, el Reino Unido, por su destacada labor al presentar una diversa y grupo interesante de los candidatos entre los que elegir "

Acerca de la FITS:

La sede de la FITS está ubicada en Berna Suiza, es una federación de organizaciones nacionales en 90 países que representan más de 745.000 trabajadores sociales en todo el mundo con el apoyo de una secretaría profesional e incrementada por el esfuerzo voluntario de más de 90 personas, el Secretario General es el ejecutivo superior de la federación.

Acerca del Dr. Rory G. Truell:

Respetado y admirado por sus colegas, el Dr. Truell nació en Newry, Irlanda del Norte y actualmente reside en Kapiti Coast, Nueva Zelanda, y se trasladará a Berna en julio de 2011. Tiene un doctorado de Bond University, Australia, donde su tesis fue sobre la evaluación del trabajo social en salud mental, un Master en Orientación y Mediación, de la Universidad de Ulster, Irlanda del Norte, asó como un Diploma de Postgrado en Psicoterapia, del Instituto Central de Tecnología de Nueva Zelanda. Él es un Analista Transaccional Certificado, y tiene un Diplomado en Gestión de Organizaciones Comunitarias de Bienestar Social y Diplomado en Trabajo Social (CQSW) de la Universidad de Victoria, Nueva Zelanda.

Para más información contactar:

René Schegg / FITS Comunicaciones y Oficial de políticas / rene.schegg ifsw.org @

FITS / Schwarztorstrasse 22 CH, 3001, Berna, Suiza / www.ifsw.org

VI Dictamen del Observatorio sobre la Dependencia: La evolución de la Ley cuatro años después

2011-06-27T09:36:00.000+02:00

A continuación ofrecemos un extracto del VI Dictamen del Observatorio para el desarrollo de la Ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia DE LA ASOCIACIÓN ESTATAL DE DIRECTORAS Y GERENTES DE SERVICIOS SOCIALES, titulado "La evolución de la Ley cuatro años después".

Si pinchas aquí, puedes bajarte el PDF DEL LIBRO completo.

"Hasta ahora nos hemos centrado es aspectos relacionados con la cobertura del SAAD y con la agilidad en la gestión de valoraciones y PIAS. Cabe preguntarse qué tipo de atención están recibiendo las casi 670.000 personas que ya tienen resolución de Plan Individualizado tras cuatro años de gestión.

En esta materia las cosas han evolucionado de forma generalizada hacia una prevalencia de la PRESTACIONES ECONÓMICAS POR CUIDADOS EN EL ENTORNO FAMILIAR (PECEF) de la que ya hemos efectuado muchas lecturas. A fecha 1 de enero de 2010, el SAAD procuraba 800.000 atenciones a 670.000 personas (dado que existe compatibilidad para algunos servicios y prestaciones puede haber casos en los que una misma persona reciba más de un servicio o prestación).

En los primeros años depuesta en marcha de la Ley 39/2006, con carácter general:

- Se ha sobredimensionado la PECEF ya que, siendo excepcional, es la prestación económica que recibe más de la mitad de las personas con PIA. Lógicamente esto tiene consecuencias obvias entre las que cabe citar sucintamente.
• Disminución de los retornos esperados por la generación de empleo que debería haberse dado por vía de prestación de servicios profesionalizados.
• Hay 385.000 personas cuidadoras de familiares (fundamentalmente mujeres) que pueden estar sometidas a grandes sobrecargas y que no tienen apoyos suficientes (formación, respiro y apoyo profesional).

• Impacto negativo de género ya que se podría estar perpetuando la función cuidadora de la mujer a costa de su vida social y laboral. Los hombres –salvo honrosas excepciones- no asumen las tareas de cuidados a las personas en el hogar.
• Se desconoce el destino último de la prestación monetaria. Una parte de estos fondos podrían estar financiado fórmulas de economía y sumergida y trabajo precario por la vía de la adquisición de servicios domésticos fuera del mercado reglado. La pregunta que habría que hacerse es: ¿mejora realmente la autonomía personal y las atenciones la percepción de una cuantía económica (por otra parte muy escasa)?

• Se frena la actividad empresarial del sector de los cuidados a las personas.
• Incremento de la necesidad de seguimiento de los casos (también para prevenir actuaciones fraudulentas).
- La Prestación Económica para Asistencia Personal no se ha desarrollado. Esta prestación –una de las más tendentes a mejorar la autonomía de las personas- es claramente residual. Las razones hay que buscarlas a buen seguro en los condicionantes económicos para las personas dependientes (costes de salario y seguridad social no compensados por la PEAP).

- Los Servicios de Proximidad han tenido un escaso desarrollo. Consideramos servicios de proximidad los Centros de Día y la Ayuda a Domicilio (unida a la Teleasistencia). Las personas que reciben este tipo de servicio no constituyen ni la cuarta parte de las personas con PIA. Aparte del abuso de las PECEF, confluye el hecho de que son servicios en manos –generalmente- de las Entidades Locales y que algunas CCAA no han sido capaces de articular aún estas atenciones con el nivel municipal. Se prevé un repunte, especialmente de la Ayuda a Domicilio, cuando se incorporen los PIA de personas valoradas con Grado I – Nivel 2.

- La atención Residencial –la más profesionalizada y costosa- ha tenido un cierto protagonismo (18% de las personas atendidas) que es muy lógico si pensamos en la graduación del calendario de la Ley empezando por las situaciones de dependencia más grave (y que en muchos casos ya estaban siendo atendidos por CCAA y Entidades Locales). Este protagonismo se frenará hasta la tasa de reposición ya que para los Grado I no se prevé este servicio como elegible."

Españistán: Una explicación divertida para una crisis que no lo es

2011-06-21T09:35:00.002+02:00

Informe de Evaluación de la Ley del Menor en Castilla-La Mancha

2011-06-16T12:15:00.003+02:00

Se acaba de publicar el Informe de Evaluación de la Ley 3/1999 del Menor en Castilla-la Mancha, elaborado por un equipo de profesoras de la Facultad de Trabajo Social de Cuenca en colaboración con asesores y técnicos de la Oficina Del defensor del Pueblo de la región.

En el informe se realiza un detallado seguimiento del sistema dirigido a la protección de niños y adolescentes desde la responsabilidad pública, con especial atención a los recursos para la preservación familiar (prevención, apoyo familiar, situación de riesgo), la situación de desamparo -estrechamente ligada al maltrato infantil-, tutela y guarda, el acogimiento familiar y residencial, los programas de autonomía, la adopción regional e internacional, y la intervención con menores en conflicto e infractores.

También se analiza la gestión del sistema (organización administrativa, papel de las entidades colaboradoras, procedimientos de trabajo, recursos humanos, materiales y económicos) y algunos de los derechos de los menores que exigen una mayor atención en el día a día para que sean realmente efectivos.

Por último, el informe da cuenta de las actuaciones llevadas a cabo por la Oficina del Defensor del Pueblo de Castilla-La Mancha desde su creación en 2002, y en función de las conclusiones resultantes del proceso evaluativo, plantea una serie de recomendaciones y propuestas con el ánimo de mejorar y apoyar a las personas y organizaciones que con su esfuerzo cotidiano atienden a uno de los sectores de población de los más vulnerables entre los vulnerables.

http://plataformadeinfancia.org/system/files/informe_especial_Ley_Menor_3-1999_def_cast.-la_mancha.pdf

http://ruidera.uclm.es:8080/xmlui/bitstream/handle/10578/1790/Informeleymenor.pdf?sequence=1

Programa de radio "Escucha mi cabeza"

2011-06-14T19:52:00.000+02:00

Hola a todos/as, soy Alicia García, alumna de 3º de Trabajo Social. Este es un programa de radio, el cual forma parte de la asignatura de Prácticas de Intervención Nivel II. Trata sobre la enfermedad mental y en él colaboran dos personas del CRPSL (Centro de Rehabilitación Psicosocial y Laboral) de Cuenca y dos profesionales: la terapeuta de dicho centro y el trabajador social de la Asociación Pro Salud Mental VIVIR. En él podemos escuchar el transcurso de la enfermedad mental de estas personas, las actividades que realizan en dicho centro y el uso de fármacos como tratamiento para la enfermedad, entre otros temas. Esperemos que os guste.

The Social Worker - A novel by Michael Ungar

2011-06-11T09:34:00.003+02:00

"Estoy quemando la casa del señor Jeffrey para ser útil. Yo soy su trabajador social. Eso es lo que hago. Ayudarle. Tienes que confiar en mí, esta es una solución mucho mejor para sus problemas que cualquier otra cosa que se haya hecho por él."

Joey no es un trabajador social típico. Incendia casas para resolver bloqueos burocráticos, roba para conseguir a sus clientes cheques sustanciosos de asistencia social, e intenta evitar que su jefe se entrometa en las vidas de sus jóvenes clientes. Joey sabe muy bien lo que se siente al ser un cliente. Dentro y fuera de los hogares de guarda, su padre muerto, su madre una ruina emocional por abuso de drogas. Joey utiliza su talento para ser un buen delincuente juvenil, incluso cuando está encerrado en un centro de detención de seguridad. Afortunadamente para Joey, hay un trabajador con jóvenes, un ex boxeador con sus propios secretos que ocultar, que inspira a Joey para terminar su educación. Aunque delincuente en el fondo, Joey se dispone a vengarse del sistema que el cree que le ha fallado a él y a su familia. El plan de venganza puede estar funcionado, hasta que enterrado en los viejos archivos de una agencia se entera de que su familia tiene muchos secretos aún no contados y que la vida de los trabajadores sociales son más complicadas de lo que parecen a los niños que están bajo su cuidado. “Trabajador social” es una historia controvertida y provocadora de lo que significa llegar a los más vulnerables, en medio del mundo oculto de aquellos cuyas motivaciones para ayudar puede ser tan difícil de comprender como los sistemas para la que trabajan.

Michael Ungar, PhD, es un escritor de ficción y uno de los autores más influyentes en trabajo social, así como conferenciante sobre temas de parentalidad en América del Norte. Sus nueve libros de no ficción como The We Generation (La Generación Nosotros) y Too Safe For Their Own Good (Demasiado seguro por su propio bien). Su obra ha sido objeto de portadas en revistas y es un asiduo colaborador de radio y televisión. Su blog se puede leer en el sitio web de Psicología de hoy. En 2010, recibió un Premio por Servicios Distinguidos de la Asociación de Trabajadores Sociales de Nueva Escocia (Canadá). “Trabajador Social” es su primera novela. Actualmente, Ungar es profesor de Trabajo Social de la Universidad de Dalhousie en Halifax, donde dirige el Centro de Investigación de la resiliencia. Su sitio web es www.michaelungar.com

Joey is not your typical social worker. He burns down houses to solve bureaucratic deadlocks, steals to get his clients bigger welfare cheques, and lies if it will help prevent his supervisor from intruding in the lives of his young clients. Joey knows all too well what it feels like to be a client. In and out of foster homes, his father dead, his mother an abusive emotional wreck, Joey puts his talents as a juvenile delinquent to good use, even when he’s locked up in a secure detention centre. Fortunately for Joey, there’s one youth worker, a former boxer with his own secrets to hide, who inspires Joey to finish his education. Still the delinquent at heart, Joey sets out to get revenge on the system that he believes failed him and his family. Joey’s plan for revenge may have worked, except buried in old agency files he learns that his family has many secrets yet untold and that the lives of social workers are more complicated than they seem to the children in their care. The Social Worker is a controversial and provocative story of what it means to reach out to the most vulnerable, set amidst the hidden world of those whose motivations to help can be as difficult to understand as the systems for which they work.

Michael Ungar, PhD, is a prize-winning fiction writer and among the most influential social work authors and speakers on parenting issues in North America. His nine nonfiction books include The We Generation and Too Safe For Their Own Good. His work has been the subject of cover stories in magazines and he is a regular contributor to radio and television. His blog can be read on Psychology Today’s website. In 2010 he was the recipient of the Canadian Association of Social Workers Distinguished Service Award for Nova Scotia. The Social Worker is his first novel.Currently, he is a Professor of Social Work at Dalhousie University in Halifax where he directs the Resilience Research Centre. His website is www.michaelungar.com

Enlace para descargar la novela (los seis primeros capítulos se pueden descargar de forma gratuita):
http://www.smashwords.com/books/view/50224#longdescr

Desde la trinchera de los derechos sociales

2011-06-03T21:46:00.001+02:00

¡Sensatas palabras y sustancioso texto elaborado por el Observatorio Estatal para la Dependencia de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales!

Promover desde la beneficiencia el Sistema de Servicios Sociales es una conquista histórica e innegable que culmina con el reconocimiento de derechos de ciudadanía que se establecen en la denominada Ley de Dependencia. El protagonismo Autonómico y especialmente Municipal – Ayuntamientos y Servicios Sociales comparten el valor de la Proximidad- han hecho que dependiendo de las políticas desarrolladas o de la impericia de los tecnócratas (o de ambos) se hayan tenido efectos de consolidación real o de destrucción silenciosa del sistema según territorio.

Más de cinco millones de personas son usuarios de los Servicios Sociales (coincide con la cifra de los parados), familias que reciben orientación, ayuda a domicilio, alojamiento o prestaciones para la inserción social… En el último año el incremento de la demanda ha saturado los servicios sociales básicos. ¿Cómo es posible que algunos irresponsables políticos hayan reducido presupuestos para atender las necesidades básicas de las personas más vulnerables? En este contexto se está implementando la Ley de Dependencia, una nueva conquista de derechos de ciudadanía que tiene un anclaje desigual dependiendo del alma de los consejeros y presidentes autonómicos que la desarrollan. Más de 700.000 beneficiarios y casi 150.000 empleos son las cifras más evidentes del mayor avance en la protección social en los últimos tres lustros. La inversión social que representa solo el 0,5% del PIB en este Sistema supone una rentabilidad incomparable.

Todas las personas en situación de dependencia son usuarias de los Servicios Sociales, pero no todos los usuarios de los Servicios Sociales son personas en situación de dependencia. La aberración conceptual de confundir el contenido (Ley 39/2006) y continente (sistema de servicios sociales) ha hecho que en algunas Comunidades se permita que el contenido fagocite al continente, perdiendo lo estructural y poniendo en peligro las demás prestaciones y servicios sociales. Es indignante que no estén garantizados mínimos de protección y de oportunidades de inclusión social para todas las personas, independientemente del territorio en que vivan o de que sean o no sean clasificados como “dependientes”.

El derecho a los servicios y prestaciones por dependencia es un ejemplo importantísimo, pero también lo es el derecho a la renta básica de ciudadanía, el derecho de l@s menores a recibir los cuidados y la protección que necesitan o el derecho a recibir apoyos que compensen fragilidad personal o de la red convivencia y de apoyo familiar personal, por poner solo algunos ejemplos. Y eso sin mencionar la prevención de crecientes dificultades para la inclusión social. En época de crisis integrar prestaciones y centros en el Sistema de Servicios Sociales supone un ahorro y con la racionalización y ordenación del Sector se puede extender la protección social a más personas vulnerables. Hay que tomar la iniciativa y ofrecer las alternativas de inserción social que con la crisis se convierten en iniciativas masivas que afectan a miles de personas. En época de crisis No se puede recortar en política social ni despedir trabajadores sociales, es como si cerramos centros sanitarios o despedimos a médicos en medio de una epidemia.

En algunos territorios el desmantelamiento progresivo y sin retorno que están sometiendo al Sistema, y las amenazas sobre estrategias privatizadoras que pueden generar un sistema dual, hace necesaria una insurrección pacifica, un despertar de la ciudadanía que no permita un final como en la fábula de la rana hervida. Siempre se puede confiar en los políticos sin alma. Nunca cambian, no te defraudan jamás.

DEL LIBRO “VI DICTAMEN DEL OBSERVATORIO ESTATAL PARA LA DEPENDENCIA”

EL IMPACTO DEL SISTEMA PARA LA AUTONOMIA Y LA ATENCION A LA DEPENDENCIA EN EL SISTEMA DE SERVICIOS SOCIALES

En Enero de 2010 incluíamos en el IV Dictamen un punto específico sobre el impacto del SAAD en el sistema de servicios sociales. Identificábamos impactos en la organización (“imagen de marca”, estructuras de planificación y gestión, equipos de profesionales, simplificación y homogeneización documental y sistema de información), en los usuarios (nuevos usuarios y movilizaciones, compatibilidad, ayudas económicas y servicios, listas de espera, recursos), el impacto en el crecimiento de recursos y generación de empleo y en la imagen social del sistema de servicios sociales.

Señalábamos entonces la repercusión en el progreso de la legislación autonómica de servicios sociales, verificable en la promulgación de nuevas leyes de Servicios Sociales a partir de la Ley de promoción de la autonomía persona y atención a las personas en situación de dependencia No se trata de una cuestión baladí:

Las nuevas leyes autonómicas de servicios sociales son cruciales para el reconocimiento de derechos sociales y para la integración del SADD en el sistema de servicios sociales. El panorama de avances en legislación del sector es el siguiente.

Comunidades que han promulgado nuevas leyes a partir de la LAPAD: Navarra (2006), Cantabria y Cataluña (2007), Galicia y Pais Vasco (2008), Aragón, Baleares y La Rioja (2009), Castilla-La Mancha y Castilla-León (2010).

Comunidades que mantienen la Ley anterior a la LAPA: Extremadura y Canarias (1987), Andalucía (1988), Comunidad Valenciana (1997), Asturias, madrid y Murcia (2003).

Todas las nuevas leyes de servicios sociales sitúan la atención a las personas en situación de dependencia en el sistema de servicios sociales. La consecuencia es que las 10 comunidades autónomas con nueva Ley de Servicios Sociales avanzan, aunque a un ritmo muy distinto, su desarrollo reglamentario en planificación, articulación del sistema, mapas de recursos, cartera de servicios, criterios de calidad o financiación, es decir avanzan el diseño del sistema de servicios sociales para los próximos años, a partir de un nuevo marco legal que compromete a hacerlo.

Aún así, cuesta mantener el optimismo a la vista de la evolución global del sistema de servicios sociales en estos 4 años, de la misma forma que les pasa a las personas que necesitan el apoyo de los servicios sociales para vivir con dignidad, sean o no personas en situación de dependencia para las actividades básicas de la vida diaria.

Nos duele, y nos indigna, que no estén garantizados mínimos de protección y de oportunidades de inclusión y participación social para todas las personas, independientemente del territorio en que vivan y de que sean o no clasificados como “dependientes”.

Volvemos a asistir con estupor al desdibujamiento del sistema de servicios sociales, como si el sistema se hubiese reducido a la atención a las personas en situación de dependencia. En el debate sobre políticas sociales en el Congreso de Diputados del 24 de Febrero, volvimos a escuchar una y otra vez definir el SAAD como el cuarto pilar del bienestar social en España.

Tampoco es una cuestión baladí. Podemos entender la prioridad actual en la aplicación de la LAPAD, pero nos resulta incomprensible que se deje debajo de la mesa la atención primaria de servicios sociales o “...los centros y servicios que con tan grande ilusión hemos levantado, para que las gentes de todo oficio y condición podamos vivir más dignamente y gozar de la nuestra convivencia”, precisamente en el primer debate monográfico de nuestr@s representantes políticos sobre la política social.

Después de esto ¿alguien se siente con fuerza, y no solo razones, para continuar planteando la necesidad de legislación estatal de servicios sociales? No debería extrañarnos: en 4 años hemos asistido al peregrinaje de la política social del Ministerio de Trabajo al de Educación y de éste al de Sanidad, y al cambio de ministra y de directora general del IMSERSO casi cada año. Es casi imposible mantener la coherencia con este trasiego, por mucho que la orientación política sea la misma (por cierto, la misma orientación política que creó e impulsó la construcción del sistema de servicios sociales en los años 80).

Sabemos, con hechos y datos, que los derechos sociales son hoy diferentes según la comunidad autónoma en la que se viva. Lo son en la aplicación de la LAPAD, como hemos venido recogiendo en cada uno de los Dictámenes del Observatorio, y lo son en el sistema de servicios sociales que, en la mayoría de las Comunidades autónomas es responsable del SAAD.

Se han cometido errores: es un hecho reconocido en estudios de universidades, dictámenes, informes oficiales y oficiosos, sentencias.... y esperamos que aún conozcamos otras investigaciones e informes, entre ellos el del Tribunal de Cuentas. La cuestión ahora es si hemos aprendido de ellos o seguimos en la vía muerta de “sostenerla y no enmendarla”. Hay también razones para sentir algo de alegría: no hay ninguna duda de que se ha producido un progreso indudable, especialmente para cerca de 700.000 personas que hoy reciben servicios y prestaciones por dependencia.

Es un progreso indudable, sin duda, para 700.000 ciudadanos y ciudadanas, pero tendríamos que tener en cuenta que, durante el año 2007 los servicios sociales básicos prestaron servicios a 5.423.000 personas (el 13,08% del total de la población).

Los datos recogidos en la misma memoria muestran que el 67% de las prestaciones básicas de servicios sociales se dirigieron a personas mayores, a familias e infancia y personas con discapacidad. El 33% restante fueron prestaciones dirigidas a personas que sufrían, o estaban en riesgo de sufrir, diferentes procesos de exclusión social: mujeres, emigrantes, personas con enfermedad mental, minorías étnicas, ex-reclusos.....

Son datos del último año (2007-2008) del que hay “memoria anual” publicada por el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad del Plan Concertado para el desarrollo de las prestaciones básicas de servicios sociales. No conocemos, por lo tanto, a nivel del Estado, la evolución del número de usuarios atendidos por los servicios sociales básicos en los 3 últimos años de aplicación de la LAPAD, pero tenemos la certeza de que se ha incrementado el número de usuarios, año tras año, en todas las Comunidades Autónomas sin excepción. La pregunta no puede ser otra que: ¿Cómo es posible planificar sin datos? o mejor ¿cómo se toman decisiones sin tener datos?

Hay una respuesta que parece muy clara: se decide simple y llanamente estrangular la base de un sistema que no conoce, creemos que ni siquiera ser es conscientes de las repercusiones. El hecho es que la financiación estatal destinada al Plan Concertado, casi paralizada en los últimos años, es menor en el 2011 que en 2010.

Para el SISAAD (el sistema de información diseñado únicamente para “el 4º pilar del bienestar social”) parece que estos datos no importan, de la misma forma que para el SAAD parece que no importan las personas que no llegan a obtener la puntuación necesaria para acceder al derecho a los servicios y prestaciones por dependencia.

Pero importan, y mucho, a las personas que necesitan servicios sociales que no les llegarán. Importa también a los gestores, que no tienen la información necesaria para discernir mejoras o duplicidades. Importa a los profesionales de atención directa, que pierden un tiempo precioso y muy escaso en pasar de una base de datos a otra, o de una historia social a otra, ambas de la misma persona.

Algunas comunidades autónomas decidieron apostar por un solo sistema de información de usuarios de servicios sociales, que integrase las utilidades del SISAAD y del sistema de información anterior. Otras comunidades se dieron cuenta más tarde, cuando ya estábamos en los inicios de la crisis económica y las reducciones presupuestarias hacían difícil la inversión tecnológica necesaria. Y el resto simplemente cumplen, de buena o de mala gana, con lo que hay.

¿Será posible que se reconozca la necesidad de un solo sistema de información de usuarios de los servicios sociales? ¿Será posible que se rectifique un error que lleva directamente al despilfarro y a “agujeros negros” en los que desaparece la información?

Algo similar ocurre con los equipos de profesionales. Todas las comunidades autónomas, menos una, contrataron equipos de profesionales dedicados exclusivamente a la valoración de la dependencia. Todas las comunidades autónomas, menos dos, utilizan la estructura básica de servicios sociales para la valoración social y del entorno; la diferencia está en que aporten solamente un informe o que estén implicadas en todo el proceso de atención.

Tampoco es una cuestión intrascendente, ni para la vertebración del sistema de servicios sociales, ni para la continuidad de la atención a los usuarios, ni para la simplificación de procedimientos.

Una parte de las comunidades autónomas han financiado la incorporación de profesionales a los servicios sociales básicos, ya sea para reforzar su función de “puerta de entrada al sistema de servicios sociales”, o para dedicarles exclusivamente a facilitar el acceso de las personas que solicitan apoyo por dependencia a la valoración y a los servicios y prestaciones del SAAD.

Prescindiendo, que ya es mucho prescindir, de las incoherencias que pueden existir respecto a la “puerta de entrada al sistema”, mucho nos tememos que las comunidades autónomas que en su día no reforzaron las estructuras básicas de servicios sociales están condenadas a seguir así en los próximos años, aún en el caso de que se reconociese el error.

De la misma forma que el SAAD ha sido, y continúa siendo, una oportunidad indiscutible para las personas en situación de dependencia, ha sido y continúa siendo hoy una oportunidad para reforzar la intervención y la eficacia del conjunto de los servicios sociales, a pesar de la crisis y a pesar de las restricciones presupuestarias.

Nos ha permitido constatar unas cuantas bolsas de ineficiencia, pero solo algunas comunidades autónomas han hecho algo al respecto. Simplificación de estructuras vs seguir creando nuevos departamentos, homogenización de procedimientos y documentación vs una entrevista, un formulario, un informe para cada asunto y cada parte, un procedimiento y una resolución vs uno para la valoración y otro para la prescripción.... son solo algunos ejemplos.

Parece que difundir “buenas prácticas” es solo un ejercicio teórico, del que pocos aprenden algo. Sin duda, hay que ser creativos, hay que investigar e innovar, pero parece que el reto está más en aprender a copiar a los mejores, en vez de ignorar que existen. Sin embargo, hay demasiada gente que ni aprende, ni copia, porque “no les cabe en la cabeza” que las cosas puedan hacerse mejor A ellos se refería Antonio Machado, poniéndolo en boca de Juan de Mairena:

“Siempre será peligroso encaramar en los puestos directivos a hombres de talento mediano, por mucha que sea su buena voluntad, porque a pesar de ella –digámoslo con perdón de Kant- la moral de estos hombres es también mediana. A última hora, ellos traicionan siempre la causa que pretendían servir, se revuelven airadamente contra ella. Propio es de hombres de cabezas medianas el embestir contra todo aquello que no

les cabe en la cabeza. A todos nos conviene, amigos queridos, que nuestros dirigentes sean siempre los más inteligentes y los más sabios.”

Derechos a la intemperie. 2011: Informe de Amnistia Internacional sobre la situación de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales en España

2011-06-03T20:36:00.003+02:00

En el informe titulado Derechos a la intemperie 2011, Amnistía Internacional (AI) aborda el respaldo jurídico de los derechos económicos, sociales y culturales (DESC) en España e identifica los obstáculos en la ley y en la práctica que afectan el derecho a reclamarlos y hacerlos valer ante la justicia. Con tal fin se ha examinado el marco legislativo, administrativo y judicial, que incluyen las disposiciones constitucionales con consecuencias sobre los DESC.

La falta de reconocimiento de los DESC como derechos humanos en la legislación, en las actuaciones y en las decisiones de las autoridades, afecta a la vida de las personas. En razón de la interdependencia que existe entre todos los derechos humanos, el hecho de no disponer de una vivienda digna o no tener acceso a una atención sanitaria, puede minar otros derechos, incluido el derecho a la vida. No contar con medios legales que impidan su vulneración y no obtener reparación en caso de abusos, equivale a estar desprotegidos y a
que los DESC resulten meras declaraciones de intenciones por parte de las autoridades.
Esta desprotección nos hace vulnerables.

Hay sectores cuya vulnerabilidad puede verse incrementada y sus posibilidades a la hora de defenderse, verse drásticamente reducidas. Muchos titulares de derechos pueden incluso asumir que no tienen derechos, sobre todo cuando son las propias autoridades quienes sostienen, refuerzan o confirman tal condición. Por ello, este informe ofrece experiencias concretas de quienes se han encontrado inermes ante el déficit de garantías y desprotección de los DESC, con especial atención sobre el derecho a la vivienda y el derecho a la salud. La investigación incluye los obstáculos y desventajas de partida, teniendo muy en cuenta el derecho a la información y a la participación, así como aquellos derechos implicados en su defensa, tanto a nivel individual como a través de la acción colectiva.

Amnistía Internacional ha realizado esta investigación en el marco de la Campaña Exige Dignidad; una campaña global prioritaria de la organización cuyo objetivo es poner fin a los abusos contra los derechos humanos que mantienen a las personas en la pobreza (uno de los mayores escándalos de derechos humanos). La organización trabaja para que los Estados conviertan los DESC en ley y cumplan con sus obligaciones al respecto.

El Estado español, que cuenta con una población en riesgo de pobreza de aproximadamente el 22,7 por ciento, y con tendencia a incrementarse en un contexto de crisis económica, ha ratificado, entre otros tratados internacionales, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC). Ello implica el deber de respetarlos, el deber de protegerlos y el deber de hacer que sean realidad para todas las personas que se encuentren bajo su jurisdicción.

No obstante, a pesar de las obligaciones internacionales contraídas por España, existen serias preocupaciones sobre el respaldo jurídico de los DESC y las consecuencias sobre la vida de las personas. El déficit de garantías y los obstáculos en la ley y en la práctica para hacerlos valer y reclamarlos es la tónica predominante en lo que a la respuesta del Estado se refiere. Para denunciarlo, en este informe se recogen los principales obstáculos identificados.

Amnistia Internacional - Abril 2011

Junto al informe, Amnistía Internacional ha divulgado un video en el que se desarrollan tres temas:

La cañada cuenta la situación de Cañada Real Galiana en Madrid, un asentamiento ilegal en el que entre 25.000 y 40.000 personas, con casas construidas desde hace 30 años con el consentimiento de las administraciones, están viendo como sus hogares son destruidos sin ninguna alternativa.

Futuro hipotecado aborda la situación de las familias que sufren ejecuciones hipotecarias. Al no poder pagar sus casas, éstas son subastadas por el 50% de su valor inicial, lo que les obliga a seguir pagando una deuda millonaria al banco de por vida.

Recursos contra el sufrimiento muestra cómo en España los recursos para atender a personas con enfermedad mental son muy escasos, lo que puede provocar atención insuficiente, diagnósticos equivocados y en muchos casos la exclusión de estas personas.

Jane Addams e Mary Richmond: Herança & Actualidade. 150 anos do nascimento das pioneiras do Serviço Social

2011-05-19T10:11:00.000+02:00

IV Seminário Internacional do CESSS (Gruo de Investigação: Serviço Social e Sociedade, de la Universidade Católica Portuguesa)

Jane Addams e Mary Richmond: Herança & Actualidade. 150 anos do nascimento das pioneiras do Serviço Social

Lisboa 26 & 27 Maio 2011

Este seminario enquadra--‐se no ámbito do plano de actividades científicas e de investigação do CESSS e representa a sua quarta reunião científica internacional anual sobre investigação social e investigação em Serviço Social. O seminario é também organizado em parceria com o programa de doutoramento em Serviço Social da FCH. O seminario integra--‐se no grupo de investigação do CESSS «Serviço Social & Sociedade: História e Profissão».

No ano académico de 2010/2011 assinalase o 150º aniversario do nascimento de Jane Addams e Mary Richmond, duas das mais importantes pioneiras do Serviço Social. Considerando o relevante contributo destas duas personalidades para a criação da profissão de Assistente Social, o CESSS considera que é absolutamente pertinente não apenas evocar esta data, mas acima de tudo nimar um debate sobre a actual relevancia das suas vidas, pensamento e obra.

O programa baseia--‐se na contribuição de académicos convidados dos Estados Unidos da América e de outros países, com trabalho realizado sobre a obra e pensamento de Jane Addams e Mary Richmond, quer na relação com a criação da profissão de Assistente Social, quer na vertente da sua actividade cívica e social.

Em paralelo, decorrerá uma sessão de apresentaçao de papers como objectivo de estimular investigadores e doutorandos a apresentar o seu trabalho.

Os objectives do seminário sao:

— Contribuir para diseminar e debater a pesquisa actual sobre Jane Addams e Mary Richmond enquanto pioneiras do Serviço Social e enquanto activistas sociais e cívicas;

— Estimular o debate sobre a relevancia do seu pensamento e a sua articulação com as actuais perspectivas em Serviço Social;

— Criar uma oportunidade de reflexão e debate entre investigadores, doutorandos e estudantes pos-graduados sobre os desafíos contemporáneos a o Serviço Social tanto a nível teórico como a nível prático.

La primera intervención del seminario está a cargo de Miguel Mirando, de la Universidad de Zaragoza

"Necesitamos una ley de servicios sociales estatal"

2011-05-16T19:27:00.000+02:00

Ana Lima, presidenta del Consejo General de Trabajadores Sociales, en el diario "Público"

del 13/05/2011

1. ¿Cuál es la situación de los servicios sociales?

Hay un aumento de la demanda y un cambio en los perfiles, provocado por la crisis. Además, se están recortando los recursos, a nivel central, autonómico y local. Es el momento de repensar qué necesita el sistema. Las asociaciones, los empresarios y los profesionales del sector exigimos una ley marco de servicios sociales estatal. Si hablamos de derechos sociales, todas las autonomías deben garantizarlos.

2. Los profesionales del sector pelearon para que no se recortara el plan concertado.

Finalmente se recortó en 10 millones. El Estado [quien reparte este fondo destinado a fines sociales a los consistorios] dice que los ayuntamientos quieren presupuestos no finalistas para gastarlos en lo que quieran. Pero si se plantea una reformulación del reparto, probablemente se carguen muchos servicios. Los ayuntamientos están en una situación de debilidad absoluta y la atención a familias e infancia y las rentas mínimas de inserción peligran. Además, como la gente ha dejado de cobrar el subsidio por desempleo de 426 euros, ahora piden la renta mínima de inserción a las autonomías, que no saben ni cómo la van a pagar.

3. ¿Cuál es el perfil de quienes necesitan ayuda ahora?

Han perdido el empleo, pero no están excluidos. Eso requiere una nueva forma de trabajar, apostar por el autodesarrollo, que la gente participe en su propio proceso de encontrar trabajo.

4. ¿Cuáles son sus demandas ahora?

Estamos preparando una propuesta de estructura de servicios sociales y de cómo trabajar para que los grupos parlamentarios la incluyan en sus programas electorales para las elecciones generales del año que viene. En junio haremos un primer manifiesto. La Ley de Dependencia es positiva, pero nos ha pillado la crisis y ha frenado el desarrollo de políticas sociales. También defendemos que la atención primaria, donde se hace el diagnóstico y distribuyen las prestaciones, sea pública. Eso está en peligro.

'HOY' comienza otra campaña electoral

2011-05-06T20:48:00.001+02:00

Si ves que no avanza "ná" tu barquita, hay que sacar las manos y remar...

Gallardón pide una ley para sacar a los sin techo de la calle

2011-04-30T01:42:00.002+02:00

Público, 13/04/2001

El entorno para hacer el anuncio no pudo ser más propicio: en un acto sobre seguridad en la Gran Vía madrileña, donde duermen decenas de personas sin hogar, y arropado por los vecinos y sus continuas quejas por la mendicidad. En esas, el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón (PP), enarboló ayer una propuesta tan polémica que pronto se convirtió en uno de los temas más comentados en las redes sociales: pedir una ley estatal para que los ayuntamientos puedan sacar a los sin techo de la calle. "Siempre y cuando haya recursos asistenciales gratuitos", matizó.

Tanto el regidor madrileño como después una portavoz municipal quisieron dejar claro que la ley, propuesta para que el PP la incluya en su programa electoral de las elecciones generales de 2012, lo que pretende es dar una salida a esas personas que no tienen dónde dormir.

Antes del alcalde, había caldeado el ambiente el presidente de la asociación de comerciantes de Gran Vía, Florencio Delgado, que hacía las veces de conductor del acto. Delgado se refirió a la "situación desastrosa" que supone la presencia de personas "tiradas" por la calle y de "pedigüeños que campan a sus anchas" por el centro de la ciudad. Y fue entonces cuando intervino el alcalde con su propuesta.

"El alcalde ha pedido que haya una ley para que se gestione el uso de los espacios públicos. Estamos hablando no de echarles de la calle, sino de dotarles de recursos asistenciales", señaló a este diario una portavoz municipal. En 2006, el concejal de Seguridad, Pedro Calvo, ya propuso una medida similar. En cualquier caso, para obligar a una persona a ingresar en un albergue es necesario modificar la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Es decir, que la Policía pueda llevárselos en contra de su voluntad.

Además de Calvo y de Gallardón, la delegada de Medio Ambiente, Ana Botella, ya aseguró en septiembre de 2009 que la mendicidad era un problema añadido a la suciedad que hay en el centro.

Las matizaciones ayer a las palabras de Ruiz-Gallardón no calmaron el enfado de las entidades sociales, que estiman que la cifra de los sin techo está en torno a los 30.000 en toda España (unos 3.000 en Madrid). "La propuesta del alcalde es anticonstitucional", advirtió Carlos Miguélez, responsable de Comunicación de Solidarios para el Desarrollo, ONG que asiste por las noches a los indigentes de la capital. "La medida va en contra de los derechos fundamentales, y si se quisiese obligar a esas 30.000 personas a meterse en un albergue, no habría recursos. No es ni viable", ahondó Miguélez.

Desde la Fundación Rais, su portavoz, José Aniorte, afirmó que había recibido el anuncio del alcalde "con sorpresa". "Esperemos que en breve rectifique y lo aclare. El Ayuntamiento está alejado de la realidad. Con sus palabras, lo que hace es fomentar el estereotipo y criminalizar al que no tiene hogar", criticó Aniorte, antes de sentenciar: "Nadie está en la calle porque quiere".

Necesidades básicas

Tanto Fundación Rais como Solidarios denuncian que no existen suficientes recursos. Los indigentes tienen cubiertas, a través de las administraciones o las ONG, sus necesidades básicas: comida y techo, si lo quieren. Pero las organizaciones reclaman que por parte de los ayuntamientos la ayuda debe ir más allá de dar café en un termo. "Hacen falta pisos tutelados, asistencia psicológica, no quedarse en la superficie", aseguró Aniorte. Su fundación realizó recientemente en la Puerta del Sol una protesta por la falta de recursos para los indigentes.

Rodrigo Pérez, presidente de Mensajeros de la Paz-Madrid, coincide con ese diagnóstico de que las entidades están sufriendo recortes sociales e insta a los políticos a que conozcan de primera mano las instalaciones destinadas a los sin techo. "Que no vayan sólo de visita, que vean bien las condiciones de dichos albergues", señaló Pérez.

A las críticas, el Gobierno municipal respondió que los recursos disponibles son buenos y suficientes. Un portavoz del Samur Social explicó que de los 3.000 sin techo de la capital hay un grupo de 600 que se muestra reticente a recibir asistencia: "Son personas que no quieren ir a los albergues porque allí no se puede beber alcohol o porque no pueden meter a sus mascotas". Para declarar la incapacidad de una de estas personas y que asuma la tutela el Gobierno regional es necesario el dictamen de un juez. En Madrid, en el último año, seis indigentes han sido declarados incapaces.

El anuncio de Gallardón no dista mucho de la ordenanza para la convivencia aprobada por el Ayuntamiento de Granada, que entró en vigor en septiembre de 2009, informa Fran Grimaldi. Este reglamento prohíbe y sanciona la "ocupación del espacio público por conductas que adoptan formas de mendicidad".

La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía considera que estas propuestas no solucionan el problema. "En Granada hay mucha persecución, incluso se han dado casos en los que expulsaron a un mendigo que dormía en un portal y le arrebataron la manta que le tapaba", concluyó Natalia García, portavoz de la asociación.

Público, 14/04/2011
Acusan a Gallardón de vincular indigencia con delincuencia

Un total de 14 entidades especializadas en el trabajo con personas sin hogar han denunciado en un comunicado conjunto que las declaraciones del alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, en las que abogaba por sacar a los mendigos de las calles, "vinculan a los ciudadanos que viven en la calle con conceptos como delincuencia, suciedad y violencia".

En esta crítica se condensa el rechazo generalizado a la petición de Gallardón de una ley que obligue a los sin techo a salir de la calle. Asociaciones y partidos políticos consideran que la intención del alcalde de Madrid supone "un retroceso" en los derechos de los ciudadanos.

"Erradicar el sinhogarismo, que nadie duerma en la calle, es un deseo para nuestras entidades. Sabemos que el camino para conseguirlo pasa por aunar voluntades políticas y no por una ley estatal que haga desaparecer por la fuerza de las calles a las personas. En pleno siglo XXI, no podemos permitirnos un retroceso en la legislación de los derechos de los ciudadanos", denuncian los firmantes, entre los que se encuentran Cáritas Madrid, Acción en Red y la EAPN.

Las organizaciones explican que las personas sin hogar "son víctimas directas de violencia y no al revés" y apelan a un "trabajo integral" para incorporarlas al "día a día que impone la sociedad".

Desde el Gobierno, la ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad, Leire Pajín, tachó este jueves la propuesta de Gallardón de "populista y estética". Pajín apostó por "medidas inclusivas" para los mendigos.

En Izquierda Unida, el candidato a la alcaldía de Madrid, Ángel Pérez, afirmó la mendicidad es "cuestión social" y "no de estética, por más que al alcalde le ofenda a la vista". Hasta UPyD se ha posicionado en contra del Gallardón: su alcaldable por Madrid, David Ortega, le ha reprochado que se preocupe "más por la estética que por los derechos fundamentales".

Gallardón: "Yo no tendría la conciencia tranquila"

Ante este aluvión de críticas, Alberto Ruiz-Gallardón, insistió este jueves en que la petición de una ley estatal para poder obligar a los 'sin techo' a dejar de dormir en la calle siempre que haya recursos públicos gratuitos suficientes no busca mejorar la estética de la ciudad, sino proteger "la dignidad" de este colectivo porque es "obligación" de la sociedad hacerlo.

El primer edil se ha explayado en hablar sobre este asunto durante la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, donde defendió que "no se puede tener una mirada indiferente hacia las muchas personas que en Madrid y en otras ciudades" viven en la calle. Aseguró que "no es un problema ni de convivencia ni de estética, sino de la dignidad de las personas, de su salud y de su atención".

De hecho, a su juicio eso "es la obligación de una sociedad moderna y que se dice a sí misma solidaria", porque "decir que no es problema (de la sociedad) porque voluntariamente no quieren incorporarse (a los recursos públicos) sin saber las razones por las que lo deciden así o sus patologías es una actitud que no se corresponde con un discurso de solidaridad".

Sin embargo, la realidad también es que muchas de las personas que duermen en la calle lo eligen de forma voluntaria, a pesar de conocer los recursos puestos a su disposición. Frente a este argumento, el primer edil recordó que se trata de una "población muy difícil", el 40% de la cual "tiene problemas mentales o de adicciones".

"Y yo soy de los que piensan que, no el Estado, sino la sociedad, no puede permanecer indiferente. Sé que se puede alegar que frente a esto su derecho individual a permanecer en esta situación debe primar sobre la obligación que tienen la sociedad y el Estado de evitar esta situación de degradación; respeto el debate absolutamente, pero mi opinión es que nosotros tenemos que hacer todo lo que esté en nuestra mano".

"Y es un debate en el que respeto cualquier postura, y al final se hará lo que decida la mayoría del Parlamento. Pero como alcalde no tendría la conciencia tranquila si al menos no solicitase un instrumento para que esas 500 personas, en lugar de dormir en la calle, duerman en un albergue municipal", reiteró

No será considerado infracción

En cualquier caso, Gallardón ha asegurado que su objetivo no es que esta ley recoja la actitud de quienes seguir en la calle como "ningún tipo de infracción", ya que " las personas sin hogar no son los infractores, sino las víctimas". "Pero son unas víctimas a las que nosotros tenemos obligación de asistir aunque no nos lo pidan y aunque en ocasiones se opongan a esa asistencia", apostilló.

Por último, al primer edil también se le ha preguntado por la comparación que los socialistas hicieron el miércoles de esta propuesta con la Ley de Vagos y Maleantes, y recordó que dicha normativa "nada tiene que ver" con lo que ha propuesto él. "Es más, entra en contradicción. Esa era una ley que pretendía expresamente proteger a la sociedad frente a los vagabundos, y lo que nosotros pretendemos es lo contrario: proteger a los indigentes y, a veces, protegerlos también frente a la indiferencia de la propia sociedad", explicó.

A renglón seguido, recordó además que la Ley de Vagos y Maleantes "no era una ley franquista, sino una ley socialista", ya que fue aprobada "en agosto de 1933, y las elecciones fueron a finales de año, lo que significa que en agosto de 1933 era presidente del Gobierno (Manuel) Azaña pero gobernaba en coalición con el PSOE".

Público, 15/04/2011

Gobierno, partidos y ONG se niegan a confinar a los sin techo

La propuesta del alcalde de Madrid, Alberto Ruiz- Gallardón, de promover una ley estatal que permita a los ayuntamientos poder obligar a los sin techo a dejar de dormir en la calle desató ayer un alud de críticas. Tanto el Gobierno central como las ONG que trabajan con las personas sin hogar y diversos responsables políticos, entre ellos algunos del propio partido del alcalde, el PP, criticaron de una forma u otra la medida propuesta por Ruiz-Gallardón.

No obstante, el alcalde no se arredró ante las críticas generalizadas y se mantuvo en sus trece. "No es un problema ni de convivencia ni de estética, sino de la dignidad de las personas, de su salud y de su atención", justificó. Eso sí, según Europa Press reiteró que su propuesta está subordinada al hecho de que haya recursos públicos gratuitos suficientes algo que, por cierto, está lejos de conseguirse.

Así, si las personas sin hogar de Madrid estuvieran forzadas a abandonar sus calles mañana mismo, como propuso el miércoles Ruiz-Gallardón, más de 1.600 personas no tendrían donde acudir. No tendrían plaza en ningún albergue de la capital, ni municipal ni privado.

Y es que tanto el Samur Social como las ONG que trabajan con este tipo de personas estiman que unos 3.000 ciudadanos carecen de hogar en Madrid, mientras que la ciudad cuenta con 1.367 plazas en centros de acogida de personas sin techo. En invierno, durante las semanas de más frío, el número de plazas se incrementa en unas 500, dependiendo del año. Esta insuficiencia de recursos no es única de Madrid, y se da en otros muchos lugares de España, según Gustavo García, experto en personas sin techo de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales.

Al alcalde de Madrid, sin embargo, las cuentas le salen y asegura que "hay plazas libres en los centros". Gallardón reduce a entre 500 y 600 el número de sin techo que duerme en la calle. Para el alcalde, el hecho de que muchas de estas personas prefieran dormir entre cartones en un portal que ir a un albergue prueba que tienen problemas mentales. "Es una población muy difícil", aseguró. Según destacó, el 40% de las personas sin hogar "tiene problemas mentales o de adicciones". La legislación española no permite retener a ningún ciudadano contra su voluntad. Sólo se puede hacer en dos casos: cuando el individuo ha cometido un delito o si se trata de una persona incapacitada.

Frente común de ONG

El rechazo de las ONG fue frontal. Las 14 entidades más importantes que trabajan atendiendo y sacando de la calle a los sin techo emitieron un comunicado en el que manifestaron su "disconformidad e indignación" por los planes de Gallardón. Se quejan de que el Consistorio vincule a los sin hogar con "conceptos como delincuencia, suciedad y violencia". Al contrario, estas asociaciones constatan que ellos son las "víctimas directas".

Las entidades aseguran que su objetivo también es conseguir que nadie duerma en la calle, pero instan al alcalde a colaborar con ellos para conseguirlo. El camino, denuncian, "no es una ley estatal que haga desaparecer por la fuerza a las personas de las calles". Ven la propuesta como "un retroceso en la legislación de los derechos de los ciudadanos".

La portavoz de La Asociación Realidades, Patricia Prieto, explica que el problema va más allá de la falta de plazas. "Se necesita un nuevo planteamiento metodológico" para sacar a las personas sin techo de las calles, asegura. Su asociación, por ejemplo, tiene pisos tutelados y unidades unifamiliares en la capital, donde se ayuda a estas personas a reinsertarse en el mundo laboral y en la sociedad.

"Criminalizar al colectivo"

Para Gustavo García, la propuesta de Gallardón "criminalizaría al colectivo". García, que dirige uno de los albergues más grandes de España, en Zaragoza, sí entiende que muchas personas sin techo no quieran ir a los albergues. "Los horarios son muy estrictos, tienen que dormir con gente que no conocen, que ronca... No es fácil", explica.

Mientras, Ramon Noró, de la Fundació Arrels de Barcelona, defiende que "no hace falta hacer leyes nuevas, sino aplicar y avanzar en las leyes de servicios sociales". "Hay que cambiar la obligatoriedad por la capacidad de motivar a estas personas, si no, no funciona", concluye. Noró asegura que "el albergue no es la solución" e indica que "hay que huir de la concepción clásica de que con un techo y un plato en la mesa se soluciona el problema".

Denuncia del Ministerio

En el terreno político, la ministra de Sanidad, Leire Pajín, recordó al alcalde que "cualquier ciudadano, por precaria que sea su situación, sigue teniendo unos derechos constitucionales". "Nunca he creído en la política populista y estética, sino en garantizar los derechos de los ciudadanos con políticas reales, inclusivas", dijo. Para el candidato socialista a la Alcaldía de Madrid, Jaime Lissavetzky, que aboga por un plan de inclusión social, la propuesta "recuerda a la Ley de Vagos y Maleantes" franquista. Asimismo, el diputado de IU Gaspar Llamazares tachó la propuesta de "tercermundista" y la interpretó como una muestra de que el primer edil está más peocupado por ocultar el problema que por solucionarlo.

Discrepancias en el PP

Gallardón también encontró discrepancias en las filas del PP. La vicesecretaria de Organización del partido, Ana Mato, defendió que las personas sin techo tengan "un sitio donde ir", pero matizó a Gallardón, reivindicando que se debe respetar la libertad individual. La propia presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, defendió la libertad de los ciudadanos para poder decidir dormir en la calle. "Yo no soy amiga de las prohibiciones", se definió. Eso sí, Gallardón encontró un aliado en el alcalde de Valladolid, Francisco Javier León de la Riva, también del PP, que llegó a decir que muchos sin techo "están sometidos a mafias". "Algo habrá que hacer", aseguró.

Por último, el alcalde de Barcelona, Jordi Hereu (PSC), criticó que "sólo prohibiendo que puedan estar en el espacio público no se resuelve el problema" de los sin techo. El alcalde aseguró que las personas sin techo sólo podrán salir de la calle si se crea "un circuito de muchos servicios sociales" para que "tengan una alternativa". No obstante, Hereu reconoció que en muchos casos las personas que viven en la calle tienen problemas de salud mental, y que ello "complica que voluntariamente decidan escoger una trayectoria que les conduzca hacia la reinserción social".

Dependencia 'low cost'

2011-04-22T17:18:00.005+02:00

Publicado por Luis Barriga en El País del 16/04/201

Dicen que no hay peor mentira que una verdad a medias. Es muy de agradecer que el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad aporte algunos datos de gestión de los cuatro años transcurridos de Ley de Dependencia, pero no es menos cierto que en su mayor parte se trata de datos que ya eran más o menos conocidos. Ninguna novedad. En palabras de la secretaria general de Política Social, Isabel Martínez, "a esta Ley se le está exigiendo más que a ninguna otra". Es posible. Puede que sea una osadía pedirle a los gobernantes que las leyes sean cumplidas y que la gestión sea transparente, ¡a quién se le ocurre!

En todo este asunto sigue habiendo una obstinada opacidad de algunos datos clave que darían dimensión a los problemas que hemos de abordar con urgencia en materia de dependencia.

Un ejemplo de zona oscura: se presta ayuda a domicilio a unas cien mil personas dependientes (la mitad de ellas andaluzas, por cierto). ¿Podría alguien aclararnos con qué intensidad horaria por territorios? Si los datos de intensidad, conocidos pero deliberadamente ocultados, mostrasen que los grandes dependientes con ayuda a domicilio reciben de media menos de 50 horas mensuales de atención (menos de dos horas/día de lunes a viernes), se haría patente que el sistema se quita del medio a estas personas con unas atenciones low cost claramente insuficientes dada la gravedad de estos casos. Claro está que dependiendo de la comunidad autónoma en que se resida, la atención será más o menos intensa. Publiquen esas diferencias territoriales y sabremos hacia dónde hemos de ir y, en algún caso, a quién no votar nunca más. Ya sabemos que Madrid, Valencia y Canarias suelen ocupar los últimos puestos en muchos indicadores, pero ofrezcan datos más afinados de un sistema que pagamos todos y todas para saber qué responsabilidades exigir y a quién.

Era un dato conocido que la Administración del Estado lleva aportados más de 5.000 millones de euros desde 2007 en este asunto de la dependencia y que ha superado las previsiones iniciales. El verdadero arcano es conocer cuánto aporta cada comunidad autónoma al invento. La compleja creatividad contable de los entes autonómicos permite una jugada muy interesante: computar como gasto en dependencia el que ya se venía realizando en materia de servicios sociales a las personas dependientes. Trampa. Distíngase entre gasto ex novo y gasto que ya venía siendo asumido. Cotéjese el gasto ex novo (de haberlo) con los recortes que se están perpetrando en otros servicios sociales vitales y el descubrimiento podría ser que algunos -como venimos denunciando- podrían incluso haber hecho caja por la vía de la nueva aportación estatal a la dependencia, además de haber conseguido un ruidoso argumento para el recorte de los servicios sociales básicos, cuyas trágicas consecuencias ya asoman.
Estamos a tiempo de rectificar muchas cosas. Se han incumplido los plazos de evaluación que marca la ley misma y mucho nos tememos que la verdadera transparencia habría pasado por informar de antemano qué, quién y cómo se va a evaluar esta política. Así, cuando esté realizada nos evitaremos el sonrojo de ver cómo se nos hurtan los datos que no sean presentables. Ojalá evaluemos pronto y bien.

PD: A riesgo de ser demagógico: ¿saben cuánto nos costaron las prestaciones por desempleo solo de los últimos 60 días?, pues el equivalente a la aportación estatal a la atención a la dependencia desde su entrada en vigor, hace más de cuatro años. Si es verdad que la atención a la dependencia ha generado 120.000 empleos funcionando a medio gas... no creo que haya que ser Nobel de economía para atar cabos y vislumbrar el camino.

Los dependientes más graves están atendidos en casa

El sistema cubre ya a cuatro de cada cinco usuarios con gran dependencia

Publicado por CARMEN MORÁN, en El País del 16/04/2011

Las personas con el grado de dependencia más alto están atendidas en casa en su mayoría. Ocurre en los dos niveles de la gran dependencia. En el nivel 1, el 48,8%, y en el nivel 2, el 45,12% están asistidos en casa. Normalmente, esto se debe a la preferencia del ciudadano, que opta por que un familiar le cuide en su domicilio. Pero esta deriva contraviene la propia ley, que preveía un uso excepcional de la prestación económica en pro de los servicios, que además de ofrecer un cuidado profesional generan empleo.

Las razones culturales y la escasez de recursos pueden estar también detrás de estas cifras, que ayer presentó la secretaria general de Política Social, Isabel Martínez Lozano. Y una prueba de ello son los datos que arroja el mundo rural: solo un 12% de la población española vive en pueblos de menos de 5.000 habitantes, sin embargo, ahí residen el 28,5% de las personas dependientes. "El mundo rural tiene una población muy envejecida, pero también es cierto que los servicios sociales municipales tienen en esas zonas un gran desarrollo y cercanía al ciudadano, lo que indicaría un mejor acceso al sistema de la dependencia", señaló el presidente de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de los Servicios Sociales, José Manuel Ramírez.

Muchos familiares atienden a sus mayores como el mejor experto, y no siempre los empleados de los geriátricos tienen la formación adecuada. Preocupa, sin embargo, el casi 20% de grandes dependientes cuya prestación es la ayuda a domicilio. ¿Cuántos de ellos están solos en casa? No se sabe. ¿Cuántas horas de ayuda a domicilio semanales reciben? Se sabrá cuando las Administraciones quieran hacerlo público, pero en algunas son bien escasas estas horas de apoyo y a veces ni siquiera sirven para ayudar al dependiente, sino para limpiar la cocina.

A pesar de todo, la ley camina, aunque de forma desigual. Ya hay 720.000 personas con cobertura y cuatro de cada cinco reconocidas como grandes dependientes reciben una prestación.

El Gobierno ha destinado en estos cuatros años de vigencia de la ley 5.390 millones de euros. Para tener una idea exacta de la correcta financiación de esta ley habría que contar con los datos de las comunidades autónomas, pero, tras cuatro años, no se dispone de ellos todavía. La ley exige que ambas Administraciones, central y autónomas, aporten la misma cantidad. "Hemos pedido los datos a las comunidades. Cuando alguna dice que aporta más de lo que le corresponde, les digo que me lo demuestren", señaló Martínez Lozano. "Es hora de que se vayan animando y presenten sus datos, los ciudadanos tienen derecho a conocerlos", reclamó ayer José Manuel Ramírez.

En todo caso, haciendo unas sencillas operaciones con las cifras facilitadas por el Gobierno, se observa cómo las comunidades que peor han desarrollado la ley han dejado de percibir un dinero que les correspondería si hubieran atendido un porcentaje de personas en relación con su población similar a otras comunidades. Madrid pierde 290 millones, Valencia, 233, Canarias, 116 y Baleares, 33. Son las que están a la cola en personas atendidas respecto a su población (una forma de medir con la que Madrid no está de acuerdo). En el lado opuesto están La Rioja, Cantabria y Andalucía.

La mayoría de los beneficiarios de la dependencia son mujeres (porque viven más años) y un 56% del total es usuario por su discapacidad física mientras que el resto lo es por problemas intelectuales o mentales (la estadística no lo distingue).

Crónica de la huelga de trabajadores sociales en Israel. Social workers’ strike: confronting a privatized state

2011-04-22T16:29:00.000+02:00

Huelga de trabajadores sociales: enfrentándose a un

estado privatizado

Publicado en http://www.wac-maan.org.il/en/article__193 y traducido por Alejandra Ortega Fuentes - Responsable de Países Árabes, África y Asia - Secretaría de Internacional de la Confederación Sindical de CCOO.

El veinte de marzo, sábado, se registró un importante evento en la historia del sindicalismo en Israel. La asamblea de dirigentes de la Unión de Trabajadores Sociales (SWU), que organiza a diez mil trabajadores sociales en el sector público, rechazó la oferta de Histadrut de final un convenio colectivo. Por el contrario, una mayoría de 14 sobre 11 decidieron continuar en la huelga que dura ya casi 16 días. La asamblea de dirigentes, que duró nueve horas, fue convocada por el Secretario General de la Unión, Itzhak Perry y por el Presidente de Histadrut, Ofer Eini después de que hubieran alcanzado un borrador de acuerdo que mejoraba hasta cierto punto los salarios.

Sin embargo, según muchos trabajadores sociales, incluidos algunos de los dirigentes de la unión, el acuerdo estaba lleno de vacíos y la oposición militante al acuerdo surgió pronto. En los cinco días de la asamblea, miles de trabajadores sociales se manifestaron diariamente en frente del edificio de Histadrut contra el acuerdo.

En el momento de escribir esto, el 21 de marzo de 2011, el SWU se reúne para decidir cómo continuar.

Los trabajadores sociales del sector público luchan por unas migajas

La huelga de trabajadores sociales fue declarada después de que las negociaciones entre el Ministerio de Finanzas y SWU llegaran a un callejón sin salida. Dos temas principales están en el corazón de la huelga: los absolutamente ridículos bajos salarios de los trabajadores sociales en el sector público y el hecho de que casi un tercio de los trabajadores sociales están empleados en ONGs privadas y organizaciones, siguiendo la ola de privatización que ha entrado en el sector público durante el último par de décadas. Desorganizados, estos empleados no tiene garantías para un salario básico decente o beneficios complementarios.

En la huelga que empezó el 6 de marzo, SWU pidió que terminara la privatización de los servicios sociales y un convenio colectivo que cubriera a los trabajadores sociales también en las organizaciones privadas (ONGs). De modo que SWU crea un nuevo umbral socio-político exponiendo los ásperos resultados del capitalismo neo-liberal que Israel ha adoptado durante los últimos veinticinco años.

Algunos de los dieciséis mil trabajadores sociales (diez mil en el sector público y seis mil en empresas privadas), muchos de ellos mujeres, soportan la carga de lidiar con la pobreza, el desempleo y el abandono que caracteriza a la sociedad israelí de hoy.

Familias afectadas, niños en riesgo, gente con necesidades especiales, jubilados con pocos recursos, jóvenes en riesgo, víctimas de la familia o de la violencia de la comunidad, adictos – todas estas personas que finalmente terminan a las puertas de los trabajadores sociales.

Pero el problema no es únicamente los bajos salarios, que es un poco más que el salario mínimo para un trabajador social con grado académico. Los trabajadores sociales están en huelga para parar las políticas gubernamentales de las últimas décadas que trata de terminar completamente con los servicios públicos.

Alrededor del cuarenta por ciento de los trabajadores sociales están empleados a través de organizaciones privadas que se establecieron como parte de la privatización de los servicios públicos. Un estudio dirigido por el Dr. Roni Kaufman en la escuela universitaria de trabajo social de la Universidad de Ben Gurion muestra que el setenta y cinco por ciento de los nuevos trabajadores sociales, aquellos que han completado sus estudios, terminan empleándose en instituciones no gubernamentales porque no encuentra hueco en empleos en el sector público. Así, más de seis mil trabajadores sociales en organizaciones privadas fuera del convenio colectivo no están sindicalizados en absoluto.

El Gobierno destruye los servicios públicos

En un artículo del diez de marzo, Yediout Ahronot, periodista de Gideon Eshet subraya la importancia de la huelga de los trabajadores sociales: “SWU es el primer sindicato que ha entendido este ardid de la privatización del gobierno y la importancia que tiene en términos de empelo. Así, el sindicato está pidiendo que cualquier cosa que se acuerde para los trabajadores sociales en el sector público debe ser aplicable a los
trabajadores sociales en organizaciones privadas. Si no, los líderes de los trabajadores sociales entienden que en unos pocos años no habrá más trabajadores sociales en el servicio público. Habrá empleados en instituciones privados en términos de empleo pobre”.

La privatización de los servicios sociales ha sido rápida y al principio hubo cierta confusión sobre lo que implicaría. Un estudio dirigido por el profesor Yossi Katan en 2005 muestra que muchos trabajadores sociales vieron el proceso de la privatización como algo positivo. Quizás creyeron que sus salarios y los términos de empleo serían mejor en el sector privado. Pero los altos funcionarios del Ministerio de Finanzas no se confundían: el gobierno y sus expertos económicos vieron la reducción del sector público como una cuestión de principios. El proceso de privatización de los servicios sociales – ampliamente acompañado también en la educación y los servicios sanitarios – se hizo con el propósito de reducir los gastos. El gobierno continuará financiando el servicio pero como un pago a tanto alzado a las empresas privadas. De hecho, no se han creado nuevos puestos en el sector público de servicios sociales en los últimos años.

Hoy, cuando está claro que los términos de empleo para la mayoría de los trabajadores sociales en las organizaciones privadas son pobres y que su poder de negociación es limitado, la necesidad de incluirlos con una aplicación extensa de la norma es urgente.

El Dr. Kaufman advierte de las graves consecuencias de ignorar una extensión de la norma de estas características. En un artículo publicado en la página web de Trabajadores Sociales por la paz y el bienestar social (Social Workers for Peace and Social Welfare website), Kaufman señala que esta huelga es la última oportunidad de conseguir esa ampliación legal. Si no se gana, afirma, no habrá otra oportunidad de salvar esta profesión del tipo de colapso que se conoció en Inglaterra, donde la mayoría de los trabajadores sociales fueron “privatizados” y no están sindicalizados.

Actualmente, subraya, dos tercios de los trabajadores sociales están todavía en el sector público pero está claro que muy pronto dos tercios estarán en el sector privado. Por otra parte, esto es exactamente lo que quiere el ministro de Finanzas que está dispuesto a incrementar salarios pero rechaza considerar una extensión del convenio.

Discriminación contra el sector árabe

Las fallas en el proceso de privatización comenzaron a notarse en 2008. Como resultado, el ministerio de Bienestar Social creó un comité encabezado por Yekutiel Tzeva para investigar posibles reformas del sistema de bienestar. Las recomendaciones del comité, presentadas al ministro de bienestar en 2009, expresaban la necesidad de un cambio de dirección. El comité señaló la falta de recursos lo que significa que algunas necesidades no estaban siendo cubiertas y dijo que el sistema estaba basado en una legislación obsoleta con muchas posiciones sin clarificar. La privatización de algunos departamentos ha generado la duplicación de tareas, se decía, y el sistema se ha vuelto ineficaz.

Otra cuestión que señaló el comité fue la desigualdad en el sistema de provisión, especialmente la discriminación en el servicio de provisión del sector árabe. Sin embargo, este informe, como otros importantes informes, no se tuvo en cuenta. Los servicios sociales en el sector árabe se aproximan a una crisis mayor. Como resultado del incremento de los niveles de pobreza en este sector (en torno a un cincuenta por ciento comparado con el veinte por ciento de media nacional), ha habido un notable incremento en la demanda de los servicios de bienestar en las ciudades árabes en los últimos años.

Según el informe del Dr. Amin Fares (informe del Centro Mossawa) en las necesidades de presupuesto de los ciudadanos árabes en el plan presupuestario nacional de 2008, el presupuesto en bienestar en el sector árabe es de 328 NIS por persona comparado con 493 NIS por persona en el sector judío (aproximadamente 92 dólares y 139 dólares respectivamente). El Foro de Jefes del Servicio de Bienestar en
las ciudades árabes dirigió una investigación en 2007 concluyendo que se necesitaban en torno a ciento setenta trabajadores sociales más. Según este estudio, el número de peticiones en los servicios de bienestar árabes se ha doblado durante un período en el que las peticiones en el sector judío sólo se computaban en un treinta por ciento.

Según Ragheb Abbas, un experto trabajador social y jefe del servicio local de Kufr Qana, un trabajador social árabe tiene que atender una media de trescientos casos, comparado con los 160 en el sector judío. Los ayuntamientos árabes tienen menos recursos y en algunas ocasiones no son capaces de contar con trabajadores sociales incluso si existe el puesto porque están legalmente obligados a financiar el veinticinco por ciento del salario de cada trabajador social.

SWU dormido en su puesto

La cuestión es dónde estuvo la unión e Histadrut durante los últimos diecisiete años desde la firma del último acuerdo. Durante este período, Israel conoció el aumento de las diferencias de clases dramáticamente cuando el número de quienes están bajo la línea de pobreza se incrementó en un millón y medio. La destrucción del sistema de seguridad social vino junto con la privatización de muchos servicios. Durante todo este período, ni SWU ni Histadrut pidieron la revisión del acuerdo de 1994. De hecho, desde que se firmó, SWU no ha hecho intentos importantes de asegurar su situación o la situación de los servicios sociales en Israel.

Esta indiferencia refleja la actitud positiva de los líderes de Histadrut hacia la privatización, incluida la privatización de los activos propios de Histadrut. Durante este período, Histadrut también dio la espalda a otros asuntos críticos como el desempleo. Evitó tomar ninguna posición en relación a la importación de trabajadores migrantes para la construcción, la agricultura y el servicio doméstico y no hizo frente al creciente
entramado de leyes y regulaciones que transfirieron un creciente número de servicios a compañías privadas. Ofer Eini está ahora negociando un aumento en el número de trabajadores migrantes que se importarán para la construcción y casi ha expresado su apoyo a las peticiones de los constructores para más mano de obra extranjera.

El sindicato se despierta por la calle

Como las condiciones se deterioraban, un movimiento espontáneo creado entre los trabajadores sociales fue el que removió SWU. Los trabajadores sociales, clasificados y organizados, comenzaron a actuar en 2007. En ese año, dos trabajadores sociales iniciaron una petición que llamaba a detener la privatización. Al mismo tiempo, el Dr. Kaufman llevaba una investigación que exponía los fallos del sistema privado. Como resultado de estas y otras iniciativas, el Centro de derechos de los trabajadores empleados en compañías privadas y organizaciones comenzaron a colaborar con el sindicato.

También en 2007, el movimiento Atidenu (nuestro futuro) formado por trabajadores sociales para avanzar en la lucha por la mejora de salarios, paró el daño causado por la privatización e impidió el colapso del estado de bienestar. Durante las elecciones sindicales de 2009, Atidenu presentó una lista de candidatos en oposición al antiguo liderazgo y ganó el cuarenta por ciento de los votos.

Tras las elecciones, una mayoría liderada por Itzhak Perry y Atidenu acordaron colabora y sindicalizar a los trabajadores sociales en el sector privados. Con este objetivo, SWU creó un órgano interno llamado “Amuta” que pretendía alcanzar a los trabajadores sociales en las compañías privadas. Inbal Schlossber, que dirigía Amuta, recuerda en conversación telefónica del once de marzo los intentos por sindicalizar a los trabajadores del sector privado durante al año pasado. “Hemos hecho grandes esfuerzos para convencer a los trabajadores en organizaciones privadas a unirse a nosotros pero hemos encontrado muchas dificultades”, afirmó. “Expresa grandes miedos sobre la sindicalización”. Admite que no han podido todavía conseguir un cambio significativo de la situación pero que durante el año establecieron vínculos con más de dos mil trabajadores sociales en el sector privado y crearon una base de datos. Alrededor de quinientos de hecho se unieron a SWU. Schlossberg admite que la huelga ha creado una nueva dinámica, permitiendo a más trabajadores sociales contactar con SWU.

Los estudiantes no tienen oportunidad

Otra importante iniciativa que removió la calle fue Osim Shinui (“trabajadores sociales haciendo cambios”) – un grupo de estudiantes de nueve escuelas de trabajo social en Israel que ha añadido mucha energía al movimiento de protesta contra las condiciones en el sector de servicios sociales. Tres de cada cuatro trabajadores sociales graduales se emplearán en organizaciones privadas en términos de empleo pobre así que no es sorprendente que los estudiantes hayan decidido actuar.

Karin Rivanovitch, coordinadora de comunicación de Osim Shinui, explica (en entrevista telefónica el once de marzo) cómo se formó el grupo y qué está haciendo ahora. “Osim Shinui es una organización de ámbito nacional con cientos de estudiantes de trabajo social que decidieron organizarse y actuar por el futuro de la
profesión de trabajadores social y los servicios de bienestar en Israel”, explicó. “El propósito del grupo es presentar la posición de los estudiantes sobre las cuestiones del trabajo social y el estado de la profesión en general. Trabajamos para lograr un cambio en la situación de la profesión y animar a los trabajadores sociales a actuar por su propio futuro y bienestar. Desde que la organización se creó en 2009, grupos de acción se han organizado en las escuelas en todo el país. En la actual lucha, los miembros del grupo están tomando un papel protagonista liderando la calle para organizar y mejorar el perfil público de la profesión”.

Histadrut renunció a demandas básicas

La diferencia entre las necesidades de los trabajadores sociales y la posición tomada por el ministerio de finanzas es difícil de superar. Mientras que el objetivo del ministerio y el gobierno es privatizar los servicios públicos y evitar la creación de nuevos puestos en el sector público, los trabajadores sociales – la vanguardia de la lucha contra la pobreza – pide lo que parece sencillo y lógico: pide medios que necesitan para trabajar y una retribución justa.

En años recientes, SWU ha adoptado la petición de parar la privatización de los servicios sociales. Se presenta este asunto además de las demandas salariales para ajustar la escala salarial obsoleta, definir los salarios y la promoción y mejorar los salarios de los nuevos trabajadores sociales. Estas peticiones podrían suponer un incremento medio de los salarios de entre un treinta al cuarenta por ciento.

El ministerio de Finanzas y el ministerio de Bienestar, que llevaron las negociaciones para el gobierno, han expresado públicamente su empatía con los trabajadores sociales, pero se oponen a sus peticiones. Su oposición se centra principalmente en la petición de una extensión de la norma. Los responsables del ministerio de Finanzas están haciendo todo lo que pueden para evitar una ampliación tal de la norma que podría efectivamente neutralizar la ventaja (en términos de presupuesto del estado) de emplear a los trabajadores sociales a través de organizaciones privadas.

El ministerio entiende que el rendimiento en este punto podría abrir las compuertas de peticiones similares en educación, salud y otros servicios privatizados. Cientos de miles de trabajadores han sido transferidos en los últimos años del sector público a empleadores privados para reducir los gastos del estado en materia de bienestar. El ministerio de Finanzas no ha intentado retractarse de su política que es el resultado directo de la línea neo-liberal adoptada por Israel durante los últimos veinticinco años. Como resultado de la insistencia del ministerio, los líderes de Histadrut y SWU adoptaron un enfoque “realista” renunciando a la petición de una petición de extensión.

En su lugar, un salario mínimo elevado fue acordado para los trabajadores en el sector privado y una vaga línea de supervisión del gobierno para asegurar que los fondos públicos transferidos a los proveedores del servicio privado para los salarios serán pagados según lo acordado. Renunciar a esta cuestión de principio, desagradó profundamente a los jóvenes trabajadores sociales y animó a extender la oposición a este borrador de acuerdo.

Por otra parte, incluso las peticiones de trabajadores sociales veteranos en el sector público no están incluidas en el acuerdo. Como resultado, SWU e Histadrut han perdido el apoyo de la tradicional base de cualquier sindicato, estable, de empleados veteranos, sin haber ganado el apoyo de los trabajadores sociales jóvenes.

Puntos de desacuerdo

Durante una discusión en SWU el veinte de marzo, un borrador del acuerdo entre Histadrut y los líderes del sindicato y el ministerio de Finanzas fue presentado. De acuerdo con el portavoz del sindicato David Golan (citado en Ynet, 16 de marzo), el acuerdo mejora significativamente las condiciones de los trabajadores sociales garantizando a cada uno un incremento salarial del 7.25% además de 1.110 NIS (310 dólares) complemento anexo que será pagado retroactivamente desde enero de 2011.

Además, todos los trabajadores sociales recibirán una suma fija única de 2.000 NIS (564 dólares). En total, el portavoz dijo que las cantidades suplementarias para algunos sería del veinticinco por ciento de media, mientras que para aquellos en el nivel más bajo de la escala salarial, serán aumentados hasta un cuarenta y cinco por ciento. El sindicato también luchó por los trabajadores sociales empleados por instituciones privadas y ganó un avance histórico y sin precedentes de salario mínimo para todo el sector de 7.100 NIS (2.003 dólares).

Sin embargo, después de conversaciones con muchos trabajadores sociales familiarizados con el acuerdo, no parece que las manifestaciones del portavoz tengan una base real. El suplemento del 7.25% es un aumento que todos los empleados del sector público reciben según un acuerdo alcanzado entre Histadrut y el gobierno hace unos meses. Este suplemento se extenderá los próximos 3.5 años y se habría pagado con independencia de la huelga.

Los 1.100 NIS adicionales serán pagados en compensación por 1.5 horas extra de trabajo por semana o 6.5 horas por mes. De hecho, serían 750 NIS extras por trabajador, prorrateados en 3-4 años. Quienes están en la escala salarial más baja no tendrían suplementos hasta un cuarenta y cinco por ciento. Como mucho, recibirían en torno a un veinticinco por ciento.

La suma única de 2000 NIS se pagará a todos los trabajadores del sector público según el convenio colectivo general y es, de hecho, una compensación por los retrasos de los incrementos salariales durante los años 2009 y 2010. Es por tanto únicamente la compensación mínima por los salarios no completados en este período.

Por otra parte, como pago único no será incluido en el salario de los trabajadores públicos de manera que se reduce el gasto del gobierno. La promesa de dar a los trabajadores sociales que están empleados en empresas privadas un salario mínimo en todo el sector de 7100 NIS es una ficción. En primer lugar es una cantidad que debería cubrir todos los costes y no lo que el trabajador pudiera eventualmente conseguir. Por otra parte, como Histadrut renunció a extender la norma, que era su única herramienta para asegurar que las instituciones privadas pagan este mínimo, no es posible garantizar el pago actual del salario a los trabajadores sociales.

Para resumir, el ministerio de Finanzas ha logrado mantener a los trabajadores del sector público con una escala salarial obsoleta mejorando sus condiciones en lo mínimo. Por otra parte, el salario mínimo no afecta a los empleados públicos –no afectan al sector privado pero el ministerio de finanzas ha decidido no intervenir en este sector al negarse a llevar a cabo una extensión de la norma.

Cabe señalar que esta lucha no se ha dado únicamente para compensar las cuestiones que han ido surgiendo en el curso normal de los acontecimientos durante los dos o tres últimos años, que es el período normal de validez de los convenios colectivos. El último acuerdo para los trabajadores sociales fue firmado en 1994 después de una huelga que duró 44 días tras la que sus salarios fueron incrementados en un cien por cien siguiendo años de dejadez y congelación de los salarios.

Hacia un movimiento democrático de trabajadores

Si, en lugar de negociar en nombre de los trabajadores sociales, el Presidente de Histadrut Ofer Eini hubiera apoyado a SWU atrayendo a un buen número de comités de trabajadores para apoyar la huelga, podría haberse ahorrado la vergüenza de tener a los líderes de la unión votando en su contra. La manera en que el presidente de Histadrut ha negociado para los trabajadores en varios sectores en lugar de hacerlo sus representantes directos es anti-democrática. Esto sucedió en el caso de Makheteshim Agan, la huelga de Dead Sea Industries, y la huelga en los puertos: Ofer Eini pasó por encima de las cabezas de los líderes del comité y alcanzó un acuerdo sin permitir a los comités dar su opinión.

Sin embargo, en esta ocasión la situación es diferente. La fuerza del movimiento de trabajadores sociales fue impresionante y creó un nuevo modelo de lucha. Cuando los trabajadores muestran su unión y preocupación, se organizan y se preparan bien para la lucha, son capaces de seguir las negociaciones y hacer responsables a sus líderes en el momento de la verdad.

Histadrut ha estado siempre acostumbrado a la obediencia y acuerdo a sus dictados. En la época de Facebook, parece que los viejos métodos ya no funcionan. Los trabajadores sociales todavía enfrentan una serie de pruebas para mejorar sus condiciones, pero teniendo en cuenta los resultados de la negociación, su lucha es un importante hito en la creación de un nuevo movimiento democrático de trabajadores con una agenda social progresista clara.

Assaf Adiv es el coordinador nacional de Workers Advice Center (WAC-Ma’an)

Casa Abierta: Albergue para transeúntes en Zaragoza

2011-04-10T23:27:00.000+02:00

Casa Abierta from Antonio Charles on Vimeo.

"Casa Abierta" es un cortometraje documental que narra la historia de gente que ocupa altruistamente su tiempo en acompañar a los habitantes de esta curiosa casa. Narra la visión del voluntariado, de su enriquecimiento, y más allá del testimonio de un momento puntual en esas vidas, se convierte en un instrumento de reflexión social y en una herramienta de marketing. ¿Para´qué contar institucionalmente qué era Casa Abierta si sus habitantes lo cuentan con la emoción de la primera persona? Proyectar este documental convierte la puerta anónima de un callejón en una puerta a la esperanza en el ser humano, una esperanza en la ayuda al conciudadano.

Charles Pallarés, A. (2010) De seis a tres grados de separación. Servicios Sociales y Política Social 92, 39-54

Recientemente han sido los propios voluntarios los que han tomado la pluma digital para, en un blog, contar las historias cotidianas de esta singular casa, como es el caso de Rafael Trivez: http://historiasdecasaabierta.blogspot.com/ ¡Os lo recomendamos!

Comunitaria: Revista Internacional de Trabajo Social y Ciencias Sociales

2011-04-05T11:03:00.002+02:00

Presentación / Presentation from Comunitania on Vimeo.

El Departamento de Trabajo Social de la UNED, en la Facultad de Derecho, ha puesto en marcha una revista. Su nombre es “Comunitania. Revista internacional de Trabajo Social y Ciencias Sociales”. Su edición es on line y papel, por lo que está accesible para todos en www.comunitania.com http://www.comunitania.com/

Descargar PDF Completo N°1 / Download Full PDF N°1 Presentación / Presentation

Más geriatras para descongestionar las urgencias de los hospitales

2011-03-30T19:57:00.000+02:00

5.800 camas para enfermos agudos están ocupadas por pacientes crónicos - Los expertos debaten modelos sociosanitarios con especialistas en dependencia

Publicado en El País, el 29/03/2011, por CARMEN MORÁN

El envejecimiento de la población y la entrada de la Ley de Dependencia han puesto de manifiesto la necesidad de contar con un sistema sociosanitario bien engrasado. Ya hace algunos años que se habla de ello, pero no hay ni una primera piedra que inaugurar. Hay personas cuyo perfil requiere una atención a medias entre el sistema sanitario y el de servicios sociales. Los mayores son un ejemplo claro, pero también aquellos con graves y esporádicos trastornos mentales, los adictos a drogas, los enfermos terminales. Miles de ancianos ocupan cada año camas hospitalarias previstas para dolencias que no son las suyas: "5.800 camas pensadas para enfermedad aguda se utilizan para enfermos crónicos cuyo perfil no requiere los mismos servicios", cifró ayer Montserrat Cervera, directora de la Unidad Social y Sociosanitaria de Antares Consulting. Cervera participó en el III congreso internacional sobre Dependencia y Calidad de Vida organizado por la Fundación Edad y Vida.

Los expertos coinciden en que el sistema sanitario no ahorraría con un buen sistema sociosanitario, porque las camas que se liberaran se ocuparían de inmediato, pero sí se ganaría en calidad asistencial.

Trasladar a un anciano a un hospital por un mareo pasajero y retornarlo al geriátrico en ambulancia horas después es un gasto superfluo y una gran molestia para la persona. Además, dijeron ayer algunos de los expertos del congreso, los ven médicos que no los conocen ni siguen su caso. El director general de la Fundación Althaia y presidente de la Unió Catalana d'Hospitals, Manel Jovell, presentó un modelo que están ensayando en algunas comarcas del interior de Cataluña en el que se prima la figura del médico geriatra, incluso en el caso del anciano que se rompe el fémur, algo habitual, aunque sea imprescindible el traumatólogo.

Este proyecto, además de descargar las urgencias hospitalarias está preparado para prevenir ingresos hospitalarios y para reducir la estancia de los mayores en el hospital cuando el ingreso es inevitable. Tienen una unidad de hospitalización a domicilio. El 30% de los atendidos así tiene más de 80 años "y se han evitado 1.300 estancias en un hospital y más de 4.000 en el conjunto de todos los que hay en las comarcas" en las que trabajan, contó Manel Jovells.

Algo parecido debe hacerse, según los expertos, con los cuidados paliativos para enfermos terminales, pero también con la rehabilitación de los ancianos que se rompen la cadera, por ejemplo. "Para nuestro proyecto hemos transformado los recursos, no creado otros nuevos", dijo Jovells.

Cuentan también con un hospital de día para el paciente frágil, como le llaman. Así evitan el ingreso en urgencias "por una leve descompensación del anciano". En estos casos, además del médico geriatra, hay una enfermera gestora de casos. Perfiles como este último son muy citados en cualquier proyecto sociosanitario, porque se trata de que alguien coordine las necesidades de uno y otro servicio que presenta el paciente.

Por último, Jovells citó la Unidad de Especialización, también con la figura del geriatra en primer plano, hasta donde se traslada el cardiólogo, por ejemplo, si es necesario, en lugar de mover al anciano.

La enfermedad mental también se citó recurrentemente ayer en el congreso al hablar de un modelo sociosanitario, porque estas personas necesitan a veces ingresos hospitalarios coordinados con servicios sociales.

En España todo está aún en mantillas, salvo experiencias aisladas. El Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, presidido por Leire Pajín, que ayer participó en la inauguración de estas jornadas, inició la elaboración de un libro blanco sobre este asunto, pero todavía no ha visto la luz. "No se trata de inventar una red nueva sino permitir que ambos sistemas actúen a la vez sobre una persona de forma simultánea y sinérgica", dijo Montserrat Cervera. Para ello, explicó, es necesaria una red de información compartida, una flexibilidad en la provisión de servicios y, "fundamental, que la financiación sea mixta y compartiendo riesgos. Mientras la financiación dependa de cada uno de los sistemas y cada uno procure su gasto y su ahorro será difícil crear un sistema sociosanitario", vaticinó. Y se preguntó finalmente: "¿Cuál de los dos sistemas, el sanitario o el social, liderará este cambio?"

El presidente de La Fundación Edad y Vida, Higinio Raventós, ha señalado en diversas ocasiones la necesidad de organizar una buena red sociosanitaria, en la creencia, que muchos expertos comparten, de que la atención que requieren las personas que harían uso de ella, supone una de las mejores canteras de empleo en estos tiempos. Raventós, cuya fundación agrupa a grandes empresas, sabe que muchas de ellas estarían dispuestas a invertir en ello de tener apoyo público. Para la fundación, también es necesario que el propio ciudadano prepare su futuro con sus ahorros, para colaborar en el coste del servicio.

Igualate en femenino: Mujer en el Arte

2011-03-29T10:24:00.000+02:00

En este segundo programa nos introducimos en el mundo del arte nombrando a las distintas mujeres que han formando parte de él y que han pasado desapercibidas en la historia.

Una estudiante de Bellas Artes nos introducirá en este tema y nos acercará también a la mujer en el mundo del arte contemporáneo haciendo referencia a distintas artistas que están en el mercado actual pasando por diversas corrientes como el orientalismo, el feminismo, el arte queer, el arte político, etc.

¡Esperamos que lo disfrutéis!